El Ayuntamiento de Tarragona descarta «por el momento» aprobar una moratoria que congele la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico. Así lo afirma la concejala de Turisme, Montse Adan, que tras su primer mes como presidenta del Patronat Municipal de Turisme asegura que la línea de la administración local al respecto será la «regulación».
«Hemos estado mirando los datos entre 2021 y 2023 tampoco hay un crecimiento espectacular, aunque sí que hay una concentración en determinados barrios, por lo que hay que regularlo», argumenta la responsable municipal de Turisme.
Los últimos datos disponibles corresponden al pasado mes de enero, cuando en la ciudad de Tarragona había 1.973 viviendas destinadas a la actividad turística.
Según los registros del patronato, el crecimiento que se ha experimentado en estos dos años no alcanza el 5%, por lo que el gobierno municipal asegura que ha decidido escuchar la voz del sector de cara a dar los próximos pasos.
«Uno de los objetivos de Turisme será una interlocución muy directa con los profesionales y agentes del sector, porque nosotros podemos tener ideas pero al final son ellos los que tienen la experiencia, que es lo que cuenta», defiende Adan. Hace unos días se producía la primera reunión, en la que además de los hoteles y los campings también estaban representados los apartamentos turísticos.
«Ellos mismos son los primeros interesados que nos piden que haya una regulación y que haya un entendimiento, para la máxima profesionalización del sector», argumenta la primera tenienta de alcalde.
En primer lugar, el Ayuntamiento asegura que quiere estudiar el cómo y, a partir de ahí, se plantearán las diferentes alternativas. «Hemos hecho la primera toma de contacto y ahora necesitamos el análisis de los datos, para tener en consideración todos los elementos y ver cómo podemos hacerlo», argumenta Adan. La idea es impulsar una ordenanza, como la de terrazas, que será la que establecerá si hay que establecer límites y en qué zonas de la ciudad.
Adan defiende que «los apartamentos turísticos no dejan de ser una oferta más de alojamiento». Y, al respecto, tiene en consideración que «las plazas hoteleras en Tarragona son limitadas y necesitamos que crezcan para que sea una ciudad atractiva los 365 días del año y porque muchas de las acciones que queremos impulsar suponen que los visitantes se hospeden en poblaciones de las inmediaciones, porque aquí no tenemos la oferta de otros municipios».
Este es un tema que en los últimos años ha despertado cierto malestar en zonas como la Part Alta, donde se concentra la presencia de turistas y muchos de sus vecinos ven con preocupación como han proliferado estas viviendas.
Según datos del Patronat Municipal de Turisme de inicios del pasado mes de junio, en todo este ámbito hay un total de 606 inmuebles que se alquilan temporalmente para dicho fin, lo que representa un 12,68% del número total de viviendas.
Impacto en los alquileres
Por detrás está La Móra-Tamarit, que a inicios de año tenía registradas 187 viviendas de uso turístico, lo que representa un 12,4% del total. Los Barris Marítims ocupan el tercer lugar en el podio, con 391 licencias (8,94%). En el resto de distritos de la ciudad estas cifras son muy inferiores y no alcanzan el 3%, mientras que en algunos barrios el dato prácticamente es testimonial.
Por este motivo, el anterior ejecutivo daba a conocer después de las elecciones la propuesta que se estaba trabajando desde el Patronat Municipal de Turisme, para aprobar una moratoria de un año que permitiese redactar un plan especial.
Según explicó en aquellos momentos el anterior alcalde, Pau Ricomà –que tenía las competencias en materia turística– esta era la alternativa que se había planteado con Secretaria del Ayuntamiento para evitar que acabase paralizándose el proceso con una sentencia judicial.
La decisión se tomó a partir de un trabajo conjunto con Habitatge, Llicències y Urbanisme, en el que el Servei Municipal del Habitatge y el Patronat Municipal de Turismo hacían sendos informes en los que se tenía en consideración el impacto que comporta esta actividad en los alquileres de la zona.