Usted va a sacar dinero en efectivo al banco de siempre, el de toda la vida, y de repente se topa con los cristales empapelados, un anuncio de ‘se alquila’ y un teléfono de contacto. Ya no queda ni cajero. Su sucursal de confianza ha cerrado. En otro caso, puede haber ahí una tienda de muebles, un gimnasio o un kebab, en un signo inevitable de los tiempos. La reestructuración financiera todavía no ha terminado y el número de sucursales se ha seguido reduciendo en España pero de manera más acentuada en Tarragona, un territorio especialmente maltratado por la inercia.
Es la tercera provincia de España donde la crisis ha provocado, para incomodidad del ciudadano, un tijeretazo más grande de entidades bancarias: un 49%. De las 837 que había en 2008, el punto álgido, a las actuales 422. Hay que retroceder hasta 1979 para ver una cifra menor. En aquel momento había 377. Así, en diez años la deriva económica ha arramblado con 415 sucursales en la provincia. Sólo Barcelona (un 54% menos) y Castellón (un 52%) superan a Tarragona en la reducción de oficinas.
El número de sucursales en Tarragona tocó techo en septiembre de 2008, en pleno frenesí del ladrillo y justo cuando la burbuja financiera estaba a punto de explotar: ese mismo mes quebró el banco Lehman Brothers, en lo que se considera el pistoletazo de salida a la crisis inmobiliaria.
Por entonces, había 837 bancos en las comarcas tarraconenses, según el balance del Banco de España. Lejos queda el ‘boom’ de las cajas de ahorro, con la paradoja de que aparecieron en Tarragona nombres como Caja Duero, Caja Astur o Caja Granada, entidades en un principio muy arraigadas a su territorio de origen.
Tarragona tiene actualmente un 49% menos de oficinas, sólo por detrás de Barcelona (-54%) y Castellón (-52%)Desde ese momento, ha habido un sinfín de fusiones y absorciones de entidades, despidos masivos y cierres. La media impacta: cada ocho días cierra un banco en la provincia. Pero más allá de la molestia de tener que caminar más para hacer gestiones, la situación cronifica el problema de la exclusión financiera, fundamentalmente en el mundo rural.
Hasta 103 municipios del total de 184 en la provincia (es el 56%) no tienen actualmente ni siquiera un banco. Dicho de otro modo: hay 60.184 tarraconenses que no disfrutan de acceso a una sucursal en su pueblo, el 7,6% de la población de la provincia.
Estos balances se han ido agravando con el paso de los años. El número de municipios que se han quedado en esa situación ha subido un 40% durante este tiempo. Aldover, Campredó o Santa Oliva son sólo tres ejemplos. Es decir, en estos últimos diez años 40 municipios se han quedado sin banco y se ha duplicado la cantidad de ciudadanos excluidos del sistema, de 30.000 a 60.000.
La Diputació al rescate
En algunos casos, los ayuntamientos han intentado frenar la marcha de la entidad financiera, muchas veces sin suerte. En febrero la Diputació de Tarragona acudió al rescate, a través de un acuerdo con CaixaBanx que en una primera tanda permite instalar cajeros automáticos a 12 municipios que no tenían servicio: Aiguamúrcia, Albinyana, Almoster, El Montmell, Garcia, Godall, La Torre de l’Espanyol, Paüls, Pratdip, Puigpelat, Vilaplana y Vinebre.
En España, se contabilizan 4.114 municipios sin oficinas bancarias, según el análisis realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y catedrático de la Universitat de Valencia. Es, por tanto, el 50,7% del total de los pueblos de España. La población sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio aumenta un 34% desde 2008, un porcentaje muy inferior al tarraconense, que alcanza el 103%. También es inferior la media catalana, que se queda en el 44,2%.
La media impacta: desde 2008 hasta ahora cada ocho días baja la persiana una sucursal bancaria en TarragonaEl instituto valenciano sostiene que «es importante que tanto las entidades financieras como las administraciones públicas implementen medidas para evitar la exclusión financiera». La banca on line es la mejor vía para mitigar un problema que afecta sobre todo «a las personas mayores y con menor cultura financiera».
Pero el problema no es sólo esa exclusión bancaria creciente. Algunas voces son críticas y denuncian el perjuicio que estos procesos causan en el ciudadano. Otros de los inconvenientes principales son la despersonalización creciente y la mayor facilidad para aumentar las comisiones ante la escasez de competencia, como indican desde Adicae (Asociación de usuarios de bancos y Cajas de Catalunya): «Nos podemos encontrar con un incremento del precio de los servicios, sobre todo en el ámbito de las comisiones. El mercado ha pasado a quedar en manos de unos pocos y ellos establecen sus reglas de juego».
Locales cerrados
Otra consecuencia es el cambio de la propia fisionomía urbana de las ciudades. El final de muchas entidades ha dejado un reguero de locales vacíos en el centro de algunos municipios.
Los ajustes laborales son la tónica habitual –junto al cierre continuado de oficinas– cuando se lleva a cabo algún proceso de fusión bancaria por el solapamiento de las estructuras previas, por la duplicidad de puestos similares y por la necesidad de reducir drásticamente los costes en un contexto donde la operativa digital sigue sustituyendo a la antigua actividad comercial bancaria.
Para muchos, ya hay consecuencias. «Existen sectores de la población ajenos a estas tecnologías que se están quedando fuera», denuncian desde Adicae.
La situación, aunque más grave en Tarragona, es generalizada tanto en Catalunya como en España. Castilla y León es la autonomía más afectada por la exclusión financiera, ya que el 16% de su población (392.003 personas) no cuenta con una oficina bancaria en su municipio.
La exclusión es todavía más acentuada en las provincias de Zamora, Segovia y Ávila, donde más de la quinta parte de sus habitantes tiene que trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal bancaria. En estas tres provincias, se cerraron, respectivamente, el 29%, el 37% y el 40% de sucursales bancarias entre 2008 y 2017, saldos claramente inferiores a los del retroceso padecido por Tarragona.
En España hay 1,2 millones de ciudadanos sin acceso a un banco en su localidad.
