El primer trimestre de 2025 arranca con un preocupante aumento de la siniestralidad en la autopista AP-7 a su paso por Tarragona. Entre enero y marzo se han registrado 43 accidentes con víctimas, de los cuales 9 han tenido muertos o heridos graves y 6 personas han muerto, igualando ya la cifra total de fallecidos en todo el año 2023.
Este repunte se produce en un contexto de colapso estructural en la infraestructura, que desde la eliminación de los peajes en 2021 ha visto incrementos sostenidos de tráfico sin una mejora equivalente en la red viaria. En el tramo de Roda de Berà, por ejemplo, el tráfico medio diario entre enero y marzo de 2025 fue de 63.978 vehículos, muy por encima de los 50.701 de 2019. En L’Ametlla de Mar se registraron 34.410 vehículos diarios (frente a 26.579 en 2019) y en Ulldecona, 26.633 (desde los 21.439 prepandemia).
El aumento es aún más acusado en el caso de los vehículos pesados. En Roda de Berà, los camiones han pasado de 10.934 diarios en 2019 a 16.130 en este primer trimestre de 2025. En Ulldecona, de 8.040 a 11.626 y en L’Ametlla de Mar de 8.549 a 12.471.
Sin peajes pero con más peligro
Los datos consolidan una tendencia preocupante: más tráfico, más presión sobre la infraestructura y ahora también más siniestralidad. La propia administración ha reconocido esta problemática. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, admitía recientemente que «no se preparó bien la liberalización de los peajes» y señalaba una «falta de previsión clara».
En 2024, el tráfico medio diario en Roda de Berà alcanzó los 72.070 vehículos, un 42% más que en 2019. En L’Ametlla, el incremento fue del 46%, y en Ulldecona, del 42%. Pero estas porcentajes no se han traducido en una mejora proporcional de las condiciones de seguridad vial.
Ante esta situación, el Govern de la Generalitat ha anunciado recientemente una inversión de 660 millones de euros hasta 2030 para reforzar la red de carreteras catalana. La medida busca actuar en los tramos más saturados, mejorar enlaces y adaptar las vías al nuevo volumen de movilidad. Sin embargo, muchas voces críticas apuntan que esta inversión llega demasiado tarde para resolver un problema que ya se ha cronificado.
En Tarragona, las consecuencias son evidentes: retenciones constantes, colapsos en temporada alta y un repunte alarmante de la siniestralidad, que convierte a la AP-7 en un cuello de botella y, ahora también, en un punto negro para la seguridad vial.
