El Ayuntamiento liquida La Fundació Tarragona Cultura i Coneixement, creada a finales de 2020 como relevo de la antigua Fundació Smart City. Según ha podido contrastar el Diari, el gobierno municipal –a instancias del alcalde Rubén Viñuales (PSC)– ha iniciado este mes de noviembre los trámites para llevar a cabo la disolución del ente. De hecho, las fuentes consultadas recalcan que los patrones del organismo –el Ayuntamiento de Reus, Agbar, Repsol y la URV, además del Ayuntamiento de Tarragona– ya están al caso de la decisión del ejecutivo de la Plaça de la Font, hasta el punto de que incluso ya hay fecha para el despido de la gerente: febrero de 2024, que es cuando se calcula que el proceso de liquidación habrá finalizado.
El futuro de la Fundació ya se puso en entredicho desde el primer momento en el que el gobierno local hizo público que necesitaba cubrir un agujero económico de 14 millones de euros para poder cuadrar el presupuesto del 2024. A principios de octubre, cuando el alcalde empezó a negociar vías de recortes y aumento de ingresos con los partidos de la oposición, Viñuales ya expuso que la supresión de este ente era una de las posibilidades que estaba sobre la mesa.
Alcaldía lleva el Banco de España
Ahora, pocas semanas después, el gabinete de la Plaça de la Font ejecuta la operación. Fuentes municipales justifican la decisión por tres motivos. El primero es que el mantenimiento de la fundación «supone un coste de 100.000 euros al año».
Asimismo, si bien en el pasado mandato este ente asumió la gestión del proyecto de reforma del Banco de España –que no logró la ayuda europea solicitada a Next Generation–, ahora esta competencia la ha asumido directamente el alcalde, junto con el plan para reactivar la Tabacalera.
Está previsto que la gerente trabaje hasta febrero, que es cuando acabará el proceso
El tercer aspecto que ha llevado a la corporación local a prescindir del organismo es la opinión expresada en reiteradas ocasiones por el interventor municipal. En un informe de finales de 2022, así como en el del presupuesto de 2023, el alto funcionario «recomendaba» al entonces alcalde, Pau Ricomà (ERC), la «disolución y liquidación» del ente por «inactividad».
El técnico especialista en materia económica criticó que en 2021 la Fundació «no efectuó ninguna actividad para desarrollar su objeto social», enfatizando que, según la legislación vigente, «estaría obligado a destinar, como mínimo, el 70% de las rentas y otros ingresos netos anuales al cumplimiento de sus finalidades fundacionales», que sería la divulgación científica y cultural. Según la memoria presentada por la Fundació correspondiente al ejercicio 2021, el organismo recibió una subvención municipal de 130.000 euros, que es casi el 100% de su presupuesto. Cabe señalar que el 56% de esta cantidad se destinó al sueldo de la gerente (73.000 euros).
En el documento, el alto cargo justificaba su posicionamiento ante los «graves déficits» que apreciaba, así como a «las consecuencias que pueden tener de cara al Ayuntamiento». En este sentido, recordaba que «debe tenerse en cuenta que difícilmente la gestión de servicios públicos a los que viene obligado el Ayuntamiento justificaría el mayor gasto público a que obligaría la dotación de los medios necesarios para un correcto funcionamiento del ente».
Críticas por la gestión del ente
La decisión del gobierno de Viñuales de suprimir el ente no es criticada duramente por la oposición, si bien sí que se pone en duda la gestión llevada a cabo durante los últimos años en este organismo. «Lamentamos que no exista ni se haya hecho hasta el momento un Pla Estratègic de Ciutat Intel·ligent», afirma la portavoz del PP, Maria Mercè Martorell, quien apuesta por «licitar» este documento «para tener una hoja de ruta que incida directamente en una economía circular, el bienestar de la ciudadanía, optimice recursos y, a medio plazo, comporte un ahorro en muchas áreas verticales de la gestión del consistorio».
Aparte de TGN, en el patronato estaban la URV, Repsol, Agbar y el Ayuntamiento de Reus
Por su parte, Elvira Vidal (Junts) dispara contra la gestión del anterior gobierno liderado por ERC, de la que ella formó parte como edil de Parc i Jardins, Contractació y Capacitats Diverses. «La disolución de la Fundació es consecuencia de la política de Esquerra de vaciarla de contenido material», lamenta. La concejal de Junts considera que el objetivo del ente debía ser «unificar la búsqueda de fuentes de financiación de proyectos de ámbito local, con subvenciones de otras administraciones, incluida la universidad, que es generadora de talento y sinergías con la empresa privada».
Finalmente, Jordi Collado (ECP) indica que el paso dado por el PSC con la Fundació «es la crónica de una muerte anunciada», que demuestra «la mala gestión que se ha realizado en un ente que debería ser un caramelo y un ariete para agilizar el trabajo del Ayuntamiento, pero que pese a hacer cosas interesantes, no ha lucido lo que debería».