A contrapié, en plena campaña y a punto de unas elecciones que cambiarán el signo de muchos ayuntamientos. Así ha cogido a los municipios la controvertida aprobación medioambiental por parte del Ministerio de la línea de muy alta tensión (MAT) Valmuel-Begues, un polémico proyecto que cruza la provincia para traer renovables de Aragón a Catalunya.
Año y medio después de las últimas movilizaciones, el territorio se vuelve a articular con una oposición frontal a esta infraestructura de un promotor privado. El 2 de junio los ayuntamientos se reunirán con la Generalitat, también en contra de la conexión.
La luz verde estatal de Medio Ambiente es un primer paso, no vinculante, pero suficiente para haber desatado la inquietud. «Como territorio, nos preocupa muchísimo esta aprobación. Hicimos las oportunas alegaciones y ahora vemos que se ha aprobado. Ahora la Generalitat es la que tiene que dar apoyo a todos estos pueblos», indica Josep Lluís Cusidó, alcalde de Vallmoll (Alt Camp).
La Generalitat confirma su oposición al proyecto y se reunirá el 2 de junio con los ayuntamientos
Cusidó sostiene que en su municipio «ya nos cruzan tres líneas de alta tensión y ya estamos haciendo nuestra aportación. Esas son públicas pero el nuevo proyecto es privado, no es de interés público y nos pisa todo el territorio». Cusidó reconoce que «nos preocupa mucho este primer paso y nos movilizaremos hasta donde haga falta, lucharemos hasta el final».
«Nos preocupa este paso»
Vallmoll es uno de los 32 municipios tarraconenses afectados, del total de 41 en Catalunya, por una línea de alta tensión que llega desde Aragón y se adentra 154 kilómetros, la mayor parte de ellos discurriendo por la provincia. Transita, de hecho, por siete de las diez comarcas tarraconenses.
«Nunca hemos dejado de movernos, incluso en Europa, y ahora reactivaremos la lucha», admite Rosa Maria Abelló, presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp
Joan Josep Garcia, alcalde de Alforja, se posiciona en un tono parecido: «Nos tendremos que movilizar, no solo como ayuntamiento sino como Consell Comarcal. Sabemos que Aragón tiene que aprobar su parte y también Catalunya y a día de hoy no es así, pero nos preocupa. Estamos en contra de este proyecto, sobre todo si no se soterra la línea». En Alforja hay afectación concreta: «Por donde va la MAT anida el águila cuatribarrada y es una especie que debe protegerse». El alcalde apunta a más razones: «No estamos en contra de las energías renovables pero cuando el impacto afecta a la fauna del entorno tiene que revisarse. Es una línea de transporte, no de evacuación, y el único capaz de hacer algo así es Red Eléctrica y no una empresa privada que está buscando solo su máximo beneficio».
Carles Luz, alcalde de Gandesa, confirma que «ha habido reuniones de municipios afectados» y «nosotros nos oponemos totalmente e intentaremos parar este proyecto. No nos afecta tanto como a otros pueblos, pero también hay una motivación solidaria».
«El informe no es definitivo pero estamos preocupados. Este proyecto privado no está justificado», reconoce Carlos Brull, alcalde de Falset
Luz reconoce que «confío en el sentido común, no podemos generar la electricidad en Aragón y llevarla hacia Barcelona, entiendo que lo que hay que hacer es reforzar las líneas actuales ya existentes, porque sí tenemos un déficit tremendo, pero no crear nuevas, y que además son privadas. Eso no es la transición energética».
El pequeño municipio de La Fatarella (Ribera d’Ebre) también se ve agraviado. El alcalde, Francisco Blanch, ha participado en reuniones recientes con afectados. «Nos han explicado la situación, hemos pasado el tema a servicios jurídicos, y estamos a la espera. Nos adheriremos a lo que se haga conjuntamente. A nosotros nos cruzan ya dos líneas de evacuación y si se hace la MAT nos quedaremos en el medio de una tela de araña».
Por eso, Blanch recalca que «nos volveremos a movilizar si es necesario» y «si se hace una reformulación lo valoraremos» pero en «La Fatarella lo tenemos clarísimo y nos sumaremos a cualquier iniciativa en contra». Joaquim Paladella, alcalde de Batea (Terra Alta), cree que este visto nuevo del Ministerio «tiene algo de carácter electoral» y le resta trascendencia, en el sentido de que «la última palabra la tiene la Generalitat».
Más allá de eso, mantiene una postura «absolutamente en contra», porque «no podemos absorber más líneas, ya estamos contribuyendo suficiente con los parques que tenemos y esta línea nos afecta de una manera descomunal, así que haremos lo que haga falta para que no se lleve a cabo».
«Nos afecta de una manera descomunal. No podemos absorber más líneas», indica Joaquim Paladella, alcalde de Batea
Antonio Álvarez, alcalde de Corbera d’Ebre, añade: «Haremos el movimiento que sea necesario. Estamos en contra porque no podemos trinchar más el territorio. Ya nos estamos movilizando y esperamos que la Generalitat también nos acompañe para detenerlo».
Uno de los alcaldes que más se está movilizando ahora es Carlos Brull, de Falset: «Al cabo de dos días de la declaración ambiental positiva del Ministerio convocamos una reunión con los municipios afectados. Vemos que no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas». Brull sostiene que «el informe no es definitivo y aún debe pasar por la Generalitat», pero «es una amenaza para nosotros desde el punto de vista de la agricultura y el enoturismo».
«No está justificado»
Por Falset están previstas 28 torres: «No estamos en contra de los parques en Aragón ni por supuesto vamos contra la transición energética, pero creemos que se puede hacer de otra manera, con líneas existentes que pueden asumir ese transporte. Esta construcción privada no está justificada, su necesidad es dudosa porque ya hay otras líneas programadas».
«No tiene sentido. Es una línea privada que va paralela a otra de Red Eléctrica», afirma Josep Rufà, senador de ERC
Rosa Maria Abelló, presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, también vehicula el resurgimiento de estas protestas: «No hemos tenido respuesta a las alegaciones que presentamos y ahora nos encontramos con esta declaración. Los técnicos nos indican que ahora la Generalitat tiene tres meses para hacer un informe medioambiental, aunque ya en su momento se ha posicionado de forma desfavorable, y luego la pelota volverá al Ministerio. Si no responden entonces, la empresa perderá el derecho de conexión a la red». Abelló reconoce que «nunca hemos dejado de movernos, incluso a nivel de Europa» y ahora «reactivaremos la batalla».
Hay una unanimidad total en el territorio. El senador de ERC por Tarragona Josep Rufà se ha mostrado en Madrid muy beligerante: «Estamos hablando de una línea privada que va paralela a otra de Red Eléctrica, así que entendemos que no tiene sentido, a no ser que el Ministerio quiera jugar y apostar por la privada. Tenemos una reunión prevista con Acció Climàtica y estamos luchando para que no se haga, con todo el territorio alineado, incluidos ayuntamientos de todos los colores».
«Hasta ahora no se han tenido en cuenta nuestras alegaciones. Esperamos que se consideren», cuenta Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona
Rufà alude a que «hace dos meses vimos a la Ministra reacia al proyecto». En diciembre la Cámara Alta instó al Gobierno a parar por completo el proyecto a través de una moción redactada por PSOE, ERC y Teruel Existe.
En 2021, aquella oposición fue catalizada por la Diputació y escenificada en un acto en el Palau Bofarull de Reus. Ahora, la presidenta, Noemí Llauradó lamenta que «hasta ahora no se hayan tenido en cuenta las consideraciones hechas desde la Diputació en relación a la MAT, que recogían el clamor del territorio, aglutinando las demandas y sensibilidades de todos los municipios afectados».
«No le vemos sentido a este proyecto y nos opondremos a él», denuncia el Departament d’Acció Climàtica
Llauradó espera «que en las fases posteriores de tramitación se tomen en consideración». «Creemos firmemente –sigue la presidenta– en la transición energética pero hay que velar por que los proyectos que acojamos tengan un impacto positivo en el territorio. Es imprescindible que se hagan desde la planificación, la coordinación y el diálogo». El Departament d’Acció Climàtica ha lanzado un mensaje tranquilizador a los ayuntamientos: «Vamos a reunirnos y a escucharlos, pero nos mantenemos en la oposición a este proyecto, por su elevado impacto y porque no le vemos sentido»
Forestalia, el promotor, festeja la aprobación de la mayor parte de instalaciones, la línea incluida, y apunta: «Cumpliremos con todos los requisitos que se trasladen desde las administraciones. Somos sensibles a la oposición que ha levantado el proyecto».
Los ecologistas, también movilizados en contra
Los grupos ecologistas también se revuelven contra la línea. Joaquim Esteller, técnico del área de defensa ambiental de GEPEC-EdC, opina en la línea de los ayuntamientos: «Se ha dado una declaración con condicionantes pero positiva. Creemos que tiene más de político que otra cosa, porque no entendemos cómo se puede hacer eso con un proyecto muy problemático a nivel medioambiental». Esteller sostiene que «la parte catalana queda a expensas de lo que la Generalitat diga», pero en todo caso «estamos estudiando la cuestión, porque es un paso importante en el avance del proyecto y estamos preocupados. No descartamos hacer movilizaciones o presentar recursos judiciales. Una declaración ambiental no es recurrible pero una autorización administrativa, si se llega a producir, sí lo es». El técnico medioambiental arremete también contra Forestalia, el promotor: «Dicen que son líneas de evacuación pero eso es indefendible. Son líneas de transporte, mucho más largas».
Preguntas y respuestas sobre el proyecto
¿Qué es la MAT? La línea principal de muy alta tensión (MAT) de Valmuel (Teruel) hasta Begues (Barcelona) cruzará la provincia para traer energía renovable de Aragón a Catalunya.
¿Para qué se proyecta? Para traer energía de parques eólicos y solares de Aragón y trasladarla a las puertas del área metropolitana, en Barcelona.
¿Por qué es polémica? Por el impacto ambiental que, a juicio de ayuntamientos, Diputació o Generalitat, daña al territorio. Además, genera el debate de la soberanía energética: Catalunya debe importar renovables por su enorme déficit en producción.
¿Por dónde pasa? Transita por 41 municipios catalanes, 32 de ellos de la provincia. Atraviesa siete de las diez comarcas del Camp y el Ebre.
¿En qué punto está el proyecto? El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado el visto bueno ambiental. El 1 de mayo el BOE publicó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de varios parques en Aragón y su infraestructura de evacuación, entre ella ese trazado.
¿Supone un avance? Sí, pero es solo un primer paso, al que después deberán seguir otros trámites como la autorización administrativa y de construcción, en fases donde también Catalunya tendrá voz y podrá intervenir.
¿Cuánto dura la lucha del territorio? Las movilizaciones empezaron a mediados de 2021. Se escenificó públicamente con un acto en Reus. Ha habido centenares de alegaciones.
¿Qué longitud tiene? La aprobación corresponde a la infraestructura principal, que discurrirá por 154,4 kilómetros por Catalunya. El entramado total es de 180 kilómetros.
¿Qué caracerísticas tiene? Incluye torres de 80 metros y opción de soterrar una parte, algo a lo que algunos ayuntamientos estarían dispuestos.
¿Quién está detrás? La empresa Forestalia, que festeja la aprobación. Afirma que cumplirá con todos los requisitos que se trasladen las administraciones y es «sensible a la oposición que ha levantado el proyecto».
