Tras más de cuatro años de investigación, el juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona está a punto de cerrar el círculo de su análisis sobre las causas de la explosión en Iqoxe que el 14 de enero del 2020 provocó la muerte de tres personas, una de las cuales se encontraba en su domicilio del barrio de Torreforta, a 2,5 kilómetros de la fábrica.
Debido a la «complejidad» del caso, la juez ordenó la instrucción en tres piezas, al «haberse recabado indicios de hechos independientes» que resultan «relevantes» para el «esclarecimiento» de lo que ocurrió hace ya 1.599 días. Estas son la explosión (que es la principal); los posibles vertidos al mar; y la puesta en marcha del reactor.
20 millones de fianza
La pieza principal de la investigación judicial es la indagación sobre los motivos que provocaron la explosión del reactor U3100 cuando producía el material que estalló: MPEG500. Sobre esta parte, que vertebra el esqueleto del caso, la jueza Sofía Beltrán Miralles cerró su instrucción hace un año apuntando a la cúpula directiva de la empresa y la propia compañía, achacándoles la comisión de tres posibles delitos: Imprudencia grave; Estragos; y atentado contra los derechos de los trabajadores.
Así lo dictaba la magistrada en un auto del 14 de junio del 2023, en el que alertaba que la explosión «podría haber provocado un efecto dominó», con el riesgo de haber causado «una catástrofe por las sustancias peligrosas almacenadas en las empresas químicas». La jueza, además, solicitó una fianza de 20 millones de euros para los investigados.
La jueza ordenó la intrucción en tres patas: la principal (que analiza las causas de la explosión); los posibles vertidos al mar sin depurar; y la puesta en marcha del reactor
Sobre la pieza principal, el Ayuntamiento pide 25 años de cárcel para la cúpula directiva investigada: el CEO en el momento del accidente, José Luis Morlanes; el responsable de Seguridad, Gerard Adrio; y el director de planta en 2020, J.M. Rodríguez Prats, además de sanciones valoradas en 358.000 euros y la petición que Iqoxe indemnice al Consistorio con 48.000 euros por daños en escuelas e instalaciones municipales por la explosión.
Vertidos: cinco investigados
Por lo que se refiere a la primera pieza separada, la de los presuntos vertidos de aguas residuales al mar sin depurar, la magistrada ha decidido enviar a juicio a cinco directivos y a la empresa por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, a Morlanes, Rodríguez Prats y Adrio se les suman dos investigados más: uno de los responsables del laboratorio, Manuel Montoro, así como el responsable de tecnología, César Sanz, según dictaminó la magistrada este pasado mes de marzo.
Ahora, a las puertas de verano, llega la tercera y última resolución: el auto que deja la pieza del reactor a punto para ir a los tribunales, apuntando a los mismos directivos de la pieza principal. Con ello, pues, la jueza sostiene que hay indicios para llevar a juicio todas las piezas investigadas, en un macrojuicio que no será antes del 2026.