El Ayuntamiento de Tarragona «no puede esperar seis o siete años» para adjudicar el nuevo contrato de la basura. Por ello, y pese a que la tramitación de la mayor concesión municipal tiene hasta cuatro demandas en los tribunales, el consistorio se ha marcado la resolución que dictamine el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Tarragona como el punto de inflexión para desbloquear la situación.
A día de hoy, la ganadora del concurso público –GBI Paprec– tiene dos recursos presentados. El primero, ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), contra la decisión de excluirla del proceso por parte del tribunal administrativo catalán, así como una segunda en el contencioso-administrativo por la aplicación de la resolución por parte del pleno de Tarragona. Por su parte, el Ayuntamiento ha alegado al TSJC contra la decisión del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de eliminar a GBI Paprec, mientras que FCC pide al TSJC que anule todo el concurso. ¿Quién da más?
ECP quiere «volver a empezar»
Tras meses de espera, este pasado viernes el TSJC movió ficha: denegó la medida cautelar solicitada por GBI Paprec de anular desde ya su exclusión del proceso y no tener que esperar a la decisión sobre el fondo de la cuestión. El alto tribunal catalán justificó su decisión en el hecho de que si en el futuro se estimara su recurso, la empresa podría ser indemnizada «por daños y perjuicios». En el peor de los casos, por un beneficio industrial de entre un 3% y un 4% en un contrato de 23 millones de euros al año, si la sentencia en firme fuera a favor de GBI Paprec dentro de seis años, la indemnización a pagar podría no ser inferior a los cinco millones de euros.
ERC pide esperar a que se cierren todos los casos y evitar «indemnizaciones impagables, de quiebra»
Siendo conscientes de que la resolución del TSJC a la petición de fondo Paprec puede ir para largo, y que no tiene por que ser a favor de la empresa francesa pese a tener una adjudicación aprobada por el Saló de Plens, la siguiente parada del caso se ha situado en lo que dictamine el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sobre la demanda de Paprec.
La firma gala pide que el juez anule el acuerdo del pleno de Tarragona en el que acataba la resolución del tribunal administrativo. Cuando este juzgado dictamine, se espera que dentro de este mismo 2025 mismo, el alcalde Rubén Viñuales (PSC) solicitará un informe jurídico para adjudicar el contrato. Lo que no precisó el Primer Edil es si el análisis lo pedirá con la primera resolución o una vez se hayan resuelto los más que posibles recursos que se presenten contra ella. El Ayuntamiento, pues, no esperará a lo que diga el TSJC sobre su propio recurso. Y tampoco lo hará con lo que diga sobre los de Paprec y FCC.
El debate, pues, está abierto: ¿El consistorio debe adjudicar el contrato cuando dictamine el contencioso-administrativo de Tarragona o debería esperar a que se resuelvan todos los recursos presentados en el TSJC?
ERC lo tiene claro: debería esperarse, ya que de lo contrario «hay riesgo de tener que hacer frente a unas indemnizaciones que serían impagables, de quiebra», indica la portavoz republicana, Maria Roig. Por su parte, Maria Mercè Martorell (PP) apela a la «cautela» en la actuación municipal. mientras Jordi Sendra (Junts) expresa su «respeto a las decisiones judiciales».
Jordi Collado (ECP), por su parte, cree que lo mejor sería «volver a empezar», pero «renegociando con Sirusa para que sea la empresa metropolitana de residuos» la firma que asuma el reto de que la limpieza de Tarragona entre en el siglo XXI y deje atrás un contrato pensado hace dos décadas, aún sin iphones ni redes sociales.
