El Ayuntamiento de Tarragona quiere instalar cámaras de videovigilancia en la Part Alta de Tarragona, para combatir la sensación de inseguridad que se vive en el barrio desde hace unos meses. Actualmente, los servicios técnicos están redactando el proyecto y estudiando en qué calles ubicar estos dispositivos. La previsión es que el sistema entre en funcionamiento a lo largo del año que viene. El edificio más vigilado será, sin duda alguna, el ayuntamiento, que contará con siete cámaras repartidas por el perímetro del equipamiento. Esta primera fase se ejecutará antes de terminar este año.
«El casco antiguo se ha convertido en una zona de interés policial por la concentración de actos incívicos o antisociales, lo que provoca un cierto malestar entre el vecindario. Por eso queremos dar respuesta a una de las grandes reivindicaciones del barrio», explica la concejala de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzmán (JxTGN), quien estrenó el cargo hace tan solo un mes y medio.
En los últimos días, la concejala, junto con responsables de los cuerpos policiales y representantes vecinales, se patearon la Part Alta en busca de aquellos puntos más adecuados para instalar las cámaras. «La idea es ponerlas en las zonas con más incidencia delictiva y afluencia de personas», añade Guzmán.
El proyecto todavía no está terminado y, por lo tanto, no se sabe el coste exacto de esta intervención. Pese a ello, fuentes municipales hablan de entre 60.000 y 70.000 euros, además de las obras que la instalación de estos dispositivos requiera. La inversión parece estar ya garantizada y se verá reflejada en los presupuestos del año que viene. La concejala informó de sus planes al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y responsable de Serveis Generals, Jordi Fortuny (ERC), quien, según Guzmán, vio con buenos ojos la iniciativa y, «en principio, no debe haber ningún problema al respeto». Cabe recordar que, hace unos meses, el alcalde, Pau Ricomà, se mostraba reacio a la instalación de cámaras en la Part Alta porque decía que «el trazado del casco antiguo es complejo».
Pese a ello, Guzmán asegura que la propuesta tirará adelante «primero, porque es una reivindicación de los vecinos y, segundo, porque es una apuesta personal mía». La concejala añade que «las cámaras de videovigilancia no reducen los hechos delictivos, lo que hacen es desplazar el delito y aumentar la percepción de seguridad entre los vecinos. Además, tienen un efecto disuasorio y son de gran ayuda para identificar los autores de un delito en caso de investigación policial». Para Guzmán, que la ciudadanía tenga miedo al salir a la calle es un problema. «Debemos analizar el por qué y buscar soluciones con los recursos que tenemos. La gente debe sentirse segura», añade Guzmán.
El control de estas cámaras estará concentrado en la comisaría de la Guàrdia Urbana, en la otra punta de la ciudad, donde actualmente ya se analizan las imágenes del sistema de videovigilancia de la Part Baixa. De hecho, los delitos e infracciones en este lugar han disminuido considerablemente desde la puesta en marcha de las cámaras, según aseguran fuentes policiales.
Pero no todo parece tan sencillo. Prueba de ello es que la entrada en funcionamiento del sistema en la Part Baixa se alargó más de lo previsto. Para que el Ayuntamiento de Tarragona pueda instalar cámaras de videovigilancia en las calles de la ciudad, primero es necesario contar con la autorización del delegado del gobierno de Catalunya, previo informe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Estos trámites, a menudo, no son tan rápidos como parecen.
Ayuntamiento blindado
La primera fase de este proyecto es la instalación de siete cámaras en el perímetro del Palau Municipal, en la Plaça de la Font. En este caso, el control será doble. Por un lado, los vigilantes de seguridad del propio consistorio tendrán acceso a las imágenes, y habrá una réplica en la comisaría de la Guàrdia Urbana.
«Tarragona es de los pocos ayuntamientos que no cuentan con un sistema de videovigilancia. Ya empieza a ser hora», dice Guzmán, quien añade que, de esta manera, «tendremos controladas varias de las calles conflictivas, como son la de En Salines, Sant Domènech, Rambla Vella y Plaça de la Font». El coste de este proyecto «no es muy elevado» y, según la concejala, «trabajamos para que los dispositivos se pongan en marcha antes de acabar este año».
Hablan los vecinos
Los vecinos han recibido la noticia de forma muy positiva, tras pedir a gritos soluciones a la inseguridad de los últimos meses. Cabe recordar que el punto de inflexión para este barrio llegó a principios de junio cuando, después de cuatro peleas importantes, un joven fue apuñalado en medio de la calle de En Salines. Este suceso significó un antes y un después para los vecinos.
Sergi Carrillo, presidente de la Associació de Veïns del Carrer Merceria i Voltants (Part Alta), asistió hace unos días a un encuentro con la concejala y responsables de los cuerpos policiales. «Buscamos cuáles eran los mejores rincones para instalar las cámaras, siempre respetando y protegiendo la intimidad de los vecinos», explica Carrillo, quien se muestra convencido de que este sistema es una buena herramienta para poner fin a la inseguridad. «Las cámaras mejorarán la vida no solo de los vecinos, también de los comercios, restaurantes y turistas», añade el líder vecinal.
En esta misma línea argumenta el presidente de otra entidad vecinal del casco antiguo, Manel Rovira, presidente de la Associació de Veïns de la Part Alta. «Estamos contentos con esta noticia, pero es importante que el sistema se ponga en marcha lo antes posible, para que la cosa no se tuerza más».
