El Plan Deuda del Ayuntamiento de Tarragona experimentará este viernes un punto de inflexión. El pleno municipal avalará destinar la mayor parte del superávit del año pasado para amortizar cinco millones de la deuda municipal y preparar, de esta forma, el terreno para abandonar el próximo 31 de diciembre la tutela financiera de la Generalitat de Catalunya.
Desde hace años, el consistorio debe pedir el OK del Institut Català de Finances (ICF) cada vez que quiere concertar un nuevo préstamo bancario. Esto se debe al hecho de que, desde hace décadas, la relación entre la deuda municipal y los ingresos corrientes anuales que tiene la administración de la Plaça de la Font supera el porcentaje del 75%. De hecho, en los peores momentos de la crisis económica generada en 2008 esta ratio llegó a superar el 160%.
PSC, ERC, Junts y ECP, a favor
La puesta en marcha de un plan de ajuste económico en 2012 permitió ir reduciendo paulatinamente el pasivo municipal, hasta el punto de que en la actualidad la corporación local está a un paso de bajar del temido 75%.
Aparte de los 14 millones previstos en el presupuesto, mañana PSC, ERC, Junts y ECP acordarán acelerar en la amortización de cinco créditos, por un valor añadido de cinco millones adicionales que servirán, además, para pagar un millón menos en intereses bancarios el próximo año. Cabe recordar que liberar un millón de cara a 2025 puede ser importante para asegurar que se puedan cuadrar unos números que, hace solo medio año, se anunciaba que tenían un agujero de 14 millones.
Con el modificativo de este viernes, de momento el consistorio habrá destinado a pagar deuda el 56% de los 8,8 millones de euros generados del remanente de tesorería del 2023. Ya es seguro que se invertirá uno en gastos pendientes de la EMT, por lo que a día de hoy están a la espera de destino 2,8 millones. Actualmente, sin embargo, la duda en la Plaça de la Font es saber –y decidir– si se aplica todo el superávit restante para deuda, inversión o gasto corriente. El ejecutivo está a la espera de conocer las directrices estatales.
Fuentes del ejecutivo afirman que la premisa de actuación será la «prudencia económica», si bien no se descarta destinar a inversión parte del superávit, a la espera de ingresar en octubre entre 5 y 7 millones por la participación en los impuestos estatales, que se pasaría al superávit del 2024 para destinarlo de nuevo a deuda en 2025.
Desde el principal partido de la oposición se avala apostar por la reducción de la deuda, si bien no se cierra la puerta a destinar a gasto corriente 1,4 millones. «Durante nuestro mandato se rebajó el pasivo en 24 millones. Es necesario seguir por esta línea», indica la portavoz de Esquerra, Maria Roig, quien recalca que el trabajo del anterior gobierno local «logró dejar primero la tutela estatal y, ahora, la de la Generalitat». Junts también dará el OK pese a que «nos gustaría destinar el dinero a la ciudadanía», indica Jordi Sendra, mientras que ECP valora que «aparte de la deuda, se financien acciones que la ciudad necesita», según Jordi Collado.
Maria Mercè Martorell (PP) critica que «el gobierno nos ahogue con impuestos mientras sobran millones», mientras que Judith Gómez (Vox), acusa al alcalde Viñuales de «trilero».
Alto voltaje para lograr lo que hace años parecía una utopía: tener un Ayuntamiento saneado.
