Agresiones, mordeduras, vandalismo y amenazas. Es sólo parte de lo que tienen que soportar los vigilantes de seguridad de la empresa contratada por Renfe para vigilar sus trenes. Una situación que en los últimos años ha ido en aumento, hasta el hecho de que alguno de los vigilantes ha dejado el empleo porque ha preferido salvaguardar su familia a tener un puesto de trabajo. Los alborotadores no ven a los vigilantes como autoridades y se ceban con ellos. Se ha llegado al caso de que uno perdió parte de una oreja, arrancada de un mordisco. Desde Renfe se ha confirmado que en el presente año se han dado 18 agresiones a personal de seguridad en la provincia de Tarragona y seis a trabajadores –básicamente revisores–.
Uno de los últimos episodios ocurrió el pasado 3 de octubre en la estación de Sant Vicenç de Calders. Un joven viajaba sin billete en un tren que cubría el trayecto entre Reus y Barcelona. El individuo sacó un destornillador ante la presencia de los vigilantes de seguridad y les agredió. El joven acabó detenido acusado de los delitos de amenazas y atentado a la autoridad y los vigilantes, de baja laboral.
El perfil
Jóvenes de 16 a 25 años, la mayoría de ellos extranjeros, que viajan sin billete y con problemas de adaptación social o problemas escolares. Éste sería el perfil de los alborotadores. Muchos de los conflictos comienzan cuando el revisor pide el billete al joven y éste no tiene y, además, no quiere pagar y comienza a amenazar. En estos casos, el revisor solicita la presencia de los vigilantes de seguridad. Muchas veces la presencia de estos tampoco resuelve el problema, hasta el punto de que tienen que solicitar refuerzos de los Mossos.
No hay una ruta caliente, todas las que transcurren por las comarcas de Tarragona son problemáticas, afirman algunos vigilantes de seguridad. Desde la línea de costa –desde Tortosa a Barcelona– hasta la interior –la procedente de Móra la Nova hacia la Ciudad Condal– e incluso la procedente de Lleida, en todas hay conflictos.
Si el viajero infractor se rebota, llegará a casa con una sanción de 300 euros –100 si sólo se han tenido que intervenir los vigilantes–. Pero si el altercado es grave, la Policía Autonómica acaba con su detención acusado de un delito de atentado a agentes de la autoridad. El Código Penal castiga dicho delito con penas de hasta cuatro años de cárcel, además de multa económica. Sin embargo, como la mayoría de los infractores son menores de edad, en este caso el juez puede mandar al joven internado a un centro de menores.
No en todos los casos llega a intervenir la Policía Autonómica. «En algunas ocasiones sólo hay empujones y los agresores se marchan, por lo que ya no llamamos a los Mossos d’Esquadra», aseguraba un vigilante consultado por el Diari. Y es que, según asegura, las agresiones son diarias. Desde los sindicatos se barajan unas cifras muy altas: en Catalunya hay entre 25 y 30 agresiones diarias a vigilantes de seguridad de todo tipo, desde los que están en los trenes hasta la puerta de un establecimiento comercial o un organismo oficial.
Uno de los juicios que está pendiente es a un joven que agredió con un cinturón –después de quitárselo– . Los hechos se remontan al año pasado en la estación de Reus. Un grupo de marroquíes estaba alterando el orden en uno de los arcenes. Dos vigilantes de seguridad estaban a punto de subir al tren, junto con el revisor. Se dirigieron hacia los jóvenes y el revisor les preguntó si habían sacado el billete –obligatorio en aquellas estaciones que disponen de taquillas–. El grupo contestó que no, que ya pagaría el importe en el tren. Fue entonces cuando el grupo se puso agresivo e intentó pegar a los vigilantes. Uno de los jóvenes se sacó el cinturón y golpeó en el brazo a uno de los vigilantes. Estos pudieron reducir al agresor –mayor de edad–, le pusieron las esposas y lo detuvieron, mientras los otros se marcharon del lugar. Inicialmente se celebró en el Juzgado de Instrucción un juicio por un delito leve. Sin embargo, se planteó al magistrado que podría tratarse de un delito de atentado a agentes de la autoridad. El juez así lo vio y envió la causa al Juzgado de lo Penal para su juicio.
En otra ocasión, el vigilante de la estación de Adif fue alertado desde el centro de control de que había un pasajero sin billete en uno de los trenes. Subió solo al convoy para hacer bajar al pasajero y recibió un puñetazo, que le abrió el pómulo, precisando dos puntos de sutura.
Una de las reivindicaciones que realizan los vigilantes de seguridad es que la empresa les dote de un chaleco antibalas. Algunos lo llevan, pero pagado de su bolsillo.
El problema de los grafiteros
Otro de los colectivos a los que se enfrentan los vigilantes de seguridad son a los grafiteros. Los vigilantes aseguran que las agresiones de las bandas de grafiteros se dan en cualquier punto, pero principalmente en Reus. El caso más grave es el de un grupo que agredió a un vigilante –que incluso estuvo hospitalizado– el pasado 29 de julio. Con posterioridad el grupo de grafiteros fue a la vivienda del vigilante. Uno de ellos le amenazó, mientras que agredió a su esposa –le tuvieron que poner un collarín–. Los Mossos identificaron al agresor. En la noche del 26 de julio, otro vigilante de seguridad de la estación de Adif de Reus resultó herido por el lanzamiento de una piedra. Los agresores serían también un grupo de grafiteros que ya habían mantenido un enfrentamiento la misma mañana.
A un vigilante incluso lo tiraron a la vía. Ocurrió el 2 de mayo de este año cuando la víctima intentaba evitar que un grupo de grafiteros pintase un convoy estacionado en la estación de tren de Reus. El hombre resultó herido en una pierna.
La inversión de Renfe
Fuentes de Renfe apuntaron que son conscientes de la problemática «y que por ello estamos invirtiendo en toda Catalunya 10 millones en materia de seguridad». También apuntaron que son conductas que realizan los jóvenes en el tren pero que se pueden dar en cualquier lugar, a la vez que recalcaron que las competencias de la seguridad ciudadana en Catalunya son de Mossos d’Esquadra. «Estamos trabajando en este tipo de situación. Sí que es verdad que hay una problemática social». Precisamente, los interventores asisten a cursos dados por la Policía Autonómica para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones.