En abril de 2016 el Consell Comarcal del Tarragonès aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos una declaración institucional para iniciar la constitución de la Anella Verda Gaià-Francolí. La propuesta la impulsó el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec) y preveía una reserva presupuestaria para que el año siguiente pudieran cubrirse las necesidades para realizar los estudios de delimitación del ámbito territorial, diagnosis y actuaciones de gestión derivadas.
La iniciativa siguió adelante tras el intenso debate previo que se vivió en la ciudad de Tarragona, con la redacción del POUM. Finalmente, el plan general incluyó una protección para esta corona verde, que debía ser la base a partir de la cual tenía que extenderse este cinturón natural, pasando de un proyecto municipal a otro de mayor envergadura, de carácter comarcal. Toni Bara, biólogo y miembro del Gepec, fue uno de los principales instigadores que en su momento apostó por la Anella Verda. En los últimos meses ha trabajado intensamente para recordar que aquel proyecto se quedó a medias. La Anella Francolí-Gaià no pasó de la declaración de intenciones de los partidos que la apoyaron en 2016 y asegura que ha llegado el momento de «enhebrar la aguja» para empezar a trabajar en esta dirección.
Las propuestas han quedado recogidas en el documento ‘L’oblit de l’Anella Verda Gaià-Francolí’, un amplio documento que suscribe la plataforma SOS Costa Daurada y que ahora van a dar a conocer entre los Ayuntamientos para que pueda reactivarse. «No quiere ser una fuente de reproches sino que plantea los retos y ofrece propuestas y soluciones en positivo, para que podamos ponernos a trabajar», indica Bara.
La iniciativa afecta a los municipios de Tarragona, Els Pallaresos, Perafort, La Secuita-Argilaga, Renau, Vespella de Gaià, La Nou de Gaià, Salomó, El Catllar, La Riera de Gaià-Ardenya y Altafulla. La superficie y los límites de esta gran zona natural son uno de los aspectos que deberían concretarse en esta nueva fase. No obstante, estamos hablando de un extenso territorio que conforma un mosaico agro-forestal, con antiguas zonas de cultivo, bosques de pino blanco y viejas masías con un valor histórico, en su mayoría abandonadas.
En esta hoja de ruta se habla de que uno de los primeros aspectos que debería concretarse es la creación de un organismo mancomunado o consorcio para unificar criterios. «Debe haber una unidad consensuada y unificada entre las diferentes poblaciones, de forma que todos los ayuntamientos determinen un modelo de gestión en el que se hable de si podrá haber huertos solares o aerogeneradores», indica este biólogo. A partir de este trabajo conjunto debería salir un plan de usos de todos aquellos aspectos fundamentales, como la gestión forestal, la recuperación de flora y fauna autóctona y la potenciación de actividades tradicionales.
Pero, ¿cuál debe ser el modelo de protección? Las opciones son múltiples, con sus ventajas e inconvenientes. «Un parque natural sería muy ambicioso y muchos ayuntamientos se asustarían. Además, son mecanismos de protección cuyo objetivo es atraer a la gente y aquí creemos que lo que nos interesa es desarrollar una infraestructura verde que promueva que la gente que vive en estos pueblos tenga una calidad de vida», indica Bara. Este es más partidario de figuras como la de Paratge Natural d’Interès, como el Bosc de Poblet, o de un Consorci, como el de la Serra de Llaberia.
Caminos y patrimonio
En el ámbito de la Anella Verda, la propuesta aboga por elaborar y aplicar planes de protección, la recuperación y conservación de viejos caminos y la rehabilitación de las masías catalogadas, como equipamientos socioambientales. «Tenemos identificadas hasta once masías en esta zona, como Mas d’en Sorder, de la que ahora se habla tanto. Lo que debemos plantearnos es si hay que construir una urbanización en cada una de estas para poder conservarlas o si puede hacerse un plan de choque y rehabilitarlas como equipamientos socioambientales», indica Bara.
Cuando se incluyó la Anella Verda en el plan general de Tarragona, la zona de Ponent, más próxima al Francolí, quedó fuera del ámbito de protección. Lo que se pretende ahora es recuperar este territorio que «precisa de actuaciones urgentes de cirugía urbanística para recoser ambientalmente, dignificar paisajísticamente y mejorar ecológicamente».
Una de las propuestas que se lanza es la creación de un «parque agrario» que permita poner en valor los terrenos fértiles junto al río y que sea la base de «una denominación de origen de calidad, con la Horta Gran como referente».
En uno de los apartados del documento también se habla de las «amenazas» existentes. Destaca la Platja Llarga, que sufre «una grave regresión» y que «progresivamente está desapareciendo» por la presión sobre los hábitats naturales. En este sentido, se defiende que hay que revertir algunas de las decisiones que se han tomado hasta el momento y apostar por una «naturalización de los espacios liberados».
Otra zona que es motivo de «mucha preocupación» es la Punta de la Móra y Bosc de la Marquesa a causa de la «masificación» y el riesgo de incendios. «Podría ser la joya de la corona de Tarragona: un espacio público con Mas Grimau restaurado como equipamiento socioambiental de primer orden». Y esto pasa por que el Ayuntamiento de Tarragona «adquiera la globalidad de la finca para poder gestionar el espacio natural».
Modificar el POUM
Más allá de recuperar equipamientos en desuso como la Ciutat Residencial y el Preventori de la Savinosa, también se habla de algunos de los planes urbanísticos pendientes de desarrollar como Mas d’en Sorder, la Budellera y Terres Cavades. «Hay que tener en cuenta que son grandes sectores de territorio situados cerca de la Anella Verda y que, cualquier reducción y fragmentación de estos, implicaría la pérdida de hábitat natural para determinadas especies que precisan de grandes espacios naturales para vivir».
Especialmente crítica es la valoración que se hace sobre el PP24, que prevé urbanizar los terrenos desde la Vall de l’Arrabassada a Boscos y Cala Romana. «Hay que olvidar el despropósito de construir un nuevo barrio inmenso, un proyecto arcaico sin ninguna justificación y una operación económica muy cuestionable», se argumenta.
Para acabar con estas «amenazas», Gepec defiende que «tarde o temprano deberá hacerse una revisión integral del POUM para adaptarlo a las nuevas realidades y prioridades». Una reflexión que, por otro lado, hay que hacer de forma «participativa» y «consensuada» con la ciudadanía.
Fuente de ocupación
Uno de los apartados más extensos del documento es el que hace referencia a la gestión forestal. En este sentido, considera que faltan políticas «sostenibles», «decididas» e «innovadoras» para conseguir que este «problema», el fuego, se convierta en una «oportunidad». «Los fuegos se apagan durante el invierno. Cuesta lo mismo gestionar correctamente una hectárea de bosque que una hora de vuelo en helicóptero de los bomberos», según puede leerse.
Esto pasa por hacer talas selectivas y valorizar la madera, la leña y la biomasa, de los pinos jóvenes, respetando los árboles más viejos y especies propias del encinar y la maquia. «Administrado de forma eficaz y eficiente estamos ante una importante fuente de ocupación, de energía y económica», apunta.
La gestión forestal es vista como una oportunidad siempre y cuando se inviertan los recursos necesarios que deben permitir la creación de empresas y cooperativas que puedan hacerse cargo de los trabajos y que pueden ser «fácilmente autosostenibles económicamente a través de la venta del producto resultante». Una de las iniciativas que se pone de ejemplo es el modelo del proyecto Life Montserrat.