El plan parcial 43, que comprende la recuperación de Mas d’en Sorder y la construcción de una urbanización de 236 viviendas junto al campo de golf Costa Dorada, está ahora mismo parado y con un futuro incierto. Esto ha hecho que el consejo de administración de la sociedad Mas Maneguet haya acordado encargar a los servicios jurídicos de la compañía que inicien los trámites para proceder a la reclamación patrimonial atendiendo a los «daños» y «perjuicios» que las diferentes resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento han causado a la sociedad. Así lo confirma el CEO de la compañía, Marc Miquel Vidal, quien por el momento no avanza una cifra ya que asegura que «se está cuantificando» la suma que será objeto de reclamación.
Los promotores deberán estudiar detenidamente la inversión realizada en cuanto a la redacción de los proyectos y las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años en el campo de golf. Una cifra que en un determinado momento se situó en cuatro o cinco millones de euros, sin que la empresa lo haya confirmado.
Mas Maneguet ha dado este nuevo paso después de que la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el POUM de 2013 ha cambiado el curso de las medidas, que en un primer momento se habían adoptado. Estas vinieron motivadas por la votación del pleno del 23 de mayo que –con los votos a favor del Equipo de Gobierno, Junts per Tarragona y la CUP– acordó una suspensión de licencias. Estos cuatro partidos acordaron llevar a cabo una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal para estudiar si podría revisarse o eliminarse este sector.
Mientras en la Plaça de la Font tenían lugar las primeras conversaciones, Mas Maneguet interpuso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo. «Nuestros juristas entendieron que el acuerdo por parte del Ayuntamiento era arbitrario y tomado a partir de una desviación de poder», indica la empresa. Con la nulidad del POUM se desestimará esta opción. Asimismo, la compañía asegura que «estamos a la espera de qué resuelve el Ayuntamiento y la Generalitat en relación con las normas urbanísticas transitorias».
Mas d’en Sorder deberá esperar. Las normas tan solo permitirán seguir adelante con los planes parciales ubicados en suelo urbano. En cambio, todos aquellos sectores que estaban catalogados como urbanizables pasarán a ser no urbanizables. Así es que este proyecto, que en su conjunto suponía una inyección económica de cien millones de euros, deberá permanecer en el cajón hasta ver cómo lo resuelve el nuevo POUM, que, por otro lado, estará condicionado por el futuro plan director de Sòls No Sostenibles.
También está en la misma situación el plan parcial 24, conocido popularmente como el de la Budellera. En este caso, la suspensión del POUM se producía escasas semanas después de que la Junta de Compensació de Propietaris presentara al Ayuntamiento la última versión del proyecto. «Toca esperar que salgan las normas y que el nuevo POUM se apruebe con rapidez para saber el qué», indicaba el presidente de la junta, José Luis García. Este promotor inmobiliario es partidario de no tirar el trabajo por la borda y aprovechar el plan suspendido, que costó trece años en aprobarse. «Lo más lógico es que se resuelva lo de la CLH, que es lo que se impugnó, y que todo lo demás se mantenga», indicaba García.
El Govern de la Generalitat quiere revisar el sector de La Budellera, que afecta una superficie de 133 hectáreas de terreno, en las que se prevé la construcción de 4.500 viviendas.
