El Ayuntamiento de Tarragona avaló durante años de operaciones de crédito de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que Aparcaments Municipals concertó con Sistemas Alem para la construcción del parking Jaume I pese a que en el contrato de adjudicación de las obras se impidió expresamente que las actuaciones endeudaran las arcadas de la Plaça de la Font.
Así se pone de manifiesto en el punto 1.7 del pliego de cláusulas que ocurrirá el pleno municipal el 23 de abril de 2001 para la «construcción y explotación» del aparcamiento de la Part Alta. En el documento –al que ha tenido acceso el Diari– se especificaba, literalmente, que el Consistorio «no participará de ninguna forma en la financiación de las obras, ni otorgará subvención de ninguna clase». Asimismo, se alertaba que la corporación local «tampoco avalará, en ningún caso, las operaciones de crédito que pueda concertar el adjudicatario para financiar la construcción».
Sin embargo, pese a la contundencia del redactado, lo cierto es que entre 2002 y 2008 la administración municipal– ya fuera directamente o mediante la compañía de público de aparcamientos– avaló préstamos, rentings y operaciones de tesorería para intentar reconducir unas actuaciones que, desde el primer momento, ya se torció hasta el punto de que el equipamiento soterrado del Casc Antic presupuestado inicialmente en 3,9 millones de euros ya se ha comportado un pasivo de más de 25,3 millones sin que la instalación –de momento– haya podido ser una realidad.
Adjudicado a una firma municipal
De hecho, en el informe presentado en 2009 por parte de la Comissió d'Investigació Municipal liderada por el ahora secretario general, Joan Anton Font, ya se cuestionaron las particularidades del contrato y se calificó como de una «contradicción» el hecho de que « se pretende que al Ayuntamiento no le afecte de ninguna forma el posible fracaso de afrontar una obra de estas características» cuando se adjudicó el contrato a una unión empresarial de la que formó parte una compañía municipal. «Esto se ha visto posteriormente cuando (el Consistorio) se ha visto obligado a avalar diferentes créditos solicitados por la AMT».Sobre ello, el punto de discordia fue la circunstancia de que la adjudicación se hizo a una UTE en la que la empresa municipal Aparcaments participó en un 51%, por el 49% de la parte privada (Sistemas Alem).
En el análisis de los altos funcionarios se critica, precisamente, la elección del socio de la Unió Temporal d’Empreses como una de las claves de la nefasta operación. «El consejo de administración no calibró la importancia de efectuar una buena elección del socio ni las consecuencias que podía derivarse de ello», se afirma en el informe de la comisión de investigación, que concluye que «hubo una evidente responsabilidad de gestión» porque se propuso la UTE con Alem «sin comprobar previamente y de forma suficiente su solvencia técnica y económica» ni «requerir ninguna acreditación».
De hecho, pese a que en julio de 2001 la dirección de Aparcaments aprobó formalizar la unión con Alem por un porcentaje a favor de la parte pública de 51% a 49%, en octubre la compañía privada informó que no tenía «suficiente liquidez» para afrontar la obra y, ya en diciembre de ese año, la empresa solicitó que el 99% fuera para Aparcaments, por el 1% de su parte.
«Avales sin autorizaciones»
Con todo este contexto, en agosto de 2002 se adjudicó el contrato a la UTE entre AMT y Alem para iniciar las obras. Y ya en diciembre de ese año llegó el primer gran aval a Alem, de más de dos millones de euros, a raíz del sobrecoste que suponía el hecho de tener que usar explosivos en las obras. Sobre ello, el informe municipal se muestra especialmente contundente con la actuación del consejo de administración, que avaló la operación por unanimidad.
«Se avalaron préstamos de Alem sin que conste en ninguna parte que se tramitara ni se obtuvieran las autorizaciones de la Junta General (el pleno municipal) ni del Ayuntamiento, las dos de carácter preceptivo al tratarse de una operación financiera», se indica en el informe, que denuncia que «en el acta del consejo de ese día se cita que se disponía de un informe verbal por parte de la asesoría jurídica municipal, que o bien no existe o no se ha podido documentar ni su contenido ni su autor».
Precisamente, el aval de diciembre de 2002, que posteriormente fue ampliado en diciembre de 2003, es el punto de inflexión de la situación y del desastre posterior, según los técnicos municipales. «Si la AMT no hubiera avalado las operaciones, Sistemas Alem no habría podido afrontar sus obligaciones, comportando la disolución de la UTE», se indica en el informe, que recalca la «responsabilidad de gestión» del consejo de administración de la AMT «al decidir avalar a una empresa que era evidente que no podría hacer frente a las obligaciones que se desprenden de la operación financiera avalada». Según los altos funcionarios, toda esta situación «comportó graves perjuicios económicos a la AMT», que se valoran en 3,1 millones de euros, en base a pagos que Aparcaments realizó a cuenta de Alem para la amortización de varios préstamos.
Ya en febrero de 2008 –tras años de obras sin llegar a buen puerto, sin ningún horizonte de éxito y ya sin Alem–, el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) decidió parar las obras y cesar al gerente del Jaume I, Jesús Trasobares. El 14 de julio de ese año, el consejo de administración aprobó concertar una póliza de préstamo de 18 millones de euros para refinanciar la deuda bancaria existente con varias entidades –que ya ascendía a 15,4 millones de euros– y canalizarla en un solo crédito. Según los técnicos, la decisión se tomó en base a un informe del interventor municipal «que no se pronunciaba en ningún sentido, solo acerca de la normativa aplicable». El crédito fue avalado el 18 de julio por el Saló de Plens, por lo que la corporación local deberá aguantar esta mochila hasta que venza su periodo de amortización: el 31 de diciembre de 2043. La pesadilla del Jaume I se arrastrará, pues, dos décadas más pese a que en principio no tenía que generar deuda alguna para las arcas de la Plaça de la Font. Un desastre económico en toda regla que los tarraconenses se verán obligados pagar durante 21 años más.
