La Part Baixa esperó casi una década la instalación de las cámaras de seguridad. Recuerdo que, durante años, hablé de ello en innumerables ocasiones con el difunto José Ruiz, histórico líder vecinal y referente de la zona del Port. «Esperemos que sirva para limpiar la imagen del Port», comentaba en febrero del 2007. Sí, lo han leído bien: ¡en febrero del 2007!
Fue entonces, hace más de 17 años, cuando el gobierno de Joan Miquel Nadal (CiU) con el PP anunció la apuesta por la videovigilancia, esto sí, con la oposición del PSC, ERC e ICV. En ese momento, aún con la efervescencia del ocio nocturno en el Port Esportiu, los vecinos se quejaban del incivismo que sufrían sus calles las noches del jueves, del viernes y del sábado, con la afluencia de 10.000 personas. «Se rompen espejos de coches, vomitan en los portales, destrozan árboles y lanzan piedras a las farolas», lamentaba Ruiz, quien aplaudía la iniciativa para «acabar con la inseguridad».
Pese a ello, la instalación de la videovigilancia no fue un camino de rosas. Por varias razones: debía pedirse permiso al Tribunal Superior de Justícia (TSJC), la antigua comisaría de la Guàrdia Urbana no estaba preparada para tener una sala de control de las imágenes y, además, la crisis económica frenó la capacidad inversora municipal.
El 10% de las denuncias
Ya en 2011 Ruiz exigía que la puesta en marcha de las cámaras «sea una prioridad», ya que pese a que entonces la intensidad de las noches de marcha en el Port ya había bajado, «la sensación de inseguridad no ha disminuido», recalcaba entonces la asociación de vecinos. De hecho, hace 13 años, los datos de la Policía local ya indicaban que un 10% de las denuncias que recibía eran procedentes de la zona cercana a la Part Baixa.
El primer anuncio fue en 2007, pero las 24 cámaras en 15 calles no se instalaron hasta 2016. Ocho años después, sin embargo, la sensación de inseguridad se ha disparado
Cuanto más tiempo pasaba, pues, más necesarias parecían las cámaras, hasta el punto de que su instalación ya contaba con el beneplácito de socialistas y Esquerra. Pese a ello, la Ley de Murphy dice que si alguna puede salir mal, saldrá mal... y en 2014 se anunció que debía reiniciarse toda el proceso porque los trámites iniciados años antes habían caducado.
Finalmente, en 2016 –nueve años después del primer anuncio– se inició la instalación de la videovigilancia: 24 aparatos en 15 calles. De esta manera, el Port se convertía en el barrio pionero de Tarragona en tener cámaras. El objetivo estaba claro: «esperamos que ayuden a incrementar la sensación de seguridad y tengan un efecto disuasorio en los hechos conflictivos», indicaba el entonces edil de Seguretat Ciutadana, Pau Pérez.
Casi una década después, sin embargo, la imagen de inseguridad está por las nubes. ¿Y ahora qué? El Port necesita soluciones estructurales y no anuncios vacíos de contenido.