La morosidad se cierne sobre las comunidades de vecinos a raíz de la inflación. Los primeros impagos ya se han registrado en algunos vecindarios, según cuentan los administradores de fincas, que creen que el problema va a ir a más en los próximos meses.
La escalada de la energía pero también el incremento del resto de suministros y servicios ya está generando dificultades. «Es una situación complicada para algunas comunidades. El incremento de la luz ya ha provocado problemas de liquidez, que se han ido subsanando pero con las últimas subidas han vuelto a aparecer», explica Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.
El representante del gremio cifra algunas subidas de recibos en más del 40%, lo que «ha generado facturas de luz impagadas y situaciones en las que tenemos que renegociar los pagos, porque las compañías son más duras». Calefacciones comunitarias, por ejemplo, han visto dispararse las tarifas, suponiendo un quebradero de cabeza para los gestores de edificios y los propios inquilinos. «Una factura de 130 euros que podía ser lo normal ha subido hasta los 220, así que son aumentos que hay que solventar con subidas en algunas comunidades. O incrementas la cuota o reduces los servicios», añade Huguet.
«Lo que más ha afectado es la subida de la luz», reconoce Ángel Bernal, administrador en Reus y vocal del Col·legi. Bernal dice que «es un incremento que afecta a todos los vecinos» y difícilmente se puede reducir: «El ascensor, por ejemplo, es algo que utilizas cada día. Todo eso va generando desajustes. Si en lugar de pagar 1.000 al año ahora has gastado 1.800, al final tienes que regularizar la cuota a cada uno de los propietarios, y siempre hay quien va más justo».
Renegociar y cuotas extras
Como ya pasó a raíz de la Gran Recesión, lo que primero se dejó de abonar es la comunidad, antes que los propios gastos de la vivienda o el alquiler. «Lo primero que se deja de pagar es siempre la comunidad, antes que la luz de casa. Y eso hace que se incremente la morosidad. Cada comunidad es distinta. Muchos administradores funcionan con gasto real y entonces, si vas más justo, tienes que reajustar cuotas. Entonces renegocias y puede aparecer una cuota extra, porque con el dinero que tenías previsto inicialmente no has podido cubrir», cuenta Bernal.
Son escenarios previsibles, en un contexto en el que el IPC ha subido un 10,5% en Tarragona en el último año, un absoluto récord. Pero aún son más abultados los aumentos, según los registros del INE, de algunos productos: la factura eléctrica se ha encarecido un 84,2% en la provincia y los suministros como el agua, el gas u otros combustibles se han disparado un 38,4%, todo ello en el plazo de un año. «Se ha notado una incidencia clara y los presupuestos inevitablemente tienen que subir, porque todo se incrementa, desde los seguros comunitarios, a la limpieza, el mantenimiento de ascensores, la luz, los salarios de los conserjes o porteros», explica Ana Bozalongo, administradora de fincas en Tarragona, asesora jurídica y vicepresidenta del Col·legi.
«No puedes parar un ascensor»
La intensísima vorágine de los precios, inflamada aún más en los dos últimos meses tras la invasión de Rusia a Ucrania, no da tregua. «Hicimos una subida de un 6,5% que ya ha quedado desfasada. Tenemos que adecuar las cuotas para cuadrar los presupuestos. Y lo que sucede es que como son presupuestos muy ajustados, en el momento en que alguien te falla, ya no cubres, con lo cual acabas en negativo», explica Bozalongo.
La coyuntura, claro está, genera enfado y descontento entre los vecinos, porque son costes en los que resulta muy difícil recortar. «No puedes paralizar un ascensor, ni quitar el servicio de limpieza, ni cancelar una piscina, todo eso es inviable», indica Ana Bozalongo.
Más bien sucede al contrario. Hay necesidad de acometer obras y poner al día el mantenimiento, con labores que se han ido postergando en estos dos años de pandemia. El alza de precios puede dificultar esos trabajos. «Obras que han quedado suspendidas o aplazadas en este tiempo se hacen ahora», cuenta Bozalongo, que no esconde su preocupación: «Veremos un incremento de la morosidad que siempre ha existido pero hasta ahora estaba contenida. Todo se encarece, las cuotas suben y los sueldos de las personas continúan siendo los mismos».
La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona nota una tendencia incipiente de impagos, acaso un preludio de eventuales coyunturas más graves. Esos pagos pendientes se constatan a nivel comunitario pero también en los propios alquileres de vivienda. «No es una morosidad alarmante, al menos por ahora, pero la inflación está tensando la cuerda, de forma que la renta disponible de las familias es cada vez más pequeña. Las facturas de la luz son cada vez más importantes. Toda esa repercusión en la cesta de la compra hace que la renta para afrontar el alquiler y las cuotas comunitarias se reduzca», indica Héctor Ruana, gerente de la Cambra.
Un tope para mitigar los efectos
Los problemas no proceden tanto de que ese IPC repercuta directamente en el contrato del inquilino, sino por toda la espiral alcista de precios. «No es que haya un incremento de las rentas a pagar por las cláusulas de revisión del IPC que hacen que no se pueda asumir, sino que es una consecuencia de la situación económica actual, sobre todo en aquellos casos en los que hay una cierta vulnerabilidad. Ahí sí ya vemos dificultades para pagar».
Todo eso sucede pese a que el Gobierno ha puesto un incremento tope del 2% en el alquiler, como medida provisional hasta junio. «Eso va a mitigar los efectos de la inflación. Hay que tener en cuenta que muchos contratos todavía no se han revisado y el año pasado no existía tanto el problema», indica Ruana.
Ajustar servicios
El responsable del ente tarraconense es crítico con estas limitaciones: «La medida va en la línea de las políticas de los últimos años, que lesionan de una forma desequilibrada los intereses de los propietarios. El mercado de alquiler debería regularse de forma libre, porque la oferta y la demanda determinan los precios. Si se interviene en el mercado, se incide en minoraciones de precios y siempre es en contra de los dueños». Ruana apuesta «por políticas de vivienda como invertir en un parque público importante que resolviese estos problemas», en lugar de que «los propietarios asuman los costes de una forma unilateral, que no es justa».
La Cambra de la Propietat Urbana apunta a un «incremento de los presupuestos de las comunidades por la incidencia de la energía», lo que obliga a hacer esfuerzos para poder cuadrar las cuentas. «En algunos casos nos obliga a ser más eficientes con otras partidas de los presupuestos», explica Ruana, que apunta a la posibilidad de que haya afectaciones en el vecindario: «Tenemos que renegociar, por ejemplo en cuestiones como la limpieza o los seguros y al final si aprietas mucho sí que puede redundar en la cuestión de los servicios, por ejemplo, a la hora de establecer una periodicidad».