Tres directivos de Iqoxe –además de la propia empresa, a título lucrativo– figuran como investigados en la pieza separada correspondiente al reactor de la planta –las otras dos son la principal (explosión) y la de la depuradora (vertidos de aguas residuales al mar sin depurar)–.
La jueza aduce que los indicios de delito contra los directivos y la empresa son suficientes como para dejar la causa lista para juicio. Se determina que la puesta en marcha del nuevo (U3100) –que tenía que sustituir uno de antiguo (U350)– no cumplió el objetivo ya que, al final, los dos funcionaron simultáneamente generando producto. Esta causa del reactor no está relacionada directamente con la explosión de la planta sino que se abrió durante la instrucción de la causa como una pieza aparte.
El viejo reactor U350 siguió funcionando
de forma clandestina durante todo el tiempo
de forma clandestina durante todo el tiempo
El documento del Juzgado de Instrucción número 1 se recuerda que a las 18.37 horas del 14 de enero de 2020 explotó el reactor U-3100 de la planta de Iqoxe de La Canonja, cuando se estaba en proceso de fabricación del producto MPEG-500 (producto altamente explosivo que se utiliza en cosmética).
Ello no era habitual ya que únicamente había sido elaborado en otras seis ocasiones anteriores. Además, se fabricaba un lote de 20,5 toneladas, una cantidad inferior a las que se habían producido hasta el momento.
Inicio del proceso
El procesado de fabricación del MPEG-500 se inició por el personal del turno de mañana. Ellos introdujeron el metanol y el catalizador en el reactor de la planta U3100 para la fabricación del producto.
Sobre las 14.30 horas se incorporó el operador del turno de tarde, quien realizó una maniobra de bypass para facilitar la entrada de óxido de etileno en el reactor. «Esta operación suponía una desactivación, al menos parcial, del sistema de seguridad del reactor, y era habitual en los procesos productivos que se realizaban en este reactor U3100».
En la misma tarde de la explosión se detectó una fuga en una de las bombas del reactor. «Al detectarse la fuga, hubo una reunión de los responsables de la planta que acordaron, no obstante, continuar el proceso de producción», asegura el auto.
Diversas modificaciones
Tras las investigaciones realizadas, recalca la jueza, «se desprende que se produjo un incremento significado de la capacidad de producción de Iqoxe en el año 2014, a cuyo efecto se iniciaron sucesivas modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental inicial de la anterior empresa, Iqa, que databa de 2012, con lo cual se produjo un sustancial aumento de la producción autorizada».
En el 2016 se solicitó y autorizó la modificación no sustancial para la construcción del reactor U3100 ( el reactor que producía el material altamente explosivo para uso cosmético), en sustitución de la unidad U350.
Pero unidad U350 (que era el objeto de la substitución) no se desmanteló en ningún momento y siguió funcionamiento durante todo el tiempo «de forma clandestina». Dicha unidad debido estar inactiva entre noviembre de 2016 y febrero de 2019. El primer lote fabricado por la nueva unidad fue el 8 de noviembre de 2016.
El 23 de enero de 2020, nueve días después de la explosión, se constituyó la comisión judicial para inspeccionar la fábrica Iqoxe. A la misma asistió un ingeniero industrial, inspector del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, el cual dejo bien patente su sorpresa la ver que la unidad U350 (que no debería estar activa) estaba en aparente estado de funcionamiento.
«Ocultó información»
Para la jueza instructora, después de analizar la documentación, se desprende que la construcción del reactor U3100 significaba dejar fuera de servicio el reactor U350, «pero no fue así, continuando en funcionamiento «las dos unidades. En 2019, la producción de esta última unidad fue de 1.371 toneladas.
En el auto se asegura que la empresa ocultó el funcionamiento de la unidad U350 a la Administración competente, en este caso la Generalitat, «ya que en ninguna de las inspecciones se pudo detectar que estaba en uso».
Los datos los aportaba la empresa, toda vez que la Administración no tiene acceso ni de forma directa ni independiente. Además, dice la jueza, «no consta solicitud al Ayuntamiento de La Canonja de la nueva puesta en marcha o funcionamiento de la unidad U350 y el tanque que pertenece a dicha unidad no constaba en ninguna licencia urbanística».
La firma de documentos
Los documentos donde se formulaban las peticiones de la modificación no sustancial para poner en marcha la unidad U3100 eran firmados por el responsable del departamento de seguridad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales de Iqoxe, Gerardo Adrio.
Se autorizó la construcción de un nuevo reactor y no se desactivó el viejo
Este participó en las tomas de decisiones, en el ámbito de sus competencias sobre incremento de producción, reducción de costes de personal, puesta en marcha la unidad U3100 y la solicitud ante la Administración de la documentación preceptiva para su construcción, así como sus puestas en marcha sin dejar de funcionar la unidad U350.
Su superior jerárquico, Juan Manuel Rodríguez y José Luis Morlanes «dieron el visto bueno al proyecto U3100 –también al posterior U3200–, y además daban las órdenes e instrucciones sobre el funcionamiento diario de la fábrica».
Los investigados
La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, considera que hay base para llevar a juicio a José Luis Morlanes –CEO de la empresa– y José Manuel Rodríguez –director de planta– al considerar que «se trataría de una conducta organizada y continuada de empresa para la que era necesaria la participación de sus máximos responsables y de la que resultaba beneficiada de modo principal la empresa Iqoxe», relata el auto de apertura de procedimiento abreviado.
A la lista de investigados se añade Gerard Adrio, directivo responsable del Departamento de Servicios Generales, jefe de Seguridad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad de Iqoxe. Tanto la Fiscalía como los investigados han presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra el auto de la jueza.
Ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial de Tarragona quien se pronuncie sobre el caso, en el sentido o no de ratificar el procesamiento de las personas investigadas en esta causa. El caso Iqoxe tiene mientras dos causas más pendientes de resolución: la propia de la explosión y la de los vertidos de aguas residuales.