Las cámaras de videovigilancia de la Part Alta y los lectores de matrículas en las urbanizaciones de Llevant serán una realidad antes de acabar este año. Así lo confirma la concejala de Seguretat Ciutadana del Ayuntamiento de Tarragona, Cristina Guzmán, quien el pasado jueves se recorrió todo el casco antiguo para concretar en qué calles y edificios deben colocarse los dispositivos. De esta manera, Guzmán da respuesta a una histórica reivindicación vecinal y opta por las cámaras como herramienta para reducir los hechos delictivos. Cabe recordar que, hace unos meses, la Part Alta centraba todos los focos por las constantes peleas multitudinarias a plena luz del día. El ambiente se ha relajado un poco en los últimos meses, pese que la noche del pasado viernes se volvió a vivir una reyerta en la terraza de un bar de la Plaça de la Font.
El proyecto de las cámaras de videovigilancia de la Part Alta se divide en dos fases. La primera corresponde a la colocación de estos dispositivos vigilando el perímetro del Palau Municipal. Uno de los objetivos es que no se repita, por ejemplo, el episodio de pintadas en la puerta del Ayuntamiento, como ya ocurrió hace un tiempo. Para instalar estas nueve cámaras ha sido necesario un modificativo de crédito y el coste ha sido de 9.000 euros aproximadamente. En la actualidad, estos dispositivos solo pueden apuntar al Ayuntamiento, aunque se prevé que en las próximas semanas se puedan cambiar de dirección, lo que permitirá tener controladas todas las calles adyacentes de la Plaça de la Font, como Salines, Rera Sant Domènech o Rambla Vella.
Para la segunda fase –también prevista para este año–, hay disponibles 150.000 euros. Esta cantidad se consiguió a través del último modificativo de crédito. En esta fase se incluye la instalación de entre 15 y 20 cámaras más, repartidas en los puntos más conflictivos de la Part Alta y, además, la Guàrdia Urbana estudia hacerse con un grabador potente, que permitirá concentrar todas las grabaciones y facilitar la tarea de la policía en caso de necesitar resolver un delito. «Este aparato tendrá un software tan avanzado que, cuando le pidamos que nos busque todas las mujeres de 50 años con jersey rojo que han pasado por una calle, las encontrará», explica Guzmán. Este grabador, que se ubicará en la comisaría de la Guàrdia Urbana, costará entre 40.000 y 50.000 euros.
Por otro lado, la instalación del resto de cámaras en el casco antiguo está más cerca que nunca. Guzmán y su equipo tienen pensado aprovechar aquellos puntos donde ya hay fibra –la mayoría por ser edificios municipales–, para colocar los dispositivos, y de esta manera evitar tener que hacer obra civil, «lo que encarecería el proyecto y retrasaría la tramitación», dice la concejala.
El pasado jueves, los técnicos recorrieron la Part Alta para determinar cuáles son las calles con más interés policial. Según Guzmán, las calles Major y Merceria, las plazas de la Font y Sedassos y el Pla de la Seu, son algunos de los puntos clave. Después de este análisis, será momento de redactar el proyecto. El presupuesto es de entre 60.000 y 70.000 euros y, antes de acabar el año, las cámaras estarán funcionando.
Fueron los mismos vecinos los que pidieron esta actuación para poner punto final a la inseguridad en el casco antiguo. «Necesitamos proteger el patrimonio, el comercio, los turistas que visitan el núcleo histórico y las personas que viven en él. Creemos que las cámaras es la medida más fácil para hacerlo», explica Sergi Carrillo, presidente de la Associació de Veïns del Carrer Merceria i Voltants-Part Alta, quien pide de manera expresa que haya dispositivos en las principales entradas al casco antiguo, como son el Portal del Roser y de Sant Antoni, y la Plaça de la Font.
Por su parte, la concejala de Seguretat Ciutadana ve las cámaras de videovigilancia como «una herramienta más, que tienen un efecto disuasivo importante y consiguen desplazar el delito y, además, permite a las unidades de investigación resolver más rápido los hechos delictivos».
Y en Llevant
Los lectores de matrículas en los accesos de las urbanizaciones de Llevant es una de las cuentas pendientes del gobierno de Ricomà. El proyecto se ha demorado más de lo previsto por no haber incorporado en el contrato el mantenimiento de los aparatos. La tramitación se encuentra ahora en la fase final, después de que las empresas interesadas hayan presentado sus propuestas. La adjudicataria tendrá cinco meses para ejecutar los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 200.000 euros.
Estos lectores también graban unos 15 o 20 segundos de imagen, suficiente para registrar la matrícula, el modelo y el color del vehículo extraño. Esta medida se lleva a cabo tras las oleadas de robos que se han detectado en estas urbanizaciones, sobre todo durante los meses de invierno, cuando algunas de las viviendas están vacías por ser segundas residencias.