Marin Eugen Sabau, el «pistolero de Tarragona» que disparó el pasado 14 de diciembre contra tres compañeros de la empresa Securitas, falleció ayer al mediodía tras recibir la polémica eutanasia que, pese a las críticas recibidas por parte de las víctimas, ha sido avalada a lo largo de las últimas semanas por la juez de instrucción, la Audiencia Provincial, la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
De esta forma, 252 días después del trágico suceso en la Plaça del Prim de Tarragona – que continuó con el disparo en la T-11 contra un agente y que finalizó con la neutralización en una masía de Riudoms tras un tiroteo con la policía autonómica–, se cierra la vía penal de un caso en el que, por primera vez, se ha contrapuesto el derecho fundamental a la dignidad del agresor frente a la tutela judicial efectiva de las víctimas, decantándose todas las instancias judiciales en favor del primero pese a la oposición del sindicato de los Mossos d’Esquadra y de los heridos.
Por ello, tras «cumplir con todos los requisitos», Eugen Sabau recibió ayer al mediodía la eutanasia acompañado de sus familiares, certificándose su muerte a las 18.30 horas en el módulo penitenciario del Consorci Sanitari de Terrassa, donde cumplía prisión provisional. Según la Agència Catalana de Notícies (ACN), es probable que en los próximos días se haga pública una carta que el ya fallecido habría dejado escrita. Su abogado, Gerard Amigó, destacó ayer en RAC1 que «se ha hecho justicia» porque «la ley de la Eutanasia es muy taxativa y clara». Asimismo, el letrado avanzó que la familia estudia reclamar responsabilidades a los Mossos d’Esquadra. «La detención fue totalmente desproporcionada, nos planteamos iniciar otro proceso judicial», indicó Amigó, quien recalcó que «siempre se ha dicho que Eugen estaba encerrado en una masía, y esto no es verdad. Lo abatieron en medio de un descampado, él intentó comunicarse con la policía», aseguró ayer el representante legal de Sabau.
Aval jurídico
El posicionamiento sobre la eutanasia expresada por el letrado del exvigilante de seguridad es compartido por la mayoría de juristas consultados por el Diari. «Es independiente que la persona sea libre, procesada o esté sujeta a un proceso penal, en esta confrontación prevalece que la persona no sufra de manera inútil, como dicen los informes médicos», indica el abogado Cèsar Puig, quien recuerda que «el derecho penal no es venganza ni propugna aquello del ojo por ojo y diente por diente».
Por su parte, el letrado Pere Lluís Huguet ve complicado que, tras el archivo de la causa penal, tenga incluso recorrido la civil. «Para ello, los herederos deberían aceptar la herencia», indica. Pese a ello, sí que ve viable que los agentes de los Mossos puedan recibir una indemnización de la Generalitat por «responsabilidad patrimonial de la administración por el mal funcionamiento del servicio público».
El experto penalista Ramon Setó avala el posicionamiento de los organismos judiciales. «Creo que el debate entre derechos se ha resuelto de manera satisfactoria. En una sociedad avanzada debe priorizarse la vida», resalta. Finalmente, el letrado Alejandro Caballero recuerda que «la función de la prisión es la reinserción social, pero si con las graves lesiones que tiene él quiere morir... ¿qué posibilidad de reinserción puede haber?», se pregunta.
Críticas de los heridos
De manera diametralmente diferente se expresaban ayer los representantes de los Mossos y de los heridos. «El estado de Derecho en España es, a partir de hoy, un poco más débil. No se puede garantizar por la Justicia que todo autor de un delito violento responda por sus hechos ante un Tribunal», aseguró ayer la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) en un comunicado de prensa en el que añadía que «mantenemos la demanda interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haberse garantizado el derecho de las víctimas a un juicio justo».
Asimismo, el sindicato reiteró que «en nombre de los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra afectados, iniciaríamos la reclamación en vía administrativa de las lesiones sufridas en acto de servicio». En este sentido, el abogado que representa a los agentes heridos, José Antonio Bitos, abrió la puerta en una entrevista en RAC1 a solicitar al Estado español una indemnización de 60.000 euros «por la vulneración de un derecho fundamental com es el de la tutela judicial efectiva».
Finalmente, otro letrado de una de las víctimas –Rubén Viñuales– también se mostraba decepcionado con la resolución del caso. «La muerte extingue la responsabilidad criminal. No habrá ningún proceso penal contra el autor. Y al no haber juicio no hay justicia, ningún tipo de procedimiento en el que se pueda determinar, por ejemplo, si esa persona está arrepentida o donde explique las motivaciones. Quizás para mucha gente esto sea irrelevante, pero para las víctimas la justicia restaurativa es muy relevante», indicó el abogado en declaraciones a Televisió de Catalunya.