Fuentes de la empresa negaron ayer a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que reclamen penas de cárcel para la cúpula de Iqoxe. «No se ejerce ninguna acción penal y, por tanto, el escrito no señala culpables, no habla de delitos ni solicita ninguna medida de tipo penal», insistieron. Según adelantó el diario digital Porta Enrere, la petrolera perdió 50 millones de euros porque Iqoxe dejó de suministrarle el óxido de etileno. De ellos, 38,5 millones los ha recuperado a través del seguro y, ahora, reclama a Iqoxe los 11,5 millones restantes.
Repsol presentó el escrito de acusación en septiembre y se posiciona como parte perjudicada. De hecho, las mismas fuentes remarcan que el auto de la juez de instrucción del 14 de junio que procesa a los máximos responsables de la compañía –el CEO, José Luis Morlanes; el exdirector de planta en el año 2020, Joan Manuel Rodríguez Prats; y al máximo responsable de seguridad en el momento de la explosión, Gerard Adrio– abre la puerta a presentar el escrito de acusación. «Por eso se hace referencia al escrito y se citan las causas del accidente que se describen en el auto», indicaron. Sin embargo, desde Repsol se niega que en su escrito se hagan suyos los argumentos expuestos en la resolución por parte de la magistrada instructora del caso, en los que se apunta que Iqoxe habría incumplido normativas de seguridad industrial y laboral.
Perdió 50 millones por la explosión. Recuperó 38,5 con un seguro. Ahora reclama los 11,5 restantes
Desde la multinacional insisten en que se personan en el proceso judicial para reclamar los daños económicos ocasionados por el hecho de que tuvieron que «buscar suministros alternativos, con las consiguientes pérdidas de beneficios y sobre costes añadidos», ya que a raíz de la explosión, Iqoxe no les suministró óxido de etileno durante los años 2020 y 2021.