Anna Maria Nadal ha apuntado todo lo que quiere explicarle a la Síndica de Greuges en una libreta para que no se le olvide. Y sí, la defensora de las personas es una síndica y no un síndic porque el cargo lo ostenta Esther Giménez-Salinas desde el año 2022.
Ayer un equipo itinerante de la sindicatura viajó a Tarragona a recoger las inquietudes de los ciudadanos. Atendió a un total de 29 personas, tanto presencialmente como por teléfono. Estas visitas, que se realizan unas dos veces al año, suelen ser una buena muestra de esos problemas (sobre todo con las administraciones públicas) en los que los protagonistas se topan con un laberinto donde no encuentran quien les escuche.
En el caso de Anna Maria explica que ha venido porque está enamorada de Tarragona pero cree que se puede hacer mucho por el espacio público. Dice que siempre que ve un desperfecto lo denuncia en la aplicación Epp! En su libreta lo primero en la lista es la maraña de cables que afea las fachadas y da cobijo a las palomas.
También tiene apuntado el problema de los aparatos de aire acondicionado que ocupan impunemente las terrazas de los pisos incumpliendo las ordenanzas; que no se ponga remedio a los excrementos de perro en la calle (propone que seamos pioneros en exigir pañales) o el hecho de que en edificios del siglo XIX se están sustituyendo las persianas alicantinas de madera por los cajetines plásticos. «Es una pena porque forman parte de la identidad de las ciudades mediterráneas», lamenta.
Pepel mojado
Las problemáticas planteadas ayer tenían que ver con la salud, el medio ambiente, la vivienda, la movilidad, los servicios sociales, o la infancia, entre otras. Además de los que acudían convencidos de cumplir su deber ciudadano, muchos necesitaban explicar temas que les afectan directamente. Era el caso de Robert Dinqa.
Robert es inquilino de un piso en Torreforta donde lleva más de diez años de alquiler. El fondo bancario dueño del inmueble no renovó el contrato y allí comenzó su calvario. Ha vivido dos intentos de desahucio y mucha burocracia.
Robert, visiblemente nervioso y cargado de papeles, cuenta que su caso está en la mesa de emergencia de vivienda (lo que indica que se ha demostrado su situación de vulnerabilidad) pero ese reconocimiento no deja de ser papel mojado si no le asignan un lugar donde vivir. Le preocupa que, con el tercer intento de desahucio sí que le echen y termine en un albergue o en la calle. «Estoy enfermo, pero no quiero vivir de gratis, quiero pagar un alquiler social», insiste.
Dos quejas por mil habitantes
El año pasado la Síndica de Greuges atendió 133 quejas y 163 consultas de personas que viven en Tarragona, lo que representa poco más de dos quejas por cada mil habitantes; una cifra ligeramente inferior a la media de Catalunya. Hay que recordar, eso sí, que la comunicación con la sindicatura, además de las visitas presenciales, también se puede hacer por teléfono o a través de la web.
Las políticas sociales son el principal motivo de queja en la ciudad de Tarragona (el 48%). Dentro de este grupo destacan los problemas de vivienda, salud y servicios sociales. En las quejas que se tramitaron en 2023 el 52% correspondía a un departamento de la Generalitat, el 25% al Ayuntamiento de Tarragona y el 7% a empresas que prestan servicios.
El informe del año pasado también destaca que el 58% de las personas que formularon sus denuncias eran mujeres. Respecto al lugar de nacimiento dice que «pese a que el 24% de la población de Tarragona ha nacido fuera del Estado español, solo el 4% de las que se dirigieron a la sindicatura forman parte de este colectivo».
