Los narcotraficantes no utilizan Infojobs. Sus estrategias son variopintas y, evidentemente, más laberínticas, aunque, aun así, siguen dejando un rastro que los cuerpos policiales se encargan de seguir. Una planificación que va desde la captación a través de redes sociales hasta el tejido de complicidades en el territorio y la posterior seducción –o bien imposición–, ya sea en la zona de origen de la banda –en muchos casos, países del este de Europa– o en la de acción –como puede ser Tarragona–.
«Muchas de estas personas colaboradoras nunca han tenido relación alguna con organizaciones criminales; no obstante, hay grupos que igual plantan marihuana, necesitan determinados conocimientos en ingeniería o electricidad y pagan a una persona que tenga una actividad lícita y regulada un importe mayúsculo por colaborar y ayudar a montar una instalación», comenta el jefe de la Unitat d’Investigació del Àrea Bàsica Policial (ABP) del Tarragonès, el subinspector Marc Bayón, quien añade que «esto puede hacer que estos colaboradores se vean cada vez más tentados porque les sale a cuenta».
Los objetivos van desde personas con conocimientos en ingeniería hasta posibles propietarios de varios inmuebles, que los traficantes pueden necesitar para cultivar: «Imaginemos una persona que gestiona una cartera de viviendas, que ve que le pagan por encima del precio de mercado, en efectivo, a un año vista, y que además le piden los mismos pisos, de las mismas características y en la misma zona; la persona cada vez dependerá más de la organización a nivel económico», confirma Bayón.
Marihuana: régimen de clausura
En materia de marihuana, el modus operandi que han detectado los cuerpos policiales confirma que algunos países del este –como Albania, Serbia o Kosovo– que actúan en Tarragona tienen a personas sobre el terreno controlando las plantaciones. Personas que han sido captadas, en su mayoría, en el país de origen, y que vienen en régimen de clausura, es decir, cerradas en el inmueble en el que está la droga.
A estos colaboradores se les explica cuáles son sus funciones: si deberán ser simples ‘jardineros’, que son los que custodian el material, o si tienen alguna tarea añadida encomendada. «Se les comunica qué actividad deben hacer, cómo deben cuidar la plantación, cuáles son las pautas y directrices que deben seguir para conseguir la máxima producción».
En un período de seis meses, esas personas retornan a su país de origen. Seis meses que pasan en la demarcación, pero que en muchos casos son totalmente invisibles, pues no salen del espacio en el que están recluidas, no tienen contacto con nadie y tampoco antecedentes penales ni ningún tipo de arraigo al territorio.
«Muchos de los colaboradores nunca han tenido relación alguna con bandas criminales», Marc Bayón, jefe de la Unitat d’Investigació de la ABP del Tarragonès
En palabras del subinspector, «por lo tanto, se garantiza un hermetismo absoluto y una seguridad de que no haya filtraciones». Es más, este tipo de grupos criminales cuentan con todo tipo de garantías de tener abogados y defensas de primer nivel, que en muchas ocasiones encuentran una brecha legal para impedir que estas personas sean introducidas en prisión.
«Son organizaciones muy endogámicas, muy herméticas, y que precisamente buscan eso, que no haya ningún tipo de posibilidad de que los cuerpos policiales podamos escalar más allá de los ‘jardineros’», manifiesta Bayón.
Normalmente, en las plantaciones se encuentran un par de individuos y, pese a que no hay cifras objetivas sobre lo que cobran, pueden irse hasta los 10.000 euros en medio año
Normalmente, en las plantaciones se encuentran un par de individuos y, pese a que no hay cifras objetivas sobre lo que cobran, pueden irse hasta los 10.000 euros en medio año: «Se les devuelve a su país pasado ese tiempo y, posiblemente, vivan mucho mejor de lo que lo hubieran hecho con sus trabajos convencionales», asume Bayón.
También destaca que las cantidades pueden fluctuar porque hay diversos grados dentro de una misma organización y no es lo mismo un ‘jardinero’ al uso que una persona con conocimientos logísticos o en otros ámbitos.
«Hay personas cuya primera detención se produce con diecisiete o dieciocho años y luego se las va arrestando de forma recurrente», Héctor Muñoz, jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona
Hachís: colaboración autóctona
En cuanto al hachís, si bien la ruta en su totalidad la dirigen organizaciones alejadas del país, siempre se ha requerido de una complicidad autóctona para, por ejemplo, controlar la cala en la que se desembarca, las personas que colaborarían e incluso las ‘guarderías’, que es como se le llama al espacio en el que se guarda la droga antes de transportarla.
En las narcolanchas que vienen desde Marruecos, lugar de producción, van entre dos y tres o como mucho cuatro personas, que incluyen al piloto y algún reserva o mecánico. Un piloto normal cobra sobre unos 30.000 o 40.000 euros por viaje, mientras que alguno más experimentado puede llegar hasta los 60.000 y 80.000, ya que hay determinados conductores de lanchas que son conocidos en el mundo de la droga y cuyo caché es mayor.
El Delta de l’Ebre, zona relacionada con el tráfico de hachís, es uno de los puntos en los que esa colaboración autóctona se ha ‘normalizado’ más
La captación
El Delta de l’Ebre, zona relacionada con el tráfico de hachís, es uno de los puntos en los que esa colaboración autóctona se ha ‘normalizado’ más: «Sí que lo hemos detectado, ya no sé si porque las personas ven que no tienen más opciones o porque el resto de opciones que tienen no les atraen tanto, ya que ofrecen 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y hasta en ocasiones 5.000 euros por una labor sencilla como puede ser prestar un vehículo, vigilar si viene la policía...».
Lo expone el jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, Héctor Muñoz. «Hay personas cuya primera detención se produce con diecisiete o dieciocho años y luego se las va arrestando de forma recurrente», añade.
«Son organizaciones muy endogámicas, muy herméticas, y que buscan que no escalemos», Marc Bayón, jefe de la Unitat d’Investigació de la ABP del Tarragonès
Bayón pone el ejemplo de las muertes de la mafia marsellesa en Salou, en enero de este año: «Este tipo de clanes tienen zonas en las que ejercen un control social muy potente y en el que hay una red social que hace que personas de una edad muy joven puedan ver una oportunidad en el narcotráfico por tener buenos coches, dinero, o idolatrar a este tipo de figuras». Es algo similar a lo que pasa en la mafia italiana.
De hecho, Muñoz destaca que «se detiene a personas como líderes de grandes organizaciones y resulta que hace veinte años se las estaba deteniendo porque transportaban fardos de hachís en la playa».