La sentencia del Supremo sobre el Procés permite un segundo nivel de lectura más allá de los hechos, las pruebas y las condenas. Las 493 páginas del texto destilan algunos dardos que afectan también a ciudadanos de Tarragona. Uno de ellos lo lanza el juez Manuel Marchena y el resto de magistrados contra Jaume Mestre, de Riudoms, que declaró en el juicio en calidad de testigo, como responsable, en su día, de difusión institucional de la Generalitat. Marchena le tuvo que recordar su obligación de responder y lo sucedido alrededor de su declaración también ha quedado plasmado en la resolución judicial.
En la sentencia, y para contestar las quejas de las defensas sobre el supuesto trato diferenciado entre testigos, los jueces subrayan que «toda la declaración del señor Mestre es un continuo ‘no sé nada, no me acuerdo». El texto emitido la semana pasada por el Supremo incide en la reincidencia de Mestre. «Una vez advertido por la presidencia de que el delito de falso testimonio se comete, según precisa el artículo 461 del Código Penal, no solo faltando a la verdad, sino también alterándola con inexactitudes y reticencias o silenciando hechos relevantes que fueren conocidos, volvió a aferrarse a su desmemoria».
Recalcan los jueces: «Hasta tal punto fue visible su deseo de eludir las preguntas que formuladas, que la defensa del señor Junqueras sugirió la necesidad de que se tuviera en cuenta que algunas de las respuestas podían perjudicarle en un hipotético status de imputado por los hechos sobre los que estaba declarando».
Esta situación va más allá de la pura crítica reflejada en la sentencia del Procés, ya que ahora el tribunal debe decidir aún si imputa a Jaume Mestre por un delito contra la administración de justicia. Así lo refleja el texto: «La Sala deberá decidir sobre la deducción de testimonio reclamada en relación a este testigo por la posible comisión de un delito contra la administración de justicia». Los jueces apuntan que ese proceso «se hará en resolución aparte y en conjunción con las demás peticiones similares que realizaron distintas partes durante el plenario».
En la sentencia, la declaración de Mestre se vincula con la de pesos pesados del Gobierno de España de entonces como el expresidente Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o Juan Ignacio Zoido. Los abogados de la defensa denunciaron «una actitud permisiva por parte de la Sala respecto de sus olvidos o falta de explicación», protesta que el tribunal echa por tierra en el fallo: «Una vez más, se construye una pretendida vulneración del principio de igualdad de armas sin indicar en qué respuesta cualquiera de esos testigos eludió el deber legal de decir la verdad y de no alterarla con inexactitudes o reticencias y, sobre todo, qué influencia ha podido tener ese hecho en la valoración probatoria».
La comparecencia de Mestre no pasó desapercibida en su momento en la celebración del juicio. El fiscal Jaime Moreno concluyó reclamando al tribunal que se le investigara por falso testimonio.
