El Ministerio del Interior apuesta por reforzar el control de las fronteras frente a la inmigración irregular y la criminalidad organizada y ha iniciado este año el proceso de modernización del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, proyecto que ha comenzado en el Estrecho para finalizarlo en tres años y cubrir hasta Tarragona.
El secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, ha explicado este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso que se desplegarán nuevas estaciones sensoras en determinadas zonas para detectar embarcaciones ante la evolución de los flujos migratorios y ha destacado también la intención de aumentar las capacidades de la flota marítima de la Guardia Civil.
Entre las nuevas soluciones que se pretende implementar está la Inteligencia Artificial aplicada a la detección de drogas y explosivos o la vigilancia autónoma con drones en las fronteras exteriores de la UE.
El número dos de Interior ha resaltado además la importancia de reforzar la cooperación policial internacional, especialmente con los países prioritarios de África y América Latina, con los socios europeos y con Ucrania y Moldavia; y de mantener el despliegue de efectivos y medios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en los países de origen y tránsito migratorio.
Según ha explicado, tanto para la modernización del SIVE como para las operaciones de cooperación policial, España contará con financiación de la UE, como frontera exterior de la misma.
Combatientes retornados y vigilancia aeroportuaria
El secretario de Estado ha reconocido la preocupación ante la actividad que pueden desarrollar personas que han retornado a España tras participar en conflictos en el extranjero -como Ucrania, Siria o la franja de Gaza- en distintos bandos.
Representan una peligrosidad latente, asume Interior, y cuentan además con experiencia y adiestramiento militar probada en el campo de batalla, además de tener habitualmente vínculos con extremismos violentos.
Al margen de esta cuestión, Pérez ha hecho un balance positivo de la entrada en vigor del Registro de nombres de pasajeros para la prevención del terrorismo y otros delitos graves y de la creación de la Oficina Nacional de Información de Pasajeros.
Recibe datos de más de 300 compañías aéreas -más del 92 % del total de pasajeros de entrada, salida o escala en nuestro país- y durante el año 2023 chequeó a más de 197 millones de personas. De ellas, 162.232 generaron alerta y se tramitaron 7.877 intercambios de información con otras unidades de información de pasajeros o con Europol, aunque no todas ellas concluyeron que eran una amenaza o riesgo para la seguridad.