No es solo que desde 2015 la provincia haya pasado de 524 sucursales bancarias a 261, exactamente la mitad. La desertización financiera es mayor aún si se coge perspectiva: en 2008 había 837 sucursales en la provincia, tres veces más que ahora. Cada oficina atiende a más de 3.100 ciudadanos, cuando la ratio, antes del estallido de la burbuja, era de 929.
La cuestión tampoco es que haya más de 68.000 tarraconenses sin banco en su pueblo o que seis de cada diez municipios no tengan. La exclusión no está en el mundo rural, sino en la propia ciudad, y tiene que ver con una atención presencial reducida, horarios restringidos, citas previas, cajeros automáticos poco inteligibles –o que no funcionan– o una informatización galopante, a golpe de app, que excluye a buena parte de los mayores, en una muestra más de la brecha digital.
«No hay derecho a que los bancos nos traten como animales. ¿Tan difícil es que a partir de los 65 o 70 años se garantice una atención en ventanilla? Sacar dinero del cajero no es un problema, en general, pero a partir de ahí, todo lo demás, como una transferencia, sí puede serlo. Hay muchas colas y luego cada cajero es distinto y muchos no se aclaran», indica Tomás Aparicio, presidente de la Associació de Gent Gran de Sant Pere i Sant Pau.
Confesarle el PIN a un extraño
Él dibuja una escena habitual en las inmediaciones de las oficinas. «Una señora no sabía cómo iba el cajero y me preguntó si le podía sacar yo el dinero. Claro, para hacerlo me tiene que dar el PIN. ¿Hasta qué punto te fías de alguien en la calle? Antes ibas al banco y te ofrecían vajillas, un viaje... Ahora a los mayores se nos humilla», asesta Aparicio.
Su asociación es una de las que integra en Tarragona la Plataforma per una banca digna per a la gent gran. La entidad surge a rebufo de la iniciativa exitosa de Carlos San Juan De Laorden. Este jubilado valenciano colgó en change.org la petición: «Tengo 78 años y me siento apartado por los bancos. Atención humana en las sucursales bancarias». Desde entonces, la bola se ha ido haciendo grande y hasta el Banco de España se ha puesto en contacto con él. Su denuncia es ya un clamor. «Tendremos que salir a la calle. Hay un 75% de mayores de más de 65 años que no tienen acceso a internet o que no usan tecnología. La atención ha empeorado muchísimo. La gente mayor depende del banco. Antes había un interlocutor, ahora hay una máquina que muchos no saben manejar y eso crea una angustia y no se empodera a los mayores», indica Maria Rosa Llurba, presidenta de la Associació de Dones Jubilades i Pensionistes de Tarragona.
«La atención es vergonzosa»
El reusense Alfred Maza pone un ejemplo reciente de su exclusión. «Hace poco murió un familiar y tuvimos muchos problemas para pagar el entierro. Fuimos al banco, pero por la hora tuvimos que ir al cajero y cuando íbamos a hacer la operación, como el familiar no tenía móvil, tuvimos que ir a otra oficina y una operación de 10 minutos se convirtió en tres horas. Y es solo una anécdota», cuenta Maza, secretario de organización del sindicato USITAC, a través de su Federació de Jubilats. Maza añade: «Han dejado las oficinas con un o dos trabajadores. Es una atención vergonzosa, mucha gente no se apaña con el cajero. ¿Qué pasaría si, debido al trato deshumanizado de los bancos hacia los mayores, nos uniéramos y decidiéramos cancelar nuestras cuentas?», se pregunta.
Carlos Iaquinandi, presidente del Centro Latinoamericano de Reus y miembro de la Marea Pensionista, es otra voz muy crítica: «Desde hace años, el retroceso en la atención a los clientes bancarios ha sido constante. Se ha ido perdiendo poco a poco la consulta personal. La informática facilitó la gestión empresarial de los bancos, pero se convirtió en barrera infranqueable para gran parte de la población. Hay que recordar que somos más de nueve millones de jubilados que necesariamente utilizamos esos servicios». En Tarragona hay casi 160.000 mayores de 65 años.
Es un 31% más que en 2008 (entonces había 122.000), cuando quedan la mitad de sucursales que en aquel momento, lo que muestra el agravamiento de la situación en tiempos de envejecimiento poblacional. Iaquinandi relata que «primero desaparecieron las cajas, en gran medida mucho más próximas al usuario. Más tarde la vino la concentración bancaria, y fuimos los ciudadanos quienes pagamos con dinero público las deudas de las operaciones fallidas».
Iaquinandi añade que «después quitaron las sucursales en pueblos y zonas rurales. Ahora retiran las de los barrios en las ciudades. Un proceso de bunkerización cuyo resultado está a la vista: en el año 2021, la banca española ganó un 45% más que antes de la Covid 19. Y millones de españoles –no solo los mayores– quedamos marginados en atención y posibilidades». Por eso, este representante social de Reus considera que «son urgentes leyes que limiten la impunidad bancaria y encuadren su funcionamiento como lo que son: un servicio público indispensable».
«Hay más riesgo de atracos»
Luis Trinidad, presidente de la asociación de vecinos de Sant Pere i Sant Pau, es otra de las personas que se están movilizando: «Los mayores han perdido un servicio presencial que ya no reciben. Les obligan a ir al cajero y muchos no saben usarlo». Trinidad cree que esa desatención comporta riesgos: «El 80% de personas sacan la pensión y se la llevan a casa. Si tienen que hacer esa operación en el cajero, en la calle, hay más riesgo de atraco. A eso se añaden las dificultades que tienen las personas de movilidad reducida. Vamos a luchar por recuperar ese servicio y pediremos al Ayuntamiento de Tarragona que denuncie a aquellas entidades que no lo prestan». El Vendrell estudia subir las tasas a los bancos que no atiendan presencialmente a los mayores.
Las mareas pensionistas, movilizadas desde hace tiempo para defender al colectivo, ya preparan sus adhesiones a la nueva causa. «Ya no es solo una cuestión de mayores o de gente con minusvalías. No puede ser que la banca, después de ser rescatada por la ciudadanía, nos esté quitando a todos los derechos y las condiciones», lamenta Victoria Muñiz, miembro de Pensiones con Dignidad en Tarragona.
«No vamos a pedir limosna»
La entidad prepara movilizaciones y protestas para intentar hacer fuerza. «Vamos al banco simplemente a gestionar nuestro dinero, no vamos a pedir limosnas», afirma Muñiz, muy dura con el sector financiero pero también con la administración: «Es una situación insostenible. Desde hace un tiempo la banca ha perdido la noción de servicio y solo quiere dividendos, beneficios, y todo ello con el beneplácito de los gobiernos, empezando por los ayuntamientos. ¿Cómo puede ser que en el barrio de Sant Salvador no haya una sucursal y solo un cajero?».
Manel López, tarraconense de 81 años, es un afectado. «El primer problema es llamar para pedir cita. Eso cuesta mucho, porque no cogen el teléfono», admite. «Soy presidente de una entidad y nos han bloqueado la cuenta y no podemos pagar. Lo he reclamado al banco hace días y aún no nos lo han resuelto», explica él, que habla de «la impotencia que se siente cuando tienes que entenderte con una máquina»: «Tenía una gestora y me la han cambiado sin avisar. No puede ser que los derechos de los usuarios los marque la entidad. Se lo dije al responsable de mi sucursal: ‘Prestáis un servicio público y estáis regulados’».
López recalca que «los cajeros son problemáticos, estás en la calle, mucha gente no tiene bien la vista y no puede desenvolverse, puede haber falta de luz... Es inhumano. No hay ninguna consideración con los mayores y eso que cada vez somos más».
