Catalunya está a punto de resolver el mayor concurso público de la legislatura. Se trata del de las ambulancias, que asciende a casi 2.400 millones de euros. Cuatro veces más que el presupuesto que la Generalitat tiene previsto para la conselleria de Cultura. El contrato se divide en diez lotes, y tres de ellos pertenecen a nuestro territorio: se trata del de Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y, desde este año, también Penedès. Entre los tres lotes suman un total de 515 millones de euros. El concurso, que está previsto que se resuelva a finales de este mes, pretende cubrir el transporte sanitario, tanto el urgente como el no urgente, durante los próximos cinco años.
En los lotes de nuestra demarcación se han presentado dos empresas. Una de ellas es Ambulancias Egara, una de las grandes triunfadoras en el concurso de hace diez años –en 2015–, y que acabó haciéndose con los lotes de Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y Lleida. La empresa, quien actualmente gestiona el servicio en nuestro territorio, licita por un total de cuatro lotes. Además, Ambulancias Egara fue noticia hace unos meses, al verse implicada en la trama de corrupción política vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, conocida como el ‘caso 3%’. Pese a ello, vuelve a presentarse.
La otra empresa interesada en nuestra demarcación es la danesa Falck, quien se ha presentado a seis lotes –la más ambiciosa en este concurso–. Falck es líder mundial en transporte sanitario y entró en España el año 2012 al comprar una empresa catalana.
Ambas se disputan parte del pastel en un concurso en el que las empresas se juegan una parte muy importante de sus ingresos anuales. Tanto es así que el último concurso, el licitado en 2015, acabó en el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
A nivel de Catalunya, son doce las empresas que se han presentado para un total de 10 lotes. Para evitar la concentración empresarial, el órgano licitador, el Servei d’Emergències Mèdiques –el SEM– ha limitado a tres el número máximo de lotes por adjudicatario, y siempre que estos no sean limítrofes. De esta manera, se garantiza que haya más empresas con opciones a hacerse con un lote.
Piden mejoras
Desde el SEM aseguran que se han introducido algunas mejoras respecto al concurso de hace diez años. Como ejemplo, ahora será más importante la calidad del servicio que la oferta económica, que solo pesará un 30%. Además, otra de las novedades, es que el contrato es para cinco años y no para diez, como en 2015.
A las puertas de la adjudicación de este contrato millonario, los comités de empresa, sindicatos y trabajadores, quieren aprovechar la ocasión para reivindicar algunas mejoras, sobre todo, a nivel laboral, y para hacer peticiones concretas a la nueva empresa adjudicataria. «Lo que pedimos es que se cumpla, tanto el contrato como el convenio, cosa que en los últimos años a veces no ha pasado», explica el presidente del comité de empresa, Manuel Martín, quien añade que la mayoría del personal apostaría para que ganase el contrato Ambulancias Egara, la que en la actualidad gestiona el servicio. «Más vale malo conocido que bueno por conocer. Egara ha tenido sus más y sus menos, y seguro que hay cosas mejorables. Pero es una empresa con experiencia y, ahora, que llegue una de nueva implicaría volver a empezar», explican desde el comité.
10 años difíciles
El servicio de transporte sanitario se divide entre el urgente y el no urgente. El urgente tiene que ver con aquellos desplazamientos al hospital que requieren de urgencia, como una caída en la vía pública o un accidente de tráfico. De estas, en Tarragona hay actualmente tres a 24 horas y otras dos a 12 horas. «El servicio empezó un poco caótico, pero luego se estabilizó», explican.
No ha sido igual en el transporte sanitario no urgente. Aquel que hacen desplazamientos programados, como pueden ser pruebas diagnósticas, rehabilitación, quimioterapia o simplemente visitas a otros hospitales de fuera de la demarcación. En esta sección, la situación ha ido a peor. «El volumen de trabajo es muy alto, y no se han puesto los vehículos adicionales necesarios para hacer frente», explican desde el comité de empresa, quienes añaden que «de forma diaria, hay algún servicio que se queda sin hacer». Lo que significa que algún paciente se queda sin operarse y pierde la visita o la prueba diagnóstica.
Además, la carga emocional de los trabajadores también acaba perjudicando su salud mental. «Cuando llegamos tarde a algún servicio, el paciente nos mete la bronca a nosotros, sin tener ninguna culpa», dice un técnico de ambulancias.
A nivel de condiciones laborales, también hay agravios comparativos. «Sí que es verdad que cobran lo mismo, los del urgente y los del no urgente. Pero los últimos tienen más complicaciones a nivel de horarios y de turnos. Nos gustaría que se igualasen las condiciones», defienden desde el comité.
El principal problema es el mal estado en el que se encuentran las ambulancias. «Los vehículos están agonizando, la mayoría llevan funcionando desde 2015. Son muchos kilómetros detrás. Si el concurso no se resuelve pronto, estas ambulancias llegarán al final de su vida útil», añaden los trabajadores.
Otras de las quejas, que se han denunciado ante inspección de trabajo en varias ocasiones, es que la empresa concesionaria no distingue entre los servicios privados y los públicos, según aseguran desde el comité.
Pese a todo ello, trabajadores y sindicatos coinciden en asegurar que la tensión con la empresa se ha rebajado en los últimos años. «Entendemos que no se pondrán duros a las puertas del nuevo concurso», añaden desde el comité, quienes piden a la administración que se avance en la adjudicación. «Nos da miedo que la cosa se alargue y no tengamos empresa concesionaria hasta el año que viene», aseguran fuentes de los trabajadores. La previsión es que el concurso se resuelva a finales de este mes y que la nueva compañía pueda empezar a operar después de verano del año que viene.
Para el comité, también es muy importante que la empresa que gane el lote del Penedès se comprometa a garantizar las condiciones de los trabajadores que hasta ahora pertenecían al lote del Camp de Tarragona.
Una de las empresas adjudicatarias, investigada por un caso de corrupción
Una de las empresas que opta a hacerse con los lotes de nuestra demarcación, Ambulancias Egara –quien actualmente gestiona el servicio–, está siendo investigada por la adjudicación de tres lotes en el concurso del año 2015. El caso tendría relación con la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, y estaría vinculado al ‘caso 3%’.
Este mes de noviembre es clave para este investigación, ya que ha tenido lugar la declaración de nuevos testigos e imputados.
El juez investiga si se permitió la entrada en Egara de David Madí, a cambio de que la empresa resultara adjudicataria de contratos de la Generalitat, como por ejemplo, los referentes al servicio de transporte sanitario.
Esta pieza parte del ‘caso 3%’, en el que se investigó la presunta financiación de CDC a través de las fundaciones del partido.
