El Ayuntamiento de Tarragona, mediante el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuaciones Urbanes (Smhausa), ha presentado una demanda contra la Generalitat de Catalunya para exigir al Govern el pago de más de 1,2 millones de euros por el alquiler de las dependencias de la EOI en las instalaciones de la antigua fábrica de la Chartreuse.
El organismo municipal registró la denuncia el pasado 8 de mayo en el Juzgado de Primera Instancia de Tarragona, solicitando el cobro de 1.231.021 euros en concepto de alquileres no pagados desde octubre del 2021 por parte del Govern, más otros 39.384 euros por intereses de demora: en total, pues, 1.270.405 euros.
33 años de alquiler
El acuerdo para que la Escola Oficial d’Idiomes se ubicara en la Chartreuse se firmó el 29 de junio del 2009, mediante un convenio que establecía que que Smhausa solicitaba la financiación de la obra, con un posterior alquiler durante 33 años mediante el cual la Generalitat abonaría el coste de la operación, a raíz del pago de 33.783 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 405.397 al año, hasta 2043.
Para hacer posible la operación, se acordó la cesión del derecho de superficie de la finca en favor del Consistorio, con la condición de que, una vez ejecutado el contrato, el inmueble y el solar volvieran a manos del Govern, que ya habría pagado la totalidad de las actuaciones, que ascenderían a 12,3 millones de euros: 6,5 millones de euros en obras y 5,7 en intereses.
En dicho acuerdo se especificaba que a partir del octavo año de vigencia del acuerdo, la Generalitat «podrá abonar el coste de las construcciones, descontando el pago del alquiler», por lo que a partir de hacer efectiva esta cláusula el acuerdo indicaba que «quedará extinguido el derecho de superficie», por lo que «el Govern hará efectiva la plena propiedad de las construcciones e instalaciones».
Por ello, el 29 de septiembre de 2021 la Direcció General de Patrimoni envió una carta solicitando los pagos realizados para ejecutar la cancelación adelantada de la operación. A partir de ese momento, con Eva Miguel (CUP) como presidenta de Smhausa, se iniciaron las reuniones, sin acuerdo, ya que el punto de conflicto era el pago de los intereses de la operación.
Desde el envío de la carta, el Govern dejó de abonar el alquiler, al considerar que el derecho de superficie del recinto ya había quedado «extinguido», lo que no es compartido por el Ayuntamiento, que ahora da el primer paso para intentar recuperar el dinero pendiente desde 2021.
«La única ciudad que lo avanza»
«Nuestra voluntad siempre ha sido que la Generalitat continuara con el contrato de arrendamiento de la EOI. Esto no es posible porque la administración catalana no ha querido. Como no se ha cancelado el derecho de superficie entendemos que nos debe dinero», afirma el presidente de Smhausa, Nacho García (PSC), quien añade que «después de muchas cartas y reuniones, hemos decidido reclamar judicialmente porque debemos defender los intereses de la empresa y también de la ciudad».
Asimismo, el presidente del organismo dependiente del Ayuntamiento de Tarragona detalla que «Tarragona es la única capital catalana a la que la Generalitat no dotó de una Escuela Oficial de Idiomas en condiciones y, en ese momento, el Gobierno socialista hizo posible que la ciudad contara con este equipamiento adelantando el dinero para permitir la construcción».
Cabe recordar que, hasta la materialización del pacto entre Consistorio y Generalitat, fueron varios los emplazamientos que sonaron para albergar el centro educativo. Tras años en los Caputxins de la Rambla Nova, se plantearon alternativas durante una década como la Tabacalera, el Complex Educatiu, la Vall de l’Arrabassada, la zona de los Quatre Garrofers, el Institut Martí i Franquès o en el entorno del Hospital Joan XXIII, entre algunas de las posibilidades que se plantearon.
El octavo año
Por su parte, fuentes de la Generalitat de Catalunya niegan la deuda que ahora reclama el Ayuntamiento de Tarragona. Desde el Departament d’Economia se indica a este periódico que, pese a que el alquiler era para 30 años, el Govern «podía extinguir» el derecho de superficie a partir del octavo ejercicio, a cambio de pagar el coste del crédito que solicitó el Ayuntamiento.
Por ello, las mismas fuentes resaltan que la Generalitat de Catalunya «consignó» más de 6,7 millones de euros el 31 de diciembre del 2021 a favor de Smhausa para «cancelar» la operación, de forma que la finca pudiera revertir de nuevo a manos del Govern.
En esta línea, la corporación autonómica lamenta que el Servei Municipal de l’Habitatge «se niega a aceptar» la operación, a la vez que critica «no haber recibido» la documentación sobre el gasto que Smhausa tuvo en concepto del pago del crédito, «pese a haberlo solicitado varias veces».
