La resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic deja clara la exclusión de la ganadora del concurso, GBI Paprec, pero genera dudas sobre su aplicación práctica. Ayer, tras ser notificadas al mediodía, todas las partes implicadas en el caso estaban «estudiando» jurídicamente el texto con una gran duda: ¿deberá adjudicarse ahora a la segunda clasificada –Urbaser– o se apostará por iniciar una nueva licitación, que sería la cuarta en menos de dos años?
El Diari preguntó la opinión al Ayuntamiento de Tarragona, GBI Paprec, Urbaser y FCC, pero todos protagonistas de la licitación indicaron lo mismo: es todavía demasiado pronto para valorar una situación inédita y con consecuencias imprevisibles para el mayor contrato municipal.
¿Vía administrativa y judicial?
En todo caso, el laberinto jurídico-administrativo que se abre ahora puede tener aún un largo recorrido por delante. En caso de que los altos funcionarios municipales –responsables del concurso público– apuesten por dar el contrato a la segunda –Urbaser– lo más seguro sería que FCC –tercera clasificada– presentara un recurso ante el tribunal administrativo, lo que de entrada paralizaría la formalización de la adjudicación durante varios meses.
Paralelamente, una posibilidad para nada descartable que ahora tiene GBI Paprec es intentar impugnar la resolución del tribunal administrativo con un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Según las fuentes consultadas, el alto tribunal catalán podría tardar entre dos y tres años en dictar sentencia, paralizando seguramente el proceso.
¿Volver a la casilla de salida?
Por contra, si los servicios jurídicos municipales apuestan por reiniciar el proceso administrativa, esto supondría volver a la casilla de salida y situarse al inicio de un proceso que, tranquilamente, podría alargarse, como mínimo, hasta el final de este mandato, en 2027.
¿Por qué? Ante un pliego de condiciones que ha sido inviable para poder culminar el proceso, lo más probable es que deba empezarse de nuevo por la actualización de la estructura de costes y pasar a las condiciones económicas, que ahora son muy diferentes a las de hace dos años, en pleno período inflacionista.
Posteriormente, debería abordarse la actualización del pliego técnico, decidir si lo realizan los técnicos municipales o se externaliza y, ya con este documento sobre la mesa, afrontar la posterior negociación política para avalar el texto en el Saló de Plens.
Una vez superada todo esta fase, que no sería inferior a un año, llegaría el momento de licitar el contrato, esperar que este no quede desierto ni se presenten recursos y, finalmente, adjudicar y afrontar las posibles alegaciones, en un calendario que, con toda probabilidad, se alargaría, siendo optimistas, durante más de otro año.
¿Y mientras tanto? Pues Tarragona seguiría gestionando un contrato firmado el año 2002, insuficiente para dar las garantías de calidad en la limpieza que necesita la ciudad. Como dice la Ley de Murphy, si una cosa puede ir mal, irá mal. Y más si se trata del contrato de la basura de Tarragona, que ahora entra en la dimensión desconocida.
