Primer gran choque del mandato entre la Generalitat de Catalunya y el nuevo gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona. Según ha podido saber el Diari, el Departament del Territori del Govern notificó el pasado 26 de julio al consistorio que debe «cesar voluntariamente en el plazo de diez días» la conducta «abusiva» de la playa del Miracle, donde la administración local habilitó el pasado 10 de julio «sin autorización» una zona para perros de 220 metros lineales, desde la punta más cercana al Fortí de la Reina hasta la pasarela de hormigón ubicada sobre la arena.
En el escrito que la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral envió al consistorio tarraconense –que lo recibió, sin embargo, desde el Ayuntamiento de Vilassar de Mar porque el Govern lo hizo llegar por error al Ayuntamiento de la localidad del Maresme– se informaba a la corporación de la Plaça de la Font de que la «actividad» de playa para perros «no está incluida en la solicitud de servicios de la temporada 2023», por lo que insta a Tarragona a «corregir los incumplimientos» que se detallan en un informe fotográfico realizado el 11 de julio que acompaña la resolución.
Fuentes del Departament de Territori añaden a este periódico que, de momento, «no se ha abierto ningún expediente sancionador», sino que se trata de un aviso «que debe cumplirse antes del 11 de agosto». Desde la Conselleria liderada por Ester Capella (ERC) se asegura, además, que la inspección realizada por dos técnicos autonómicos «no se debe a ningún denuncia», sino que fue «tras tener conocimiento por los medios de comunicación».
TGN: «Es una deslealtad»
La notificación de la Generalitat ha provocado un profundo malestar en el ejecutivo socialista de la Plaça de la Font, que ayer presentó unas contundentes alegaciones contra una comunicación que considera que es «un menosprecio y una deslealtad» que genera «indefensión» al consistorio. «Nos piden que hagamos algo por lo que no tienen competencia», lamenta Ramos.
En la respuesta que el ejecutivo tarraconense ha hecho llegar a la Generalitat se cuestiona tanto la forma como el fondo de la notificación. Lo primero, «porque la comunicación la enviaron a Vilassar de Mar; no está firmada por nadie que tenga competencia para ello ni se define que se haya producido ninguna delegación de competencias para ello; y no citan ninguna normativa», lamenta la concejal de Benestar Animal, Sandra Ramos (PSC).
De hecho, en la alegación realizada por los servicios jurídicos municipales se recalca que «la comunicación es defectuosa» porque «tampoco se cita ningún acuerdo ni órgano que la haya dictado», por lo que indica que «no tiene consideración jurídica» y «debe tenerse por no efectuada ante todos los déficits descritos». «En el primer curso de Derecho se enseña todo esto», recalcaba ayer en tono de mofa la edil Sandra Ramos.
«No es una playa de perros»
Sin embargo, cuestiones de forma aparte, el cuerpo de la argumentación municipal se centra en el fondo de la cuestión, que es que «no es una playa para perros, sino un espacio habilitado para ellos», según pone de manifiesto la tercera teniente de alcalde, quien detalla que «en 2021, el anterior gobierno solicitó el uso de la playa para perros por un plazo de cuatro años, pero en 2022 –al no haber arena– no solo suspendieron el uso, sino que además renunciaron a la actividad».
Por ello, y teniendo en cuenta de que las elecciones municipales fueron el 28 de mayo y que el nuevo ejecutivo no tomó posesión hasta el 17 de junio, Ramos explica que «este año optamos por aplicar nuestra ordenanza, en virtud de nuestras competencias, sin pedir ninguna actividad ni instalar nada», por lo que afirma claramente que «no hemos incumplido nada. ¿Qué quieren que quitemos?», se pregunta. Y es que, a diferencia de 2021, este verano la única acción que se ha llevado a cabo ha sido la de señalizar la zona de 220 metros lineales con carteles en los que se recuerda que es obligatorio que los perros estén atados; que hay que recoger las deposiciones; y que los propietarios son responsables legales de cualquier daño que se pudiera ocasiones a otros animales.
En esta línea se expresa el escrito de alegaciones presentado ayer por parte del consistorio, que es muy crítico con el posicionamiento de los técnicos de Territori. «En años anteriores el Ayuntamiento ejecutó instalaciones, creando una playa específica para perros, pero en este caso no se prevé nada», indica el escrito municipal, que reitera que «no hay actividad ni necesidad de una autorización temporal ni limitada porque no se han puesto vallas ni otros elementos auxiliares».
«¿Y la megafonía o los carteles?»
Por todo ello, desde el consistorio se remarca que lo que ha hecho la administración de la Plaça de la Font ha sido «ejercer plenamente las competencias municipales reguladas en las propias ordenanzas», ya que la presencia de animales «es una simple autorización, no una actividad ni, mucho menos, una instalación». En este sentido, el Ayuntamiento defiende que se trata de una «competencia totalmente conforme con las ordenanzas municipales» y que defender lo contrario «sería lo mismo que si la Generalitat, por ejemplo, ordenara al Ayuntamiento a retirar los carteles que avisan cuando se trata de una playa nudista, que suprimiera la megafonía existente en las playas o que no facilitaran ceniceros a los usuarios de las playas que fumen».
Por otra parte, desde Tarragona también se pone en duda la Guia d’Usos pels Serveis de Temporada de 2023 aprobada por la Generalitat de Catalunya. «Esta guía, que es informativa y no normativa, remite a la normativa municipal en lo referente a las playas para perros», se indica en el escrito que el Ayuntamiento ya ha presentado ante la corporación autonómica y que todo parece indicar que, sea cual sea su suerte, alargará el proceso hasta el final de la temporada alta de verano.