El PSC quiere tener ordenanzas y presupuesto en pocas semanas. Tras la intensa negociación del año pasado, ahora el gobierno municipal socialista madruga más que nunca e iniciará este martes los contactos con la oposición para intentar cerrar un acuerdo para el presupuesto del 2025. La concejal de Hisenda, Isabel Mascaró (PSC), ha citado ya a Junts per Catalunya, En Comú Podem y los no adscritos para tener un primer contacto y abordar de nuevo las posibilidades de repetir la vía que, a finales del 2023, permitió al alcalde Rubén Viñuales aprobar la reforma fiscal municipal.
«Entre esta semana y la próxima iniciamos conversaciones con los partidos de la oposición para conocer sus propuestas porque nuestro objetivo es tener el 1 de enero un presupuesto de ciudad alcanzando el máximo consenso posible», afirma Mascaró.
La vía necesaria: 14 votos
Hace once meses, el ejecutivo en minoría del PSC logró tejer una alianza de 14 votos con juntaires y Comuns para avalar la mayoría de las subidas impositivas y evitar la «bancarrota» que denunció el alcalde en base un agujero económico de 13 millones acreditado en un informe del interventor municipal.
Tras semanas de conversaciones, finalmente el gabinete de la Plaça de la Font acordó con Junts y ECP un pacto fiscal que permitió ingresar 6,5 millones de euros con las subidas del 7,4% del IBI (3,7 millones más), un 12% la basura (1,7), un 20% la tasa de las terrazas (100.000 euros) y un 33% el Impuesto de Construcciones (1,1 millones más). En todas estas votaciones el PSC contó con Junts y ECP, si bien en la basura también logró el ‘sí’ de ERC, así como en el incremento del gravamen por el IBI de los pisos vacíos, que pasó del 50% al 150%.
La edil Mascaró indica que entre esta semana y la siguiente se reunirá con toda la oposición»
De hecho, Tarragona fue la capital catalana que más subió los impuestos para este año, si bien en teoría este incremento solo cubría la mitad del agujero. Finalmente, el aumento de los ingresos por parte del Gobierno Central por la participación en los tributos del Estado, así como el hecho de poder contar para gasto corriente con todo el superávit (7,4 millones) permitieron a las arcas municipales poder cuadrar los números.
Un mes después, Viñuales consolidó la alianza con Junts y ECP, sumando a ERC en el presupuesto, tras acordar con los republicanos un plan inversor de 4,2 millones. En noviembre, el alcalde logró avalar las cuentas con el mayor consenso del siglo XXI: 20 votos.
2024: ¿Cambio de alianzas?
Ahora, la rueda vuelve a girar, si bien de momento el PSC hablará con juntaires, Comuns y no adscritos antes de que con ERC. Jordi Sendra (Junts) indica que su prioridad es acordar «la ordenanza de terrazas» y «fiscalizar el nivel de cumplimiento del pacto de este 2024». Entre los principales acuerdos del año pasado entre PSC y Junts destaca el pacto para bajar el gasto político en un 10%, una cifra que debería suponer un ahorro de 100.000 euros, mientras que en el IBI Junts destacó el hecho de haber «moderado» la propuesta inicial del PSC.
Jordi Collado (ECP) tiene claro que «no hablaremos del 2025 hasta que lo acordado para 2024 no se haya ejecutado en un 70%», recordando que «en la última reunión que mantuvimos no se llegaba al 50%». Además, los progresistas quieren abordar por separado impuestos y presupuesto.
Entre los acuerdos a los que llegó ECP con el PSC el año pasado destacó el aumento del 20% en la tasa de las terrazas, la moratoria de licencias a los pisos turísticos o la no supresión de los bonos de la EMT. Pese a ello, también se acordó no subir las zonas de aparcamiento hasta tener el Pla de Mobilitat, un hecho que todavía no se ha dado pero, sin embargo, parkings y aparcamientos han incrementado su tarifa en un 20%.
El nuevo curso empieza fuerte que nunca: terrazas, impuestos y presupuesto. Tras un verano pasado por agua, en la Plaça de la Font se vislumbra un otoño caliente que será decisivo para determinar si se mantienen las alianzas del 2023 o si, en cambio, Viñuales se ve obligado a tender puentes con los dos tránsfugas de Vox.
