A la espera de que el ministro Urtasun se decida algún día por construir la futura gran biblioteca provincial en la Tabacalera –y de que, asimismo, el Ayuntamiento agilice los recintos culturales de Sant Pere i Sant Pau y Torreforta–, ahora el gobierno del PSC choca con el reglamento de uso de sus puntos de lectura, que está en fase de tramitación.
El primer esbozo de la futura normativa, de 15 páginas, ha generado una enorme sorpresa entre los partidos de la oposición, hasta el punto de que Secretaria General lo revisará. Especialmente polémico ha sido el apartado de las sanciones previstas en la primera versión del texto, que En Comú Podem considera que «puede ser tildado de antidemocrático».
Y es que en el borrador apócrifo, pero que las fuentes indican que ha sido elaborado por los técnicos municipales, se prevén expulsiones de corta, media y larga duración, así como el veto definitivo de acceso, en función de la posible comisión de faltas leves, graves o muy graves.
Las graves: 12 meses o ‘sine die’
«Los hechos muy graves se sancionan con la expulsión inmediata y permanente de la biblioteca o del punto de lectura, o hasta la resolución judicial firme de la denuncia interpuesta, si la hay», indica el artículo 14.2 del actual borrador del reglamento. Asimismo, por lo que se refiere a los hechos «graves», el documento establece que estos «se sancionan con la expulsión inmediata por un periodo no inferior a 7 días y un máximo de 6 meses la primera vez, y de 12 meses en la segunda, pudiendo comportar la expulsión permanente, en caso de reiteración».
¿Qué se considera como infracción grave, que puede llegar a expulsar a un joven entre un año y de forma indefinida de la biblioteca? La reiteración de hablar en voz alta, comer, beber o alterar el orden; la suplantación de personalidad, abrir sesiones de internet con la identificación de otra persona; entrar en páginas de contenido pornográfico o violento.
¿Y qué se tipifica en el reglamento como falta muy grave, con muchos números de expulsar sine die y de forma inmediata a un menor de edad de las bibliotecas de la ciudad de Tarragona?. «La reiteración de un hecho grave o acciones y comportamientos violentos, agresivos, de carácter sexual o amenazadores; destruir, estropear o robar cualquier bien mueble o inmueble; apropiarse de documentos o de otros bienes de la biblioteca o punto de lectura; o reincidir en una misma sanción de carácter grave».
ERC, moderada; Junts da su aval
Este primer borrador, con las sorprendentes sanciones, ya está siendo revisado por los servicios jurídicos municipales, que han dejado la versión inicial en stand by. La concejala de Cultura, Sandra Ramos (PSC), asegura al Diari que el primer esbozo de la normativa «es solo un documento de trabajo» y que las expulsiones previstas «no pasarán».
La versión embrionaria del reglamento se presentó hace 15 días a las formaciones políticas del Saló de Plens, justo antes de la reunión de la Comissió Informativa de Cultura previa al pleno que se celebró el pasado viernes.
Toni Carmona (ECP) no se muerde la lengua. «Hay serios errores, con puntos en el apartado de sanciones que pueden ser tildados de antidemocráticos. Se permite la expulsión permanente de personas sin ningún tipo de defensa», destaca. El edil de la formación progresista detalla que «estos errores, que el mismo secretario general ha manifestado estar de acuerdo, han provocado que se aplace y se revise de nuevo el borrador. Esperamos que la próxima vez cumpla los derechos fundamentales democráticos de los usuarios de las bibliotecas».
ERC es más moderada. «Entendemos que el tema de las penalizaciones está en revisión, por lo que para valorarlo esperaremos a tener la nueva propuesta», indica la portavoz de Esquerra, Maria Roig. El principal partido de la oposición presentó nueve enmiendas al redactado, de las cuales cinco fueron aceptadas. «Hacer el reglamento sin ninguna biblioteca definitiva es difícil, ya que no podemos valorar los equipamientos: ni en lo referente a la superficie ni en el mobiliario», resalta la edil republicana.
Junts, en cambio, valora «positivamente» el texto. «Es un buen punto de partida, pero es necesario concretar aspectos clave para garantizar la seguridad, la privacidad y el buen funcionamiento», afirma el concejal Pep Manresa, quien cita aspectos como «la difusión de imágenes» o el «protocolo de emergencias».
Con la Tabacalera pendiente de Madrid, y la Pepita Ferrer y SPiSP todavía en el horizonte, el primer traspiés con el reglamento confirma lo que ya empieza a ser una maldición: Tarragona no se aclara con las bibliotecas.
