La Fiscalía Provincial ve indicios de delito en el presunto desfalco por valor de más de 10.000 euros en la empresa municipal que gestiona Tarragona Ràdio. Según ha podido saber el Diari, el Ministerio Público ha presentado esta semana ante el juez una diligencia en la que pone de relieve la existencia de posibles irregularidades contables en la emisora pública, por lo que opta por no solicitar el archivo de la causa y, de hecho, ya la ha pasado al Juzgado de Instrucción número 6, que desde hace un año estudia la querella presentada por los responsables municipales.
La Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació (EMMCT) acusa de tres delitos a la exempleada despedida el pasado mes de junio que, presuntamente, provocó las irregularidades contables desde octubre de 2018 hasta febrero de 2020, desviando el pago de dinero de proveedores municipales a cuentas personales. Hace diez meses, la empresa despidió a la empleada por unos hechos que fueron considerados como de «muy graves» según el convenio colectivo de trabajo de la empresa, tal y como indicó en su informe el abogado laboralista que instruyó el expediente. Por ello, el consejo de administración tomó la decisión de cesar a la trabajadora, «tanto por la gravedad como por la reiteración de los hechos».
TGN Ràdio acusa de tres delitos
Según ha podido contrastar este periódico, la compañía dependiente del Ayuntamiento de Tarragona –representada legalmente por el abogado Ramón Setó–, considera que los hechos podrían constituir delitos de malversación, falsedad documental y daños informáticos.
En la querella también se aportaron las facturas que, presuntamente, habrían sido manipuladas y pagadas durante más de un año a dos cuentas corrientes que no corresponderían a la de los proveedores de Tarragona Ràdio. Se da la circunstancia de que la extrabajadora –que también denunció a la compañía local por su despido– devolvió el año pasado una parte del dinero desviado. Según las fuentes consultadas, la querella se interpuso formalmente solo contra la extrabajadora de la emisora municipal, si bien no se descarta que «durante el transcurso de la investigación pueda ampliarse», según se indicó en el texto. Lo mismo puede pasar con los presuntos delitos. Asimismo, en la querella también se relata la entrada a las oficinas de Tarragona de la noche del 27 al 28 de abril, que provocó que se eliminaran varias carpetas informáticas sobre la contabilidad de la empresa relativa a la investigación interna que se estaba llevando a cabo a raíz del descubrimiento del desfalco.
A lo largo del último año el juez de instrucción ya ha citado a varios testigos, como trabajadores de Tarragona Ràdio, varios representantes de las empresas afectadas por el desvío en el pago de las facturas, la acusada y a la propia presidenta de la firma pública, Paula Varas (ERC).