El Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado los trámites para imponer a la empresa que gestiona el servicio municipal de la recogida de la basura –FCC– una multa de 250.000 euros. Según ha podido saber el Diari, el gobierno municipal (ERC-Junts per Tarragona_CUP) justifica la elevada sanción, la mayor de los últimos años, en incumplimientos «muy graves» del contrato de concesión que se firmó en el año 2003 y que expira el próximo 28 de abril sin que haya podido ser, de momento, renovado con una nueva adjudicación.
En el expediente al que ha tenido acceso este periódico, y que cuenta con más de 130 páginas, los técnicos municipales ponen de relieve que se ha contrastado con la Guàrdia Urbana que, durante las noches del 19, 25 y 26 de febrero, «se recogieron y vaciaron los contenedores de envases (los amarillos) del Serrallo con un camión de recogida de fracción resto (gris)» y que, posteriormente, «se abocó el contenido de los contenedores de envases en la planta de incineración de Sirusa».
Esta circunstancia, según se alerta en el documento, «es un incumplimiento muy grave del contrato por una incorrecta valorización de los residuos» que, además, «vulnera la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminantes».
Los hechos son relatados paso por paso en el expediente administrativo, que ya ha sido enviado a la empresa gestora del servicio por si quiere presentar alegaciones. Cabe señalar, sin embargo, que en una carta enviada este martes, la compañía reconoce los hechos. «Nuestra empresa ha investigado los hechos y tomará las máximas medidas disciplinarias con la persona que, por su cuenta y sin informar a ningún cargo superior, ha realizado esta mala praxis de servicio», afirma FCC en la misiva, en la que añade que «también se tomarán las medidas para que esto no vuelva a suceder».
Una vez que FCC haya presentado sus alegaciones, estas serán estudiadas y pasarán junto con la más que posible propuesta de sanción –que según el contrato puede oscilar entre los 60.000 y los 300.000 euros– por el pleno municipal del próximo mes de abril.
«Un descrédito absoluto»
En el informe se recalca que el seguimiento de los vehículos «ha sido verificado» por los agentes de la Policía Local, que han «ejercido como fedatarios de que no se han manipulado los datos del GPS» de los camiones. De hecho, el documento relata cronológicamente todos los movimientos de los camiones que realizaron el mal servicio las noches del 19, el 25 y el 26 de febrero, desde el inicio del turno a las 21.30 hasta bien entrada la madrugada, tras pasar por Sirusa y volver a la planta.
El análisis, realizado por los técnicos de la Plaça de la Font, recalca que «la presunta infracción que se detalla se ha detectado en tres días diferentes de febrero, pero no se puede descartar que se haya estado repitiendo más días de los supervisados», recordando que en el año 2019 ya se acordaron sanciones a la empresa de entre 60.101 y 145.747 euros, también, por varias infracciones «graves y muy graves».
Asimismo, el documento asegura que «la mala práctica» de la empresa «evidencia el perjuicio y la falta de respeto hacia los ciudadanos y actividades económicas del Serrallo por el esfuerzo que están haciendo para separar los residuos de envases y depositarlos en el contenedor amarillo», con el añadido de que en el barrio marítimo «se ha implementado el sistema de contenedores cerrados para la fracción resto y orgánica».
Paralelamente, el informe detalla que la acción de FCC «es un perjuicio para el medioambiente, ya que se están depositando envases que son valorizables», a la vez que daña «los resultados de recogida selectiva de Tarragona», que en estos momentos están, en un 38,55%, «significativamente» por debajo de los objetivos».
Finalmente, la mala acción detectada es, según los técnicos redactores del expediente, «un agravio económico para el Ayuntamiento», ya que la corporación local «paga los residuos que entran en la incineradora a un precio de 112 euros la tonelada», mientras que si se reciclan en Griñó «no tiene coste y, además, hay un retorno económico a través de los sistemas integrados de gestión».
A todo ello, los técnicos consideran que, en general, la mala praxis de los tres días detectados «es un perjuicio para la imagen del Ayuntamiento y un descrédito absoluto para el servicio de recogida de los residuos», al mezclar «el contenido de recogida selectiva con los residuos de fracción resto». Más claro, pues, el agua. Guerra abierta con la basura.