La entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015, bautizada por sus detractores como ‘Ley Mordaza’, ha disparado los expedientes sancionadores en la provincia, tanto los iniciados como los resueltos, según las sucesivas memorias de la conselleria de Interior.
Buena parte de esas infracciones se reflejan en el apartado de ‘otros’, que excluye otros dos grandes campos de actuación de la ley: la tenencia de drogas y las infracciones ligadas a explosivos.
Ese apartado –no se desglosan los expedientes según los diferentes artículos de la ley– incluye infracciones como falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, altercados, desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad, desprecio y falta de respeto a los agentes, obstrucción a la autoridad, negativa a identificarse o la negativa de acceso a la función inspectora.
De los 60 expedientes resueltos en la provincia en 2015 se pasó a los 411 en 2016, el primer año completo con la nueva legislación en vigor. Así, el balance se multiplica por siete y los incrementos son muy acentuados tanto en el Camp de Tarragona como en las Terres de l’Ebre.
El aumento también es muy significativo en los expedientes iniciados por las fuerzas de seguridad en la provincia: de 77 a 878, lo que arroja una media aproximada de dos asuntos diarios al día vinculados a la controvertida ley, según el balance de 2016, el último disponible. La tendencia se dispara en todas las regiones policiales. En el cómputo global de Catalunya se pasó de 826 expedientes iniciados a 4.711 en sólo un año de diferencia.
Cuantía triplicada
Mucho más detallados son los datos provinciales que ofrece el Ministerio del Interior, si bien resultan parciales en las comunidades que, como Catalunya, tienen las competencias de seguridad transferidas porque corresponden únicamente a los expedientes tramitados por la Administración Central del Estado. Según ese balance, las sanciones de 2015 a 2016 pasaron de 27 a 67 en la provincia. La cuantía recaudada también se disparó, en concreto de los 17.170 a los 42.250 euros.
La Ley Mordaza, aprobada en marzo de 2015 –acaba de cumplir tres años– y que entró en vigor en julio de ese año, es un articulado que incluye 44 conductas, divididas entre muy graves, graves o leves, que pueden ser sancionadas con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros.
Dentro de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana hay un artículo que destaca por encima del resto en cuanto a controversia y rechazo social. Se trata del 37.4. Castiga como «falta leve» –multas de 100 a 600 euros– las «faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal».
Los últimos datos oficiales del Gobierno revelan que cada vez más las fuerzas de seguridad están haciendo uso de este artículo. En una respuesta remitida al senador de Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso el Diari, el Ejecutivo informa de que, desde julio de 2015 a finales de agosto del pasado año (últimos datos disponibles), se tramitaron un total de 46.168 multas por el desprecio a los agentes. O sea, más de 58 denuncias al días.
El polémico artículo 37.4
En Tarragona los registros son bajos: sólo siete denuncias desde que se pusiera en marcha la ley. Entre julio y diciembre de 2015 hubo dos. En 2016 hubo cuatro y entre enero y agosto de 2017 se registró solamente una.
En Catalunya la cifra en ese mismo tiempo asciende a 35 denuncias, aunque de nuevo hay que tener en cuenta que este balance es sólo de competencias estatales y no incluye la actividad registrada en Catalunya, por ejemplo, por los Mossos.
El polémico artículo 37.4, muy probablemente, desaparecerá de la norma aprobada en su día por la mayoría absoluta del PP en la reforma en la que está trabajando ya el Congreso. Casi toda la oposición pide la desaparición directa de este precepto en el trámite de enmiendas abierto en el Congreso por considerarlo «arbitrario».
La legislación de marras, que ha generado numerosas movilizaciones y protestas en la calle, se impulsó para tratar de ganar en seguridad, pese a que organizaciones de derechos humanos como la propia Amnistía Internacional, de profesionales como Reporteros Sin Fronteras o de juristas como Jueces para la Democracia la rechazan por «excesiva», «contraria a las libertades», «escasamente democrática» o «limitante de derechos esenciales». En general, la queja es contra una norma que considera delitos lo que antes se amparaba en la libertad de expresión. Hasta el Defensor del Pueblo y la ONU se han quejado de las penas excesivas que contempla.
