Con la vía penal cerrada, a día de hoy la gran esperanza del Ayuntamiento de Tarragona para recuperar parte de la deuda contraida por las obras del parking Jaume I es la demanda civil presentada a finales del 2021 en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid contra las financieras de las obras: Metropolitan y a BSCH.
Hace tres años, Aparcaments Municipals de Tarragona –ahora fusionada con la EMT–, solicitó un peritaje de una ingeniería que indicaría que en el agujero de la Part Alta solo habría maquinaria aportada por las dos compañías demandadas por valor de 831.000 euros, cuando entre 2006 y 2017 Aparcaments abonó 4,9 millones. ¿La traducción de esto? que solo se habría recibido material por un valor del 16% de los pagado durante 11 años, por lo que habría 4,1 millones de euros abonados que, en cambio, no se habrían traducido en la recepción del material.
Se da la circunstancia de que durante once años se pagaron 46.000 euros mensuales (más IVA) por la entrega del material necesario. Sin embargo, estas recepciones no se habrían realizado y, pese a ello, la firma dependiente del Consistorio siguió abonando las cuotas. De hecho, la mayor parte del material que hay actualmente en el agujero correspondería al que se buscó de manera alternativa con otros proveedores y que se pagaron mediante una cuota con la entidad bancaria Dexia, en la que también se incluyó el crédito de 15 millones por la construcción del mayor desastre de la historia reciente de la ciudad.
Un informe de una ingeniería indica que en el agujero de la Part Alta solo habría material por valor de 831.000 euros cuando se habrían abonado más de 4,9 millones
Sobre todo ello, a uno le vienen a la cabeza varias preguntas que, por desgracia, todavía no tienen respuesta. ¿No se supervisaba la maquinaria que se recibía? ¿Quién tenía que hacerlo y por qué no lo hizo? ¿Por qué se pagó por un material que nunca se libró? ¿Quién firmó las facturas? ¿Quién controlaba el material con el que se contaba para que el parking funcionara? Y, lo más importante, ¿por qué no se denunció mucho antes todo esto?
Un juez lo investiga desde 2022
A raíz del informe de la ingeniería, el 2 de diciembre del 2021 se registró la demanda, que fue oficialmente aceptada a trámite el 22 de septiembre del 2022. Desde entonces, un juez investiga si existieron o no los posibles «dobles pagos» denunciados por Aparcaments en el equipamiento fantasma situado frente al Rectorat de la URV que, recordemos, debía costar 3,9 millones de euros para ser «inteligente» pero que, tras varios años de obras, el coste se disparó hasta los 25,7 para tener el parking más «tonto» que se recuerda jamás abierto.
