Manoli Villarino y Miriam Arenas cuentan que su iniciativa nace «de la unión y la fuerza de dos madres que lamentablemente hemos tenido que vivir la pesadilla de que nuestras hijas hayan sido abusadas». Ambas acaban de fundar Afasit (Asociación familias abusos sexuales infantiles Tarragona), la primera entidad de sus características de la demarcación.
La entidad llega cargada de objetivos, pero si tienen que decidirse por uno es que las familias que formen parte de la entidad «no se sientan solas ni pienses que es algo que solo les pasa a ellas». Lo dicen con conocimiento de causa; hablan de un proceso que suele implicar tocar muchas puertas y sufrir mucha incomprensión.
Ellas mismas relatan que cuando se encontraron con la situación no sabían ni por donde comenzar a trabajar en la recuperación de sus hijas, con el añadido de que es un tema tabú. «Te dicen que no tienen experiencia porque no es algo que pase mucho», dice Manoli, pero recuerda que, según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco menores sufre abuso sexual. Además, en un 73% de los casos tienen lugar en el ámbito familiar.
Un ‘tsunami’ para las familias
El principal mensaje que quieren que cale en la sociedad es el de que «los niños no mienten en temas de abuso sexual». Manoli cuenta además que cuando el abusador es un familiar los niños «sienten que se hunde el barco en el que están navegando», pero hay que hacerles ver que hay que contarlo pese al tsunami que viene después.
Ambas celebran la puesta en marcha de Barnahus, un servicio especializado de la Generalitat que se puso en marcha el año pasado y que evita que los niños tengan que pasar por hospitales, comisarías y juzgados porque en un solo lugar, parecido a una casa, se hacen todas las actuaciones.
No obstante, explican, el sistema de salud apenas está preparado para tratar estos casos. Además, en lo que atañe a la salud mental, las familias suelen recurrir a psicólogos particulares, porque en la sanidad pública pasan meses entre visitas. «Los niños pasan por diferentes etapas, es un trauma muy largo que puede llegar a condicionar tu vida adulta».
Desde el punto de vista legal también relatan que la lentitud de la justicia no ayuda «y aunque un juez les condene entre apelación y apelación pasan años libres».
Relatan casos para ellas incomprensibles, como el de un padre que ha sido condenado (y ha apelado) por abusar de su hijastra de quien tiene una orden de alejamiento; algo que no le impide seguir viendo a un hermano menor.
Hasta la llegada del Barnahus, apuntan, tienen a menores víctimas que han tenido que contar su historia hasta en cinco oportunidades, desde el médico hasta el juzgado. «Imagine a una niña de trece años en un tribunal delante de una juez que le pide detalles explícitos», señalan.
«Queremos hacer fuerza para cambiar las leyes, acortando los tiempos del proceso judicial para que no se convierta en una lenta agonía para las víctimas y las familias, a la vez que intentar no caer en la revictimización de nuestros menores para demostrar su verdad», señalan.
Justo por ello han comenzado a pedir la colaboración de profesionales de diferentes ámbitos, en especial psicólogos y abogados.
Cargar con la culpa
Y aunque el objetivo principal es que sus hijos se recuperen, saben que las familias necesitan ayuda para superar sus propios traumas. «Ya tenemos bastante con cargar con las culpas, con los comentarios de: ‘a saber dónde estaba la madre que no se ha enterado’», se lamentan.
La asociación se presentará formalmente este viernes en una cena para recaudar fondos. Han elegido ese día porque el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Prevención de la Violencia y el Maltrato contra niños, niñas y adolescentes.
