El pleno municipal del Ayuntamiento de Tarragona avalará mañana incrementar la tarifa del agua, congelar el IBI, muscular la bonificación de la basura, reforzar el precario servicio de la limpieza y crear un nuevo tributo a las compañías telefónicas. De esta forma, con el apoyo principal de Junts y ECP –ayer los Comuns lo confirmaron en asamblea y hoy será el turno de Podem–, todo parece indicar que el alcalde Rubén Viñuales (PSC) podrá sacar adelante sus segundas ordenanzas fiscales, en el que se trata del primer paso en firme para tener presupuesto a partir del 1 de enero del 2025.
Como ya aprobara el consejo de administración de Ematsa el pasado mes de mayo –con los votos de PSC y Junts, la abstención del PP y el rechazo de ERC–, la firma mixta aplicará un incremento de entre 0,88 y 2,79 euros al mes a partir del próximo año, lo que se traduce en un aumento general en la factura de una media del 6,7%. El motivo de esta subida es la inversión de 16 millones de euros que se lleva a cabo para renovar el alcantarillado más antiguo de la ciudad, ubicado en el centro y los barrios de Ponent y de Sant Pere i Sant Pau.
La urgencia en la actuación lleva a la compañía a repercutir el 100% del coste a la ciudadanía, mientras que la segunda fase del plan de renovación, que será de menos calado, ya no se aplicará en la facturación.
No se tocan los aumentos
Paralelamente, la propuesta del gobierno municipal socialista es congelar el IBI y la basura de cara al próximo año. Esta decisión llega después de las subidas del 7,4 y el 12% de este año, que han permitido al consistorio ingresar unos cinco millones adicionales durante este ejercicio, según las estimaciones presupuestarias del año 2024.
Por lo que se refiere a la basura, el Saló de Plens aprobará impulsar la reducción del 5% de la factura, en caso de que se acredite que se ha usado la Deixalleria Municipal en un mínimo de tres ocasiones al año. Este importe, sin embargo, no podrá superar nunca la rebaja de 12 euros, un hecho que recientemente fue criticado por ERC. «Es un fraude de ley y despropósito», denunció el edil Jordi Fortuny.
El contrato de la basura, en vilo
Paralelamente, el gobierno local ha pactado con ECP que, si en 2025 no se adjudica el nuevo contrato de la basura, podrían destinarse los dos millones de sobrante de la concesión para alquilar maquinaria, tal y como pide la gestora del servicio (FCC) desde hace meses. Al no tener una concesión en vigor –la actual está en fase de continuidad tras haber caducado en abril del 2023– hay dos millones de euros que deberían destinarse al pago de la inversión en maquinaria que no se gastan, ya que la actual operativa ya está amortizada. De hecho, la parálisis del contrato –ahora en manos del TSJC– frena una renovación de más de veinte millones de euros en nuevos vehículos. «Queremos que todo el dinero de la basura se gaste en la basura, especialmente en una ciudad que está sucia», recalca Jordi Collado (ECP).
La asamblea de los Comuns avala el ‘sí’
a los tributos. Hoy
será el turno de Podem
a los tributos. Hoy
será el turno de Podem
Por ello, socialistas y progresistas han llegado al acuerdo de que si el laberinto jurídico del mayor contrato municipal –encallado desde hace meses– no se ha resuelto, el dinero de las amortizaciones se desviará a la mejora del servicio, esto sí, siempre que «la Intervenció Municipal confirme que este gasto no se puede asumir dentro del precio de la contrata», afirman fuentes municipales.
Telefónicas: 10 euros por metro
Paralelamente, todo parece indicar que Tarragona activará a partir de este próximo 1 de enero un nuevo tributo a las empresas de telefonía móvil. El gobierno socialista ha pactado con Junts per Catalunya y En Comú Podem el redactado de una nueva ordenanza que gravará el «aprovechamiento especial» del suelo, el subsuelo y el cableado eléctrico que realizan las compañías de este sector por la instalación de zanjas y canalizaciones en la vía pública.
Según el redactado de la nueva ordenanza, la cuota básica que pagarán las compañías será de 10,13 euros por metro cuadrado. Según las fuentes consultadas, la previsión municipal es la de llegar a ingresar hasta unos dos millones de euros.
La nueva tasa deroga la actual ordenanza reguladora de la utilización privativa de dominio público municipal a favor de las empresas de telefonía móvil, ya que con el redactado en vigor no abonan el tributo. En este sentido, el movimiento debe permitir que se «amplíe el hecho imponible para hacerlo extensible a las empresas del sector, que hasta ahora no tributaban y que usaban el suelo y el subsuelo municipal», detallan otras fuentes del equipo de gobierno.
El objetivo, una vez que el ejecutivo socialista ya ha recibido el aval de los altos funcionarios municipales de Tresoreria, es que las tres formaciones, que suman mayoría absoluta del Saló de Plens, avalen la nueva ordenanza para que esta pueda entrar en vigor ya el próximo año y, de paso, consolidar la alianza de moda en la Plaça de la Font: PSC, Junts y ECP.
