Las finanzas municipales pasan por el peor momento de los últimos años. Cuando justo ahora se cumple el segundo aniversario desde la declaración de la pandemia de la Covid, la inflación general del 7,4% y las consecuencias de la Guerra en Ucrania por la invasión de Rusia provocan que el contexto general sea de un tsnunami económico cuyas consecuencias son impredecibles.
En Tarragona la situación aún tiene más acentos. El gobierno en minoría de Pau Ricomà (ERC) no dispone de un nuevo presupuesto para 2022. Esto comporta que la corporación local haya iniciado este año con unas cuentas de 163 millones de euros en ingresos, cuando la previsión de los técnicos era la de manejar cinco millones más: 168. Entre los grandes ayuntamientos solo está en la misma situación Badalona, que en noviembre vivió una moción de censura a Albiol (PP).
Sin subida del IBI y la basura
A la difícil gestión económica, pues, el alcalde tarraconense debe añadir la dificultad de tener que recurrir de manera estructural a los modificativos de crédito para actualizar el día a día a la realidad de 2022, ya que de momento ha descartado la cuestión de confianza.
Desde 2021, con la flexibilización de las reglas fiscales, el Consistorio dibuja las cuentas en dos fases: la primera, durante el periodo habitual y, la segunda, con el remanente de tesorería que puede incorporar al presupuesto. El año pasado, el Ayuntamiento pudo sumar 12 millones procedentes del ejercicio 2020, una cifra que en esta ocasión será solo la mitad desde 2021. Hace 365 días, el superávit sirvió en gran parte para amortizar deuda y reforzar el gasto corriente.
Este 2022, en cambio, esta inyección será solo del 50%, un hecho que agrava la delicada salud de la economía local, con un gobierno, además, sin mayoría. Para muestra, un botón. El pasado mes de noviembre, el ejecutivo municipal intentó subir un 5% la tasa de la basura y un 3,9% el IBI para recaudar 2,6 millones de euros extras que, además, sirvieran para parar el golpe del medio millón que se pierde en los impuestos de la química de la Canonja, y de otros 500.000 euros que se van del IBI de las autopistas. Sin embargo, el pleno rechazó esta posibilidad.
La ‘mini’ plusvalía
Tras el IBI y la basura, cuatro meses después ha llegado el turno de la plusvalía, que en 2020 ya subió un 30%. Tras la sentencia del Constitucional, ayer el Saló de Plens avaló el nuevo cálculo del tributo, que comportará una rebaja del 40%: tres millones menos. La oposición, a excepción de ECP, criticó a Ricomà que la adaptación se haga «desde el máximo tipo legal, sin fijar un coeficiente más bajo», lamentó el concejal no adscrito José Luis Calderón, mientras que Lorena de la Fuente (Cs) acusó al gobierno local de tener «afán recaudatorio» y de «no perder ocasión para intentar subir los impuestos». Frente a ello, el edil de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), se preguntó: «¿Cuál es el mínimo qué proponen? Si quieren, hoy pueden cargarse la plusvalía y que sea cero». Sin embargo, a la hora de la verdad solo el PP votó en contra de la «mini» plusvalía, que de esta forma se mantendrá en el presupuesto prorrogado de tiempos de guerra.
