El Ayuntamiento de Tarragona adjudicó el pasado mes de marzo el nuevo contrato de la basura a la empresa GBI Paprec, por un montante global de 233 millones de euros en diez años, siendo consciente de que estaba incumpliendo el pliego de condiciones. Así lo alerta el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la resolución del pasado jueves que, a instancias de un recurso de la segunda clasificada –Urbaser–, derivó en la exclusión de la ganadora del concurso por haber incumplido las condiciones estipuladas en la licitación pública.
En el texto, el tribunal da un fuerte tirón de orejas a los técnicos municipales, criticando que su gestión y «modo de operar» en la tramitación para adjudicar el mayor contrato de la historia de la administración de la Plaça de la Font «no se ajustó a derecho», debido a que se aceptaron propuestas con «variantes» que, según el pliego de condiciones elaborado por los propios técnicos de la Plaça de la Font, «no estaban permitidas». Por ello, el tribunal cree que debían excluirse las propuestas.
«Defectos», sin exclusiones
En el documento, de 40 páginas, el tribunal administrativo dependiente de la Generalitat de Catalunya suspende la actuación de los altos funcionarios municipales, al evidenciar que eran conscientes de que las cuatro ofertas que se presentaron al concurso público –GBI Paprec, Urbaser, FCC y Valoriza– incumplían las exigencias del contrato.
«Se detectó que todas las ofertas presentadas contenían defectos respecto a los elementos definidos como mínimos en el Pliego de Condiciones Técnicas (...), relativizando la aplicación de determinadas prescripciones y exigencias técnicas» critica el tribunal administrativo, que lamenta que, pese a tener conocimiento de los déficits de las propuestas, los técnicos, «en un loable esfuerzo», no excluyeron a ninguna empresa del proceso. Asimismo, según el tribunal administrativo, toda esta actuación por parte de los altos responsables municipales derivó en un «análisis técnico discrecional» que «vulneró las previsiones del pliego», afectando «a todo un conjunto de prescripciones técnicas con un peso global relevante en la confección de las ofertas y su posterior valoración».
Un acta del 19 de diciembre revela que los técnicos conocían los déficits de las ofertas
De hecho, en la resolución de esta misma semana, el Tribunal Català del Sector Públic cita un acta de la comisión de valoración técnica municipal del contrato –liderada por el secretario y el interventor general, con la presencia de varios altos cargos como la Cap de Gestió de Serveis Públics y la Cap de Contractació– en la que el 19 de diciembre del 2023 (tres meses antes de adjudicar) los altos cargos municipales evidenciaron tener conocimiento de los incumplimientos de las ofertas.
«Se destaca en la comisión que debe tenerse en cuenta que el Pliego de Cláusulas Administrativas no admitía variantes, por lo que los licitadores no pueden incluir variaciones en aquellos elementos definidos como mínimos», se reconoció en la reunión de los máximos responsables técnicos del consistorio, según el acta. Sin embargo, la transcripción de esa reunión especifica que los altos funcionarios consideraron que «dado que no se ha detectado ningún defecto de forma que afecte al resultado final de la prestación y en el conjunto del contrato, no existe ningún defecto que suponga la exclusión de alguna de las propuestas».
De hecho, el acta revela que, tras dos horas y media de reunión, se acordó que «los defectos no deben implicar la exclusión de la propuesta debido a la poca relevancia en el conjunto del servicio», ya que «si la propuesta resulta adjudicataria deberá cumplir con todos los requisitos» del pliego técnico. O sea, se valoró y se puntuó en base a una oferta con unas variantes que, posteriormente, a la práctica, se dejarían en nada.
El tribunal no avala a los técnicos
Este posicionamiento de los altos cargos del Ayuntamiento no es avalado por el tribunal administrativo, que critica que el consistorio «relativizó la aplicación de determinadas exigencias técnicas, descartando excluir propuestas que incumplían de manera poco significativa las condiciones», realizando un ejercicio de «proporcionalidad en cada uno de los defectos».
El organismo autonómico sostiene su crítica en el hecho de que «pese a que las variantes respecto al pliego se califiquen como defectos o discrepancias, constituyen indudablemente un incumplimiento de la exigencia técnica». Por ello, tomó la gran decisión: excluir a la ganadora y abrir ahora la puerta a un laberinto que puede no tener salida antes del 2027.