El Ayuntamiento de Tarragona liquidará definitivamente en el pleno de este próximo viernes los premios por jubilación anticipada, que llegan hasta los 40.000 euros. Estas indemnizaciones por dejar la actividad antes de lo previsto se otorgaban a los empleados que se retiraban entre los 62 y los 64 años –con un mínimo de 35 años cotizados– para compensar las penalizaciones del Estado por no esperar a los 65 años, a la vez que el consistorio abría la puerta a poder renovar, de esta forma, la plantilla municipal, cuya media de edad es de más de 52 años.
Según datos de las liquidaciones presupuestarias del consistorio tarraconense, entre los años 2015 y 2021 el Ayuntamiento gastó más de 3,8 millones de euros en estas partidas, que antes de la aprobación del Plan de Racionalización del 2021 podían ser muy superiores a los 40.000 euros. Así, en años como 2016 o 2018 la administración municipal llegó a pagar 831.000 y 761.000 euros en este concepto. Durante estos siete ejercicios, unos 75 funcionarios de la corporación de la Plaça de la Font cobraron por el cese prematuro.
Frenazo del Supremo en 2022
Se da la circunstancia de que el abono de estas gratificaciones fue invalidada por el Tribunal Supremo en una sentencia de marzo de 2022, al considerar que estos premios «tienen naturaleza de retribución» y que, por lo tanto, «no se ha identificado ninguna norma» que les otorgue «cobertura legal».
A raíz de esta resolución del más alto tribunal estatal, el consistorio presentó en junio de 2022 una consulta ante la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que se expresó exactamente en los mismos términos que el alto tribunal español.
Por ello, a finales de 2023 el Ayuntamiento inició el proceso «de revisión de oficio» de los premios que estaban concedidos o en tramitación, abriendo un periodo de alegaciones por parte de los 40 afectados. Temporalmente se suspendieron los expedientes abiertos y se habilitó al alcalde a solicitar un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, que es el organismo jurídico de mayor calado de la Generalitat.
«Iniciaremos todos los procedimientos administrativos necesarios, de modo que los que se jubilaron anticipadamente no se vean perjudicados. Es de justicia que así sea»
Isabel Mascaró, concejal de Hisenda de Tarragona
El objetivo de este análisis era que el órgano clarificara qué hacer en los diferentes escenarios: los que ya han cobrado los premios; los que lo han hecho de manera fraccionada y que todavía les resta por cobrar; los que no han cobrado pero tiene un documento administrativo anterior a la sentencia del Supremo de marzo del 2022; y los que lo solicitaron después de la resolución del Supremo.
Se indemnizará
Ya el pasado 17 de julio el consistorio recibió el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a la vez que el Ayuntamiento recibió cuatro alegaciones al respecto. Ahora, en el pleno de este próximo viernes el gobierno municipal lleva a la sesión un acuerdo para desestimar una de estas alegaciones y aceptar otras tres, a la vez que se acuerda «declarar la nulidad de pleno derecho de todos los incentivos económicos», previstos en el Pla de Racionalització del año 2021.
Asimismo, en el expediente se especifica que, por lo que se refiere a los trabajadores que ya cobraron todo el premio antes de la sentencia del Supremo, «no es necesario iniciar expedientes de reintegro de percepciones indebidas», por lo que no deberán devolver el dinero al consistorio.
Paralelamente, por lo que se refiere a los empleados que ingresaron el 50% del premio y que fraccionaron después el resto del pago y todavía no lo han recibido, lo que se hará será que no deberán devolver lo ya cobrado, si bien se declara nulo el resto de lo previsto. Pese a ello, el acuerdo que se lleva al pleno del viernes, a instancias de la Comissió Jurídica Assessora, especifica que en el 50% que resta «se determinará como indemnización por el perjuicio causado por la declaración de nulidad». Las cantidades se determinarán «individualmente», a expensas de la «previa fiscalización».
La concejal de Hisenda, Isabel Mascaró (PSC), asegura que «iniciaremos todos los procedimientos administrativos necesarios, de modo que los que se jubilaron anticipadamente no se vean perjudicados. Es de justicia que así sea».
De hecho, en el pleno de este próximo viernes ya se incorpora en un modificativo de crédito una partida de 92.000 euros para pagar a varios de los extrabajadores afectados. Asimismo, los funcionarios que sí que se verán perjudicados por las resoluciones del Supremo y de la Comissió Jurídica Assessora son los que se jubilaron anticipadamente «sin tener un acto administrativo» que confirmara sus premios.
«Estaremos atentos»
La Junta de Personal del Ayuntamiento –formada por los sindicatos CSIF, USOC e Intersindical– lamenta en un comunicado que la anulación «es otro agravio que sufrimos los trabajadores públicos». Asimismo, detalla que los exempleados afectados «se jubilaron anticipadamente con unas condiciones aplicables en el momento de la decisión» y pese a aplaudir que el Ayuntamiento tenga la voluntad de indemnizar a los exempleados, reconoce mantener «recelos», alertando de que «estaremos atentos de que sea así».