El Ayuntamiento de Tarragona avisa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que no puede «garantizar la higiene y la salubridad» de la ciudad sin el nuevo contrato de la basura. Así lo revela en un informe municipal que el consistorio ha registrado ante el alto tribunal catalán, en el marco del laberinto judicial por renovar su mayor contrato –de 233 millones de euros por diez años– que está bloqueado desde hace ocho meses.
En el documento, de 13 páginas y al que ha tenido acceso el Diari, el Departament de Neteja Pública afirma que, cada día, entre un 20% y un 40% de los vehículos están averiados, recalcando que la antigüedad media de la flota actual es de unos 16 años. «Algunas máquinas aún siguen en servicio desde el año 2002. Mayoritariamente hay vehículos adquiridos en 2010 con algunos del 2019», señala el informe, que indica que, precisamente por la larga trayectoria de la maquinaria, «hay averías de manera muy frecuente, con numerosas alteraciones en los servicios» que afectan, de media, entre 30 y 60 vehículos por los 150 que hay en la actualidad.
«Muchas de ellas son reparaciones que se resuelven durante el mismo día, pero otras necesitan de una intervención más exhaustiva», lo que deriva en el hecho de que los vehículos o no salgan o «lo hagan tarde y no puedan realizar la totalidad del servicio planificado en el contrato» ni cumplir, asimismo, «con la calidad necesaria», según se afirma en el análisis que ya está en manos del alto tribunal catalán.
Ya en el apartado de conclusiones, el informe técnico recalca que la situación en la que se encuentra el contrato –firmado en 2002 y en situación de continuidad desde que expirara en abril del 2023 sin que, de momento, se haya podido adjudicar el nuevo– provoca que «no se pueda garantizar la higiene y la salubridad del municipio».
Faltan, mínimo, 65 vehículos
¿Por qué la empresa gestora del servicio no compra ahora nueva maquinaria? Según el pliego de condiciones del concurso ahora paralizado, la inversión necesaria para llevar a cabo el servicio la realiza la empresa adjudicataria, tras formalizar el contrato, un hecho que no se ha podido materializar. Posteriormente, la gestora la cobra a lo largo de la concesión por parte del Ayuntamiento, a un interés fijo del 4,5%, según se estableció en la licitación del 2023.
La propuesta que el consistorio previó en la subasta para actualizar el contrato incluyó la adquisición de un mínimo de 65 vehículos y contenedores, por un montante global de más de 20 millones de euros. Entre otras cuestiones, se planteó la inversión en 20 camiones de diferentes funcionalidades relacionadas con la recogida de residuos; otros 15 vehículos auxiliares para las papeleras y el «desbordamiento»; unos 20 equipos relacionados con la limpieza, como barredora, fregadoras, aclaradoras; diez vehículos más para inspección y la limpieza de las playas y de los solares; así como la renovación de todos los contenedores antiguos, además de la adquisición de tarjetas para el cierre de estas instalaciones.
Sin embargo, se da el caso de que FCC, al estar ahora mismo fuera de habilitación administrativa en vigor, no cobraría la parte contractual correspondiente a la inversión por parte del Consistorio, por lo que tampoco realiza ningún gasto para adquirir nueva maquinaria.
Pese a ello, fuentes de la compañía aseguran que, desde hace dos años, han enviado varias comunicaciones al consistorio para alquilar maquinaria. «Actualmente hay un número importante de vehículos externos, que los ha incorporado la empresa ante la falta de definición del Ayuntamiento, que es conocedor de la necesidad», indican las fuentes consultadas.
De hecho, en una carta enviada el pasado 8 de agosto a la concejal de Neteja, Sonia Orts (PSC), la firma indicaba a la edil la necesidad de alquilar «como mínimo» 13 vehículos «para poder cubrir el servicio actual». Más tarde, el pasado 20 de diciembre, FCC comunicó que usaría vehículos «de alquiler o de propiedad» de la empresa «que no pertenecen al contrato del Ayuntamiento», pero que son «absolutamente indispensables» para el servicio, un hecho que fue avalado por la concejal el 28 de enero. Pese a ello, en una última carta del 7 de febrero la compañía enfatiza de nuevo «la necesidad de reforzar la flota de vehículos» para priorizar «el saneamiento y la limpieza de la ciudad».
Fuentes del gobierno municipal indican que Secretaria General está «estudiando» si el posible alquiler de maquinaria «es conforme y en qué términos con el contrato en vigor», evaluando «los supuestos» en los que sería el consistorio el que se haría cargo –si es el caso– y FCC.
Las mismas fuentes resaltan que el ejecutivo estudia qué hacer con el sobrante de 2,5 millones que el consistorio podría no pagar este año en inversiones de maquinaria. «Se está mirando, pero la previsión es que la resolución judicial sea dentro de poco», indican, por lo que una vez que el Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Tarragona resuelva sobre el recurso de GBI Paprec, el Ayuntamiento adjudicará la nueva concesión.
Aval general para alquilar
Los partidos de la oposición se muestran, en general, favorables a alquilar vehículos nuevos. «El sobrante que hay debe invertirse en la mejora de la maquinaria de la basura y el servicio actual. El año pasado se sacaron 800.000 euros para destinarlos a otras cosas. Esto no nos lo podemos permitir», indica la portavoz de ERC, Maria Roig.
Por su parte, Maria Mercè Martorell (PP) indica que «siempre hemos defendido que mientras no se resuelva el nuevo contrato de la basura, el Ayuntamiento debe alquilar maquinaria para dar un mejor servicio a los ciudadanos y para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras». De manera parecida se expresa Jordi Collado (ECP): «Tenemos un acuerdo vinculado a las tasas y el presupuesto para que los dos millones de sobrante se queden en el contrato, en especial en el alquiler de maquinaria», dice.
La única formación crítica con el alquiler es Junts. «La solución es el nuevo contrato», afirma Jordi Sendra, quien también apunta que «debe disponerse de un nuevo contrato contra la plaga de palomas, que son uno de los principales problemas de salud pública». La limpieza apunta a ser, de nuevo, la gran polémica de este 2025 en la Plaça de la Font.
