Primer paso para la rehabilitación de 23 edificios en la parte baja del barrio de Campclar, una zona muy deteriorada a la que quiere darse un nuevo impulso, a través de una inyección económica de 6,7 millones de euros procedente de los fondos europeos Next Generation.
Al respecto, la Agència Catalana de l’Habitatge publicaba este miércoles en la plataforma de contratación pública el anuncio para la licitación de la redacción del proyecto ejecutivo, la dirección de obra, la inspección técnica y certificación energética de los edificios. Se trata de un contrato dividido en 21 lotes, que en su conjunto hacen referencia a la mejora de 919 viviendas en toda Catalunya. De estas, 338 están en el barrio tarraconense, lo que supone el 36% del total de viviendas que la Generalitat ha incluido en este programa de Entorns Residencials de Rehabilitació Programada, que persigue la mejora de la eficiencia energética de estas viviendas.
«Que Tarragona prácticamente represente el 40% del total es un dato relevante», apuntaba la Secretària de l’Habitatge, Marina Berasategui.
Objetivo: 2026
Esta fase previa será la que acabará concretando las actuaciones que se llevarán a cabo. Sin embargo, la representante de la administración autonómica avanza que consistirá en «una intervención global del envoltorio», por tal de mejorar el aislamiento de un parque de viviendas construido hace más de cuarenta años. «Es posible que también se haga una revisión de los cerramientos dentro de las viviendas, pero esto será este proyecto ejecutivo el que nos lo acabará diciendo», añadía.
El 48% de las viviendas del barrio son de titularidad pública
En base a este proyecto ejecutivo podrá procederse a la licitación y adjudicación de las obras. Y aquí hay que tener en cuenta que al ser una inversión sujeta a los fondos europeos implica que en 2026, los trabajos deben estar finalizados. «Al final, el objetivo es que podamos cumplir con el calendario», asegura Berasategui.
En concreto, las promociones afectadas son la Francolí, también conocida como los bloques de color rosa y verde; Gaià, de color azul; y Sant Magí-Santa Tecla, en obra viva.
La zona interbloques
El proyecto mantiene un cierto grado de complejidad ya que una parte de los inmuebles son 100% gestionados desde la administración autonómica, mientras que en otros la titularidad es mixta, entre la agencia y propietarios privados. De hecho, de las 1.222 viviendas que tiene el barrio, el 48% son titularidad de este organismo de la Generalitat, lo que durante muchos años ha sido un freno para poder actuar.
Ahora, el Govern ha decidido coger las riendas. Y, al respecto, ya ha mantenido varios contactos, tanto con el actual Ayuntamiento como con el anterior equipo de gobierno, por tal de «trabajar de forma conjunta» para encontrar una solución.
«Debemos poder garantizar una calidad de vida óptima y un acceso a una vivienda digna»
«El problema está en que más allá de reformar los edificios y las viviendas, si queremos arreglar el entorno urbano del espacio interbloques, muchas de estas zonas están sujetas también a la propiedad privada», indica Berasategui. Al respecto, la voluntad es trabajar con las comunidades de propietarios para llegar a acuerdos que permitan «ceder» la titularidad a la administración local. «Esto debe permitir que puedan hacerse estas mejoras, pero previamente debemos llegar a los acuerdos para alcanzar un marco jurídico determinado que lo permita», indica. De hecho, ya hay una experiencia previa en este mismo barrio que ahora quiere replicarse.
Doble mirada
El objetivo, según Secretària de l’Habitatge, es «aprovechar el impulso inversor que nos proporcionan los Next Generation para avanzar en la regeneración del conjunto del entorno». Esto pasa por una «doble mirada» que en primer lugar abordará esta mejora urbanística de los inmuebles, a la espera de que se llegue a estos acuerdos con las comunidades de propietarios para ir más allá.
En paralelo, también se contempla que pueda establecerse un protocolo de actuaciones que «resuelva» las situaciones por «usos indebidos» en cuanto a los servicios básicos como la luz y el agua. Esta es una demanda que se ha trasladado a nivel municipal, para acabar con los reiterados problemas que se han producido en algunos bloques y que a menudo comportan una mala convivencia entre el vecindario.
Berasategui reconoce que es un parque «envejecido». Sin embargo, defiende que «debemos poder garantizar una calidad de vida óptima y un acceso a una vivienda digna». La Agència Catalana de l’Habitatge asegura que en los últimos tiempos ha invertido una suma del orden de 170.000 euros anuales en los bloques de titularidad pública.