El Ayuntamiento de Tarragona ha avalado esta mañana la primera aprobación de la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con una mayoría mucho más holgada de lo que se preveía. El gobierno municipal, formado por los nueve ediles del PSC, ha contado con el apoyo de Junts per Catalunya (3 ediles) y de los dos concejales no adscritos para sumar mayoría absoluta (14 votos) y dejar en segundo plano las 8 abstenciones que suman ERC (6) y ECP (2) y los cinco noes de PP (4) y Vox (1).
De esta forma, el alcade Viñuales ha alejado el fantasma del voto de calidad o de tener que depender de los tránsfugas para dar el primer paso de la nueva normativa, que es de «obligado cumplimiento», según ha recalcado la edil de Mobilitat, Sonia Orts (PSC).
La nueva ordenanza, que será aprobada definitivamente en mayo, está previsto que pueda entrar en vigor el próximo mes de diciembre. «Nos permitirá reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire», ha resaltado Orts, quien ha detallado que habrá 44 cámaras de vigilancia, que el horario de limitación de vehículos en el centro de la ciudad será de 7 a 19 horas y que la implementación afectará al «26% de los vehículos».
Primer año «informativo»
La Zona de Baixes Emissions incluye el ámbito de la Part Alta y zona centro, fijando el perímetro en las avenidas Catalunya y República Argentina, además de la calle Vidal i Barraquer.
Durante el primer año, la implantación de la ZBE será estrictamente de carácter informativo, de forma que no se multará a nadie ni habrá restricciones de circulación para los empadronados en la ciudad. Las sanciones llegarían en 2027.
En el caso de los tarraconenses con un vehículo sin etiqueta medioambiental, estos tendrán que inscribirse en un registro de vehículos con autorización.
A partir del segundo año, la ZBE afectará a todos los conductores sin este distintivo, excepto los que viven dentro del ámbito incluido en esta Zona de Bajas Emisiones.
La futura ordenanza también incluye un anexo con los casos quedarán exentos de la normativa, entre los que se incluyen los vehículos seguridad y emergencias, los cuerpos y fuerzas de seguridad, vehículos adaptados, etc. En esta lista también se incluye las familias con rentas bajas, que podrán formar parte de este registro de vehículos con autorización.
Viñuales: «Aplicación progresiva»
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), destaca que «la aplicación será progresiva, con una finalidad clara: no dejar atrás a nadie. Quien no tiene un coche eléctrico es porque no puede».
Pep Manresa (Junts) ha justificado el ‘sí’ de su formación por la «aplicación progresiva, el horario de 7 a 19 horas para dinamizar el tejido comercial de la ciudad y la campaña informativa que se llevará a cabo».
Especialmente duros se han mostrado los grupos municipales del PP y Vox. «La ZBE es una actuación innecesaria. En Tarragona, la zona estudiada para implementarla tiene una buena calidad del aire. Tarragona es una ciudad industrial, con emisiones de humos de la petroquímica, pero aquí ahora se penalizará a los vehículos. Todo ello comportará más problemas que beneficios, afectando a las rentas más bajas», ha recalcado la edil popular. En este punto, el alcalde Viñuales le ha rebatido que «ciudades como Palencia, gobernadas por el PP, también han aprobado sus propias Zonas de Bajas Emisiones».
Judit Gómez, de Vox, ha criticado que la normativa «es propia del fanatismo», enfatizando que «atenta contra la libertad de movimientos», que «perjudica a las clases vulnerables» y que «comportará la desertización del centro de la ciudad y el cierre de negocios solo con un fin recaudatorio».
«¿Y el Plan de Movilidad?»
ERC, impulsora de la primera fase de la nueva ordenanza, se ha abstenido. «Aprueban la normativa por imperativo legal, pero no tienen una perspectiva global. ¿Dónde están los aparcamientos disuasorios? ¿Dónde está la apuesta por la red de carriles bici? ¿Y el bus gratuito? Ustedes no creen en la Zona de Bajas Emisiones, por esto hay 20.000 excepciones que comportarán que no afecte a nadie», ha indicado el concejal Xavier Puig.
Por su parte, Toni Carmona (ECP) ha lamentado que «Tarragona no aprueba la normativa estatal contra una auténtica emergencia de salud hasta el último año». El edil de la formación progresista critica la «falta de valentía». «Se aprueba la ordenanza sin tener el Plan de Movilidad y sin mejorar el transporte público», ha indicado Carmona, quien denuncia que «habrá carta blanca hasta 2027 porque el gobierno municipal ha escogido priorizar los intereses de los vehículos privados sobre la salud pública». Pese a ello, desde ECP se ha evitado el ‘no’ porque «es un pequeño paso».
