El Ayuntamiento de Tarragona ya vislumbra la luz al final del túnel de su deuda. Por primera vez en el siglo XXI, el consistorio liderado por el alcalde Rubén Viñuales (PSC) se dispone a situar al final de este 2024 su pasivo en mínimos históricos, lo que le permitirá en 2025 dejar la tutela financiera a la que está sometido por parte de la Generalitat de Catalunya para poder concertar préstamos bancarios.
Desde hace décadas, la corporación de la Plaça de la Font mantiene una relación de más del 75% entre el porcentaje de su deuda respecto a sus ingresos corrientes. Esto provoca que, al estar por encima de este índice, se vea obligada a recibir el OK del Institut Català de Finances (ICF) para poder acceder al crédito que le ofrecen los mercados.
Cien millones menos en 10 años
Se trata de una situación que hace años que se arrastra, y que se agravó con la crisis económica del 2008. Ahora, tras pagar más de 250 millones a los bancos desde 2011 para rebajar la deuda en cien millones, el Ayuntamiento está a un paso de recuperar su plena autonomía, tras haber pasado por momentos muy delicados.
Según los datos aportados por el consistorio, en 2013 –aún con la crisis económica muy presente–, el pasivo de la Plaça de la Font era de 243 millones, con una ratio de pasivo del 160%. En esa época, el segundo gobierno de Josep Fèlix Ballesteros (PSC) lidió con una gran inestabilidad económica, hasta el punto de que tuvo que someterse a un plan de ajuste económico impulsado por el Gobierno Central de Mariano Rajoy (PP), a cambio de un crédito de 20 millones para pagar a 232 proveedores que en 2013 tenían deudas pendientes del consistorio. Ese fue el peor momento para las arcas municipales.
El Ayuntamiento recuperará el próximo año la plena autonomía de sus cuentas
Por ello, desde 2014 el Ayuntamiento ha impulsado un plan para ir recortando paulatinamente su pasivo, pagando más a los bancos de lo que se pedía. Esto facilitó que, poco a poco, las ratios se hayan ido moderando, si bien siempre estuvieron por encima del 110% hasta 2017. Por ello, durante estos años el Ayuntamiento tuvo que pedir permiso tanto a la Generalitat de Catalunya y al Estado para poder concertar nuevos créditos para impulsar inversiones, como por ejemplo las de los Juegos del Mediterráneo del 2018 o el nuevo Mercat Central.
En 2019, Ballesteros dejó la alcaldía logrando situar la deuda en un porcentaje del 102%, una cifra muy inferior respecto al peor momento de la crisis, pero que aún obligaba al Ayuntamiento a rendir cuentas al Govern y al Estado.
La disminución del pasivo fue, entre 2019 y 2023, una de las prioridades del alcalde Pau Ricomà (ERC). Bajo el mando de Jordi Fortuny (ERC), el pasivo se disminuyó en 24 millones –de 176 a 152–, rebajando el índice del 102 % al 80% o, lo que es lo mismo, situándolo a las puertas del límite legal pese a encontrarse en 2020 y 2021 con las restricciones económicas de la pandemia. Además, también se liquidó el plan de ajuste estatal firmado en 2013.
2024: todo el remanente a deuda
Este 2024, el primer año del gobierno liderado por Viñuales (PSC) será el que podrá culminar todo este trabajo moldeado durante la última década, ya que será este 31 de diciembre cuando los números municipales experimentarán un punto de inflexión que recogerá los frutos en 2025. La previsión es dejar el pasivo en 143 millones el 31 de diciembre, con unos ingresos anuales de 195.
La situación, de hecho, se ha acelerado porque Europa ha recuperado las reglas fiscales de antes de la pandemia. Desde 2020 hasta 2023, los ayuntamientos pudieron destinar parte de su superávit para pagar gasto corriente y no para sufragar deuda como hasta antes de la covid. Este año, sin embargo, esto ya no es posible, por lo que todo el remanente de tesorería debe volver a aplicarse a la reducción del pasivo.
Esto significa que el Ayuntamiento usará los 8,8 millones generados en 2023 para reducir la deuda, que se sumarán a los 14 previstos inicialmente. Así, los 7,4 millones de superávit del Ayuntamiento, además de los 838.000 euros de Serveis Socials, los 388.000 de Esports y los 161.000 de Turisme servirán para bajar de la ratio del 75% y abandonar la tutela financiera de la Generalitat, por lo que, al fin, la Plaça de la Font recuperará el próximo año la plena autonomía de sus cuentas.