El Ayuntamiento de Tarragona juega a dos bandas con el contrato de la basura. Mientras que, por una parte, el consistorio presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para anular la exclusión de la ganadora del concurso público, GBI Paprec; por otra, avanza trámites con la segunda clasificada –Urbaser– para otorgarle la concesión del servicio durante los diez próximos años, por un montante global de 234 millones de euros.
Así lo ha avalado este viernes el pleno municipal, que sirvió para acatar la reciente resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que, contra todo pronóstico, elimina del proceso a GBI Paprec, a quien ahora la corporación de la Plaça de la Font devolverá la garantía depositada, que asciende a 9,4 millones de euros. Pese a ello, el recurso que el Ayuntamiento presentará ante el alto tribunal catalán –apoyada por todo el pleno menos por Vox y un concejal no adscrito– pide anular el dictamen para que, precisamente, el gigante francés vuelva a ser la firma adjudicataria.
Sin embargo, a juicio de los servicios jurídicos municipales, para acatar de momento la decisión del tribunal administrativo, debe avanzarse la tramitación con Urbaser, a quien ahora la corporación municipal da diez días hábiles para que presente la documentación necesaria para que la nueva adjudicación pueda aprobarse el próximo mes de julio. Este punto lo suscribieron el PSC, Junts y los dos ediles no adscritos que formaron parte de Vox, mientras que ERC, PP, En Comú Podem y Vox votaron en contra.
«Responsabilidad técnica»
Precisamente, las dudas sobre la aplicación de la resolución del tribunal de contratos catalán ha centrado el pleno. «El tribunal no dice que se adjudique a la segunda, sino que se resuelva el procedimiento como legalmente corresponda. Lo que pasa es que se ha pasado el plazo para pedir una aclaración», ha lamentado la portavoz del PP, Maria Mercè Martorell, quien teme que, con la adjudicación a la segunda clasificada, «no ponemos en un camino que sabemos que nos traerá recursos e indemnizaciones», por lo que sería partidaria de «actuar con con calma y tranquilidad», solicitando un informe externo.
En la misma línea se expresa Esquerra Republicana. «Daremos el contrato a una empresa, pero pondremos un recurso porque tenemos razón. ¿Cómo se come esto? A mí me explota la cabeza. Vamos a una instancia superior para que cierre el tema mientras que nosotros lo hacemos en falso», ha manifestado el concejal Jordi Fortuny, mientras que la portavoz Maria Roig añade que «votamos ‘no’ porque debe mirarse bien cómo acatar para evitar responsabilidades».
Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, afirma: «Yo no decido nada, me dicen que hay que hacerlo así y hago caso a los funcionarios; y más si hay informes jurídicos», enfatiza. Asimismo el máximo representante municipal añade que los técnicos afirmaron que si hubiera alguna responsabilidad sería de los funcionarios, no de los políticos. Respecto a la posibilidad de que, una vez el consistorio haya adjudicado el contrato a Urbaser, el TSJC dé la razón al Ayuntamiento con posterioridad, y readmita a GBI Paprec –la ganadora–, la responsable de Hisenda, Isabel Mascaró, indica: «Haremos lo que diga la justicia».
Desde Junts, su portavoz –Jordi Sendra– asegura que «si cuestionáramos cada informe de los técnicos paralizaríamos al Ayuntamiento». «Entendemos que tenemos la garantía jurídica de que cumplimos lo que manda el TCC», añade, mientras que Jordi Collado (ECP) remarca que «la sensación es que el consistorio se está poniendo en un pedregal» que no se sabe «dónde lleva». «La salida no debe ser rápida, debe ser segura», asevera.