Los internos de las cárceles de Catalunya no pueden tener teléfonos móviles. Su posesión está prohibida y el castigo es una infracción de disciplina grave. Las razones de este veto son claras: los teléfonos móviles pueden ser usados para delinquir, comunicarse con víctimas o grabar vídeos de la prisión.
Sin embargo, la entrada de terminales sigue siendo un goteo constante que queda reflejado en las cifras que Marea Blava, la asociación de funcionarios de prisiones, ha dado a conocer con datos públicos del Departament de Justícia de Catalunya.
El informe refleja que el número de teléfonos móviles decomisados en las cárceles de Catalunya ha aumentado un 240% desde 2018. Y hasta 2024, se han incautado un total de 4.546 dispositivos, lo que representa una media de más de 1 teléfono por cada 10 internos solo en 2024.
En paralelo, se observó un estancamiento en los decomisos durante 2023 y 2024, aunque los expertos advierten que esto no implica una mejora de la seguridad, sino que plantea interrogantes sobre la cantidad real de móviles aún en manos de internos.
Los datos difundidos por Marea Blava fueron obtenidos a partir de una respuesta oficial del conseller de Justícia del Parlament de Catalunya, tras una solicitud del grupo parlamentario del PP.
¿Qué móviles entran en las cárceles?
En las prisiones de Catalunya, se han incautado dos tipos principales de teléfonos móviles introducidos de forma clandestina:
Micromóviles: Dispositivos de aproximadamente 8 centímetros, con un valor en el mercado de unos 20 euros. Dentro de la prisión, su precio puede alcanzar entre 300 y 400 euros por su alta demanda.
Smartphones: De unos 15 centímetros, permiten acceso a funciones avanzadas. En el mercado negro, su precio oscila entre 600 y 1.000 euros.
En los últimos años, ha aumentado la presencia de smartphones en las prisiones catalanas. Anteriormente dominaban los micromóviles, pero actualmente, aproximadamente el 50% de los teléfonos confiscados son smartphones.
Estos dispositivos se introducen de forma clandestina, a menudo mediante visitas o a través de redes corruptas que involucran a trabajadores penitenciarios.
