«Me mataron una hija de 20 años y hace dos meses han matado al novio. Me tocó vender todo y venirme. El país se ha puesto muy complicado, hay mucha guerrilla, mucho conflicto. Nos tocó venirnos, como tantos otros que están saliendo. Nos hicieron atentados en la casa, tengo los papeles de la Fiscalía. El presidente es guerrillero, Colombia está en el caos y llega un momento en que la gente buena no puede convivir allí. No hay forma de salir adelante».
Habla así un colombiano que en octubre llegó con su pareja a Tarragona escapando a toda prisa de su país. Es uno de los 1.110 solicitantes de protección internacional en la provincia en 2022. Es un registro histórico que triplica el año previo. No se tiene en cuenta en esa estadística a Ucrania.
Los refugiados por la invasión rusa siguen otra vía, que es la de la Protección Temporal de la UE. A inicios de febrero, a punto de cumplirse un año, se situaban en 4.073 personas solo en la provincia; aunque todos ellos tienen un nexo común, el de la desesperación de tener que dejar atrás la tierra de origen para poder seguir viviendo.
«En Colombia mataron a mi hija de 20 años y a su novio. También me persiguen a mí», confiesa un solicitante de protección internacional
Lo expone este mismo ciudadano: «El colombiano se vio en la obligación de salir. Nos tocó irnos corriendo, porque estábamos permanentemente en peligro».
Curiosamente, el año hasta ahora con más peticiones había sido 2020, a pesar de la irrupción de la pandemia, pero ha quedado desfasado por los registros más recientes. Nunca hubo tantas personas solicitando asilo político como ahora, fundamentalmente por el efecto de los conflictos en Sudamérica, con Venezuela pero, sobre todo, con Colombia, como principales países emisores. Hay un boom de solicitudes para aspirar a un status muy específico y restringido.
En 2022 hubo 1.110 solicitudes de protección en la provincia, triplicando el dato de 2021
De hecho, habrá numerosas denegaciones y solo una parte acabarán siendo reconocidos, y además con una demora que puede alargarse más de un año. «Hemos notado un incremento muy elevado, sobre todo de personas que llegan desde Sudamérica, de países que están en situaciones muy convulsas. Lo primero que tienen que saber es que no es una vía para regularizar. Hay que tener motivos reales», comenta Isabel Iturrieta, responsable de inmigración de Cáritas en Tarragona.
Ella expone algunos requisitos: «Tienes que demostrar que hay un riesgo, una amenaza real y concreta, que estás siendo perseguido por ser periodista, un dirigente sindical, por tu condición sexual. No sirve que haya un clima de violencia o la delincuencia común. Cuando el fin de la extorsión no es político y es meramente delincuencial no sirve».
Redouane Ennajy, traductor e intérprete afincado en Tarragona, conoce bien estos procesos: «Ha habido un aumento muy grande. Tienes que justificar que estás perseguido mediante denuncias o algún documento judicial. Muchos procedimientos se niegan, por ejemplo, de marroquíes o argelinos».
Es decir, no es lo mismo una inmigración por razones económicas –también en cotas de récord– que un asilo. El propio Ministerio de Interior habla de los solicitantes como aquellas personas con «temor fundado a ser perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual».
«Salir a la calle era un conflicto»
El relato del propio colombiano es un ejemplo canónico de esa persecución en auge: «Me amenazaron, me mostraron armas, salir a la calle era un conflicto. Cuando mataron al que era novio de mi hija me empezaron a perseguir a mí. Todo eso tiene una denuncia verbal y personal, tengo pruebas».
Ahora está por ver que, oficialmente, el Estado le acabe reconociendo como refugiado.
Un total de 5.183 personas pidieron amparo político en Tarragona, incluyendo ahí a los ucranianos que recibieron la protección temporal por la guerra
Su hija y el novio de ella hacían activismo político. De ahí surgieron los problemas que le han hecho tener que dejarlo todo atrás. «Mi hija tenía un hijo, mi nieto, que se quedó allí con la abuela del chico al que mataron. No puedo volver porque sería correr muchos riesgos, ya he sufrido varios atentados con armas de fuego. Lo vendí todo, mi coche, mi moto, una parte de mi empresa, para reunir dinero y poder irme».
Recuerda con especial apuro uno de los ataques: «Llegué a mi casa con el coche, aparqué y entré. Al rato salgo y me hicieron los disparos, me metí rápido para dentro, cerré la puerta y llamé a la policía».
En todos estos procesos para lograr el amparo hay que tener paciencia, más aún cuando el volumen de solicitudes aumenta y con la emergencia humanitaria que ha supuesto la diáspora ucraniana. «El asilo tarda muchísimo. Te dan un certificado provisional y al cabo de seis meses ya se permite trabajar», dice Ennajy. La espera definitiva incluso puede ir más allá de los dos años. «Luego están en un proceso de solicitud igualmente pero habilitados para trabajar», explica Iturrieta, que denuncia tardanzas y situaciones de colapso.
«Hay demora no solo a la hora de tener la resolución sino también en el momento de acceder a la propia cita», cuenta la responsable de Cáritas. De ahí que, en ocasiones, haya personas que se aprovechen para hacer negocio.
«Hay gente de pocos escrúpulos que se lucran de la vulnerabilidad de los que llegan. Hacen como de ‘localizadores’ o ‘facilitadores’ y les cobran por las citas. Es como una reventa y en ocasiones les llegan a pedir 300, 400 o 600 euros. Lo notamos sobre todo en el último año, cuando la saturación se ha hecho más evidente», cuenta Iturrieta.
Estado Islámico
Las guerras están detrás de muchos de estos perfiles. En 2021, hubo 13 solicitudes en Tarragona de personas que procedían de Afganistán. De Mali, un país del que el ISIS y otros grupos terroristas expulsan población, procedían ocho.
En clave estatal, en 2022 se presentaron un total de 118.842 solicitudes de protección internacional, un 81% más que el año anterior, cuando se tramitaron 65.482 solicitudes de protección. Se trata del mayor número de solicitudes presentadas en España en un mismo año, aunque son solo ligeramente superiores a los datos de 2019, antes de la pandemia, cuando fueron 118.446 las solicitudes presentadas.
Venezuela está en cabeza de todas las magnitudes en España: 45.748 peticiones y 20.580 resueltas favorablemente por razones humanitarias, debido a la situación económica y social que vive el país, todo ello según los balances de la Oficina de Asilo y Refugio, la agencia dependiente del Ministerio del Interior.
Todo ello tiene traslación en la inmigración que está llegando. En el primer semestre de 2022 el número de migraciones desde Sudamérica a Tarragona se cuadruplicó, al pasar de 793 personas a 3.547, según el INE.
