El Ayuntamiento de Tarragona acelera de nuevo con el contrato de la basura. PSC, Junts y tránsfugas han hecho este jueves frente común para sumar mayoría y adjudicar la concesión –de 202 millones de euros para los diez próximos años– a la segunda clasificada del concurso público, Urbaser.
La compañía, que ahora tiene cinco días para firmar el contrato tras presentar hace meses la garantía de 9,4 millones de euros, recurrió hace un año ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra la vencedora, GBI Paprec. Este organismo administrativo estimó la alegación y expulsó a la empresa gala por «incumplir el pliego de condiciones del concurso», iniciando un laberinto judicial con cinco recursos presentados en los juzgados que están todavía por resolver.
El consistorio avala ahora la adjudicación a Urbaser después de que, en febrero, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rechazara la petición de medidas cautelares solicitada por Paprec para ser readmitida, un hecho que este mes de abril ha corroborado el Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Tarragona.
Ninguno de los dos entes judiciales ha resuelto el fondo de la cuestión –la expulsión de GBI Paprec–, pero los técnicos municipales consideran que, en la situación actual, el Ayuntamiento debe «continuar con el proceso», según indicó el secretario general de la corporación, Joan Anton Font.
Se da la circunstancia de que el consistorio adjudica a Urbaser pese a tener constancia formal desde hace diez meses de que la firma, igual que GBI Paprec, incumple el pliego de condiciones del concurso. Así lo indicó el tribunal administrativo en su resolución del pasado 6 de junio, en la que además de eliminar a Paprec, indicaba que, del análisis del recurso presentado por Urbaser, se desprendía que «varios de los incumplimientos afectan a la empresa recurrente y a las demás compañías licitadoras». En este sentido, sin embargo, el Tribunal Català de Contractes evitaba sancionar a Urbaser «en base al principio de congruencia, que limita el abasto del pronunciamiento». ¿La traducción? No la sancionó porque presentó recurso. Pese a ello, sí que deja constancia de haber detectados incumplimientos como el que provocó la exclusión de Paprec.
«El tribunal no pide suspender»
ERC y ECP han escenificado este jueves sus dudas en el pleno. Esquerra pide un informe jurídico tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo en un caso de Barcelona similar a Tarragona, mientras los progresistas ven «temerario» el paso dado.
Por ello, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), realizó tres preguntas «en directo» al secretario general. La primera fue: «¿Son necesarios nuevos informes?». Joan Anton Font tiene claro que «no» porque «la situación no ha cambiado respecto a los que hicimos hace un año. La única novedad es que el juzgado rechaza las medidas cautelares de Paprec».
La segunda cuestión fue: «¿Tras las resoluciones judiciales sobre las cautelares, debemos seguir con el proceso?». «No se puede suspender la tramitación porque la ley exige que, para ello, el tribunal administrativo debe pedirlo expresamente. Y no lo ha hecho». La tercera cuestión a Font fue sobre la posibilidad de cometer un delito de prevaricación en caso de adjudicar a Urbaser. «No se aprueba ninguna resolución de manera injusta con pleno conocimiento. Se avala un punto con los informes técnicos a favor», afirmó el secretario.
Viñuales, a ERC y ECP: «No iré a prisión, y menos por instrucciones en contra de los técnicos»
Pese a las explicaciones del más alto cargo jurídico municipal, el edil de ERC Jordi Fortuny recordó que en el caso de Barcelona «se establece una indemnización a una empresa del 10% del valor del contrato», lo que en el caso de Tarragona sería de 20 millones. Además, «tenemos la resolución del tribunal administrativo que nos dice que adjudicaremos a una empresa que sabemos que incumple los requisitos. Hay riesgo de prevaricación», reiteró para justificar el ‘no’ de Esquerra.
Sobre ello, el alcalde Rubén Viñuales (PSC) expresó su «total confianza con los técnicos municipales», asegurando que «en todo caso, el riesgo de prevaricación sería votar diferente a lo que nos dicen los expertos de la casa. Les aseguro que no iré a prisión, y menos por sus instrucciones en contra de lo que nos dice Secretaria e Intervenció municipal».
El PSC se alió con Junts y los no adscritos para sacar adelante la votación. Jordi Sendra (Junts) destacó que «hace dos años que se está rememant el contrato. Con el anterior gobierno el proceso quedó desierto y, ahora, se han presentado cuatro empresas», indicó.
Paralelamente, se da el caso de que los dos no adscritos–Javier Gómez y Jaime Duque– votaron hace un año en contra de adjudicar a GBI Paprec cuando estaban en Vox por «un ejercicio de prudencia» ante «los antecedentes de una técnica que ha tomado parte del proceso de adjudicación», según se puede leer en el acta del pleno del 15 de marzo del 2024. De hecho, hasta solicitaron retirar el punto del orden del día. Este jueves han cambiado su posicionamiento.
De esta forma, el contrato de la basura, a la espera de nuevos volantazos en forma de recursos y resoluciones administrativas y judiciales, pasa de poder licitarse sobre la bocina en abril del 2023 gracias al voto de calidad del exalcalde Pau Ricomà (ERC) a adjudicarse, justo dos años después, con los tránsfugas de Vox.
El proceso para cubrir la gerencia de Promoció Econòmica vuelve a estar en marcha. El Ayuntamiento de Tarragona ha publicado las bases de la provisión del puesto de trabajo, después de que quedara desierta la plaza el pasado otoño. Esta nueva convocatoria presenta novedades importantes, como que la persona que ocupe este puesto de trabajo también desempeñará la dirección y coordinación del Servei de Treball i Activació econòmica y del Servei Municipal d’Ocupació, además de la gerencia del Patronat Municipal de Turisme y de la Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic. El sueldo podrá llegar hasta los 85.000 euros. Los aspirantes deberán tener una titulación superior y acreditar experiencia en funciones directivas de dos años en el sector público o de cinco en el privado.
Por otra parte, el pleno de ayer también aprobó la creación de un puesto de trabajo de director general de Territori. Este cargo asumirá las funciones de la gerencia del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes y la dirección y coordinación del área de Territori. Este nuevo cargo, considerado de alto cargo, forma parte de la nueva estructura gerencial anunciada e impulsada por el gobierno municipal.
