El estudio sobre la calidad del aire de la ciudad de Tarragona deberá esperar seis meses más. Así lo especifica una resolución firmada este pasado 29 de mayo por el concejal de Medi Ambient, Guillermo García (PSC), en la que el edil resuelve «suspender» la tramitación del proceso durante medio año, después de que el concurso público haya recibido dos ofertas: una de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y otra de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Según se indica en el documento publicado este miércoles en la sede electrónica del consistorio tarraconense, entre los motivos que han llevado al gobierno municipal socialista a impulsar la moratoria de seis meses está el hecho de que «dadas las características del estudio, y dado que la afectación de la contaminación del aire del Camp de Tarragona va más allá del término municipal de Tarragona», se «han iniciado conversaciones con otras administraciones públicas para llevar a cabo un estudio del conjunto de los municipios para obtener una información lo más detallada posible sobre la contaminación atmosférica en nuestro territorio».
Por ello, en la resolución se indica que «si los presupuestos de la Generalitat contemplan una aplicación presupuestaria para hacer frente al estudio, el consistorio tramitará la decisión de no adjudicar el contrato», mientras que en caso de que si el Govern no incluye una partida, «se continuará con la tramitación municipal hasta la adjudicación del contrato», señala García en el documento, si bien fuentes municipales no dan por hecho de que el consistorio lo saque adelante.
Ahora el Ayuntamiento se da un plazo de seis meses para saber si, a finales de noviembre, el nuevo Govern –si lo hay– puede tener maduro un primer esbozo de las cuentas del 2025, ya que los números para 2024 no pudieron tramitarse al no haber acuerdo político, por lo que se convocaron las elecciones del pasado 12 de mayo.
Una larga tramitación
La decisión del gobierno de Rubén Viñuales llega después de que el 28 de marzo del 2023, justo dos meses antes de las elecciones locales, el anterior ejecutivo municipal –formado por ERC, Junts y CUP– iniciara el proceso para licitar el estudio de la calidad del aire mediante un contrato valorado en 556.527 euros para 43 meses de duración.
Este informe, según anunció el anterior ejecutivo, debía determinar la contaminación atmosférica por compuestos orgánicos volátiles (COV) en el municipio de Tarragona. Ahora el nuevo ejecutivo duda del proceso, ya que «la industria no está en el término municipal de Tarragona, no tenemos competencias para sancionar e igualmente sería difícil determinar la empresa que contamina», ya que «prácticamente todas las compañías del polígono usan los mismos compuestos», afirma finalmente Guillermo García.
