La Fiscalía de Tarragona ya ha emitido informe favorable a la petición de nueve casos en los que los procesados piden acogerse a la Ley de Amnistía. Dichos informes tienen que ser remitidos a las instancias superiores del Ministerio Público. Uno de los casos ha confirmado ya la decisión tomada inicialmente.
En una primera tanda, la Fiscalía tarraconense ya remitió a sus superiores cuatro casos. Uno de ellos procedía de los Juzgados de Tortosa y los otros tres de Tarragona, aunque alguno de ellos era de la Audiencia de Tarragona en apelación, por lo que los hechos pueden haber ocurrido en cualquier punto de la geografía tarraconense. Una segunda tanda para remitir son cinco asuntos más.
Los casos hacen referencia a delitos de daños leves, atentado a la autoridad, lesiones leves, desórdenes públicos o desobediencia a la autoridad, apuntaba al Diari la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Tarragona, María José Osuna. Todo indica que los ocho casos también recibirán la confirmación de las instancias superiores.
Hasta la fecha, diversas de personas encausadas y que pueden acogerse a la Ley de Amnistía ya lo han solicitado. Entre ellos estarían más de media docena de vecinos de La Ràpita que hicieron frente a las cargas policiales –los guardias civiles también tienen otra causa abierta–.
hacen referencia a daños o daños leves, atentado a la autoridad, desórdenes públicos o desobediencia
También cinco jóvenes imputados por desórdenes públicos durante una protesta cuando se supo la sentencia del Procés. Entre ellos estarían Joan Tortosa y Laura Solé, arrestados el 17 de octubre de 2019 y que al día siguiente ingresaron en prisión preventiva hasta el 22 de noviembre.
Las dos personas detenidas el 7 de febrero de 2021 en la plaza de la Font de la Manxa de Valls durante unas cargas policiales en una protesta contra la presencia de Vox –con su dirigente Ortega Smith al frente– también han pedido que se les aplique la amnistía.
De momento, los amnistiados que ha podido confirmar el ACN son los 46 policías nacionales investigados por lesionar votantes al 1-O en Barcelona, cuatro mossos d’esquadra pendientes de juicio por lesiones y contra la integridad moral en una manifestación independentista en Barcelona, el exconseller de Interior Miquel Buch –condenado por contratar a un mosso como asesor para hacer de escolta de Puigdemont–, este mismo escolta, la exalcaldesa de Figueres Marta Felip –pendiente de juicio para facilitar las votaciones del 1-O– y el secretario municipal de Hostalric–condenado por avalar una multa a unos ciudadanos que arrancaban lazos amarillos–. Los otros 20 amnistiados son manifestantes independentistas investigados o condenados por disturbios en diversas protestas en la ciudad de Barcelona.
La ley prevé un plazo máximo de dos meses para que se aplique a todos los afectados, pero muchos de ellos seguramente tendrán que esperar más porque algunos tribunales han decidido o prevén presentar cuestiones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
