La Generalitat de Catalunya ha interpuesto en los últimos años un total de 235 sanciones contra propietarios de pisos turísticos ilegales de la Costa Daurada. Así lo asegura al Diari el director General de Turisme, Octavi Bono, quien afirma que, desde 2013, el Govern lleva a cabo una dinámica «muy intensa», tanto para frenar la actividad ilegal como para reducir las ofertas no certificadas que se ofrecen por parte de plataformas intermediarias en el territorio tarraconense. Las multas se han impuesto, principalmente, en Salou.
El alto cargo del Govern especifica que, durante los últimos cinco años, la labor inspectora de la corporación autonómica ha abierto 319 expedientes en las comarcas tarraconenses, el 73% de las cuales ha finalizado su tramitación con una multa económica, que asciende hasta los 30.000 euros. A nivel catalán, el Govern ha iniciado un total de 1.300 procedimientos desde 2013, que han comportado unos ingresos de 5,4 millones de euros para las arcas públicas.
Bono reivindica que, a lo largo del último lustro, «se han regularizado cerca del 80% de las viviendas turísticas» ilegales, siendo 106.183 la cifra de plazas existentes en el total de la provincia, una cantidad que significa el 26,4% de las 402.000 vacantes que hay en el Principat. A día de hoy, Salou tiene 4.769 pisos turísticos; Cambrils, por su parte, tiene registradas 2.241 viviendas de este tipo; Vila-seca, 847; Torredembarra, 771; Altafulla, 233; y Roda de Berà, 267.
«Evitar competencia desleal»
«Se trata de una problemática en la que se ha avanzado mucho durante los últimos años. El proceso de regularización ha sido muy positivo, más si se tiene en cuenta de que hay ciudades en las que hay situaciones de moratorias en las que no se permiten realizar nuevas altas», indica Bono, quien cita los casos de «Barcelona o Sitges» donde no está permitido registrar nuevos negocios.
El director general de Turisme de la Generalitat recalca la importancia de tramitar este tipo de certificaciones «para evitar la competencia desleal» y obligar a estos negocios a afrontar sus obligaciones tributarias, con impuestos relativos al IVA, la tasa turística o el registro de la Generalitat.
Por lo que se refiere al control e inspección de este tipo de establecimientos turísticos, Octavi Bono considera que ésta corresponde «esencialmente, a los entes locales, con dinámicas de coordinación» con el Govern.
Otra de las grandes problemáticas, a parte de la existencia de viviendas turísticas sin certificado oficial por parte de la Generalitat, es la comercialización de pisos para el alquiler de temporada que hay en plataformas intermediarias. «Desde 2015 hemos abierto un total de 146 expedientes informativos.
De estos, 95 páginas se han adaptado a los requerimientos del Govern, mientras que se han dejado inactivas doce», afirma Bono. En otros siete casos se ha instado al cese de la oferta que no cumplía con los requisitos legales.
«Poca inspección del Govern»
Por su parte, el presidente de la Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Joan Calvet, recuerda que su entidad lleva años «luchando para evitar la situación ilegal». De hecho, el máximo responsable de la entidad asegura que ésta es la gran asignatura pendiente del sector. «Con los pisos turísticos ilegales llevamos así desde hace décadas, pero no se soluciona», lamenta, a la vez que pone sobre la mesa el hecho de que se trata de un problema que afecta, en general, a todo el sector turístico de las comarcas tarraconenses.
«Es competencia desleal. Los primeros perjudicados son los apartamentos pero nos perjudica a todos. A los campings, a los hoteles... Es todo el sector. Pagamos impuestos –como el IVA o la tasa turística–, estamos haciendo las cosas bien y procuramos dar la máxima calidad», apunta mientras recuerda que «en la demarcación el sector está realizando un gran esfuerzo inversor. Tenemos los mejores campings y, los hoteles, han pasado de tres a cuatro estrellas».
Desde la asociación consideran que «si los Ayuntamientos tuvieran capacidad sancionadora» se reducirían mucho más los alquileres ilegales. «La Generalitat tiene poca capacidad de inspección, la carga de trabajo sería brutal, no hay tantos inspectores», lamenta Calvet.
La entidad cuenta, a día de hoy, con una serie de protocolos de actuación cuando detectan algún ilegal. La información se pasa a la Federació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT) o directamente al Departament de Turisme de la Generalitat para que tome las medidas correspondientes. Por todo ello, a lo largo de este 2018 la entidad ha presentado un total de 26 denuncias en la provincia contra pisos turísticos que considera que son ilegales. De éstas, nueve se han interpuesto en Salou y Cambrils, mientras que cinco son de Miami Platja, dos en Reus y una en Tarragona.
